Esquerra y Junts per Catalunya chocan por el papel del ICF en el pago de la fianza del Tribunal de Cuentas

Las diferencias entre ERC y Junts per Catalunya, socios en el Ejecutivo catalán, volvieron a quedar ayer en evidencia tras anunciar por sorpresa el consejero de Economía, Jaume Giró, que la Generalitat sí avalará directamente a los ex altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas. Sólo 24 horas antes, Giró había dicho lo contrario: que el Govern descartaba el aval directo por las posibles implicaciones penales. El plan inicial de la Generalitat era que un banco pusiera el aval, pero ninguna entidad se ha prestado a colaborar, ante las dudas por el encaje jurídico de la operación.

El consejero de Economía anunció el cambio de posición durante la sesión de control al Govern, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre otro tema. El pasado martes, él mismo había asegurado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que no se haría efectivo el aval directo para no poner “en riesgo” a los trabajadores del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Ayer rectificó y dijo: “He recibido llamadas estas horas de gente del ICF que ha pedido por favor que intentemos usar esta disposición adicional, como está previsto en el decreto ley. Eso es lo que haremos”.

La rectificación se produjo después de una reunión entre el titular de Economía y el líder catalán Pere Aragonès, antes del pleno. Si bien ambas formaciones se conjuraron para encontrar el mecanismo del aval, su desencuentro sobre la fórmula impulsada por el equipo de Giró era evidente desde hace días, aunque ayer terminó por estallar. Incluso antes de ser presentada, el propio Aragonès puso el acento en varias intervenciones en lo complicado que era encontrar una fórmula para avalar con dinero público a los ex altos cargos que están siendo investigados precisamente por la supuesta malversación de dinero público en la promoción internacional del procés.

Dentro de Junts cayó especialmente mal que Presidencia hiciera público el martes cierto “malestar” por no haber sacado adelante la opción del aval directo (la que finalmente se ha adoptado). La cúpula del ICF está aún bajo el dominio de los republicanos, que en el anterior mandato capitaneaban Economía. Esa bicefalia ha llevado a enfrentamientos sobre el mecanismo y, en definitiva, el riesgo jurídico de firmar el aval a los encausados. Fuentes de ERC acusan a Junts de haber sacado adelante el texto sin cerrar los detalles. Aragonès quería anunciar él la rectificación, pero Junts se negó.