La sala de máquinas del ‘procés’: fugados, indultados o investigados

“Buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas de la República catalana”. Así saludó la periodista Mònica Terribas a la audiencia de Catalunya Ràdio la tarde del 27 de octubre de 2017. “El Parlamento ha votado. Cataluña se ha constituido en un Estado independiente y soberano, de Derecho, democrático y social en forma de república”, anunciaba solemne la estrella de la radio pública catalana hace ahora cuatro años. Terribas avanzó a los oyentes que la emisora informaría a partir de aquel momento “en la plaza Sant Jaume y por todo el país de la celebración en las calles del nacimiento de la república catalana”. Pero aquel día no hubo celebraciones en Cataluña, ni las hubo más adelante: fue todo lo contrario.

El parlamento autonómico aprobó el 27-O la frustrada declaración de independencia y las únicas sonrisas de satisfacción fueron las de los diputados de la CUP, la formación antisistema que empujó hacia la vía rupturista en la que el Gobierno de la Generalitat ya transitaba y en la que acabó inmolado política y judicialmente. Los responsables ejecutivos de aquel fracaso quedaron en un limbo de incertidumbre. La intervención de la Generalitat a partir del artículo 155 de la Constitución ya era una realidad y cada vez era más evidente que su futuro dependería de los tribunales.

Pero la CUP no fue la única que pisó el acelerador hacia el precipicio, ni tan siquiera fueron los que dieron más gas. Los designios de Cataluña sobre todo se decidían en un poder paralelo que fue bautizado como “el Estado Mayor del procés”. Una amalgama de cargos públicos, activistas sociales y empresarios del mundo independentista estrechamente vinculados al Govern que participaron de buena parte de las decisiones que llevarían a la vía rupturista.

Algunos consejeros del Gobierno del por entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se quejaron de que un poder ajeno al Ejecutivo tuviera más capacidad de decisión que ellos mismos. Este fue el caso de Jordi Baiget. Estas declaraciones en julio de 2017 en el diario El Punt Avui costaron el cese a quien fue el titular de Empresa y Conocimiento: “Una parte del Gobierno no estamos en el núcleo duro de las decisiones. Y esto genera lo que genera. ¿A mí, y a otros, se nos consulta la estrategia de lo que tenemos que hacer?”.

El núcleo duro del procés se puso en marcha en la primavera de 2017 para coordinar a los socios del Gobierno y a sus aliados de la sociedad civil en la carrera para separar a Cataluña de España. Desde el primer momento de la creación de la plataforma electoral Junts pel Sí fueron especialmente difíciles las relaciones entre Esquerra Republicana (ERC) y los partidos herederos de la desaparecida Convergència i Unió, liderados por Puigdemont. ¿Quién componía aquel Estado Mayor? Muchos libros han analizado el papel de sus protagonistas, y su testimonio ya ha sido recogido por jueces y policías. Los nombres más destacados de aquel Gobierno paralelo están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona en el caso Voloh, una causa con múltiples líneas de investigación, sobre todo centradas en el posible uso ilícito de fondos públicos Este es un resumen de quiénes eran y qué ha sido de ellos.

Carles Puigdemont

El expresidente de la Generalitat huyó a Bélgica tres días después de declararse la independencia en parlamento de Cataluña. Puigdemont preside Junts per Catalunya, es eurodiputado y reside en Bélgica para evitar ser juzgado por el Tribunal Supremo. Su objetivo, aseguró el pasado fin de semana, es volver a Cataluña “para levantar la suspensión de la declaración de independencia y hacerla efectiva”.

Oriol Junqueras

El presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat fue condenado por el Tribunal Supremo a trece años de prisión por los delitos de sedición y malversación. Fue indultado por el Gobierno el pasado junio. Junqueras continúa al frente del partido e imparte conferencias. El equipo de prensa de ERC informa de que no puede ejercer de profesor universitario porque está inhabilitado para ocupar cargos públicos.

Jordi Turull

Fue el hombre de Puigdemont en la sala de máquinas de la coalición parlamentaria. Fue consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno que organizó el referéndum ilegal del 1-O. También fue una de las voces que presionó más a Puigdemont para que tirara adelante con la declaración de independencia. Condenado en el juicio del procés, y posteriormente indultado, ejerce de abogado en un bufete de Terrassa (Barcelona), su ciudad, y es vicepresidente de Junts per Catalunya.

Marta Rovira

Fue la mano derecha de Oriol Junqueras y la líder de ERC en el grupo parlamentario de Junts pel Sí. Junto a Turull transmitían a las filas propias las instrucciones que se decidían en las reuniones del Estado mayor del procés. Sigue siendo formalmente la secretaria general de ERC aunque desarrolla el cargo desde Ginebra compartiendo funciones con Marta Vilalta, la portavoz del partido. Rovira trasladó su residencia a Suiza para evitar comparecer ante la justicia española. En Ginebra trabaja en proyectos internacionales de derechos humanos, según informa ERC.

Jordi Cuixart

El presidente de Òmnium Cultural fue uno de los principales impulsores del Estado Mayor como espacio donde organizar de forma segura el referéndum del 1-O. Cuixart estuvo ausente en los momentos decisivos previos a la declaración de independencia porque fue encarcelado el 17 de octubre por haber organizado una movilización ciudadana contra un operativo judicial. Cuixart fue condenado por sedición a nueve años de prisión. Fue indultado el pasado junio y hoy vuelve a ejercer con plena dedicación de presidente de la principal organización civil del nacionalismo catalán.

Jordi Sànchez

Fue parte del Estado mayor del procés como presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Fue encarcelado junto a Cuixart el 17 de octubre de 2017 y no estuvo presente en las reuniones decisivas que llevaron al parlamento a declarar la independencia. Fue condenado por sedición a nueve años de prisión e indultado el pasado junio. Actualmente es el secretario general de Junts per Catalunya.

Oriol Soler

Editor de profesión, próximo a ERC, actuó como coordinador del Estado mayor, responsable de su estrategia de comunicación y organizó contactos con posibles aliados del movimiento soberanista, como el que mantuvo con Julian Assange en 2017 en la embajada de Ecuador en Londres. Fue detenido en la operación Voloh. Dirige uno de los grupos editoriales más destacados de Cataluña, la cooperativa Som.

Xavier Vinyals

Otro de los investigados es Xavier Vinyals, un veterano activista independentista que preside la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, una entidad que actúa como lobby para el reconocimiento internacional de las selecciones deportivas de Cataluña. Fue cónsul honorario de Letonia, país con el que mantiene relaciones desde su independencia de la Unión Soviética. Fue apartado del cargo en 2016 por expresar desde el consulado su apoyo a la independencia de Cataluña. El periodista Oriol March, en el libro Los entresijos del procés, asegura que era asesor del Estado mayor en materia de seguridad y que era hombre de confianza de David Madí. También fue detenido en la causa Voloh.

David Madí

Antiguo lugarteniente de Artur Mas en su ascenso a la presidencia de la Generalitat, Madí tuvo un rol determinante en la constitución de este consejo en la sombra. Mas también asistió a numerosas citas del Estado Mayor. Madí participó en negociaciones clave entre los partidos independentistas, Òmnium y la ANC durante los años del procés, incluso en la elección de Puigdemont como sucesor de Mas. Madí es uno de los implicados en la causa Voloh. Desde 2018 es presidente de Aigües de Catalunya, filial de Aguas de Valencia, grupo dedicado a la gestión del ciclo del agua.

Xavier Vendrell

Como Madí, Xavier Vendrell ha ejercido su influencia fuera del escenario, con un pie en el sector público y otro en el privado, y desde las filas de ERC. Ambos tuvieron una función relevante en el impulso del Estado mayor del procés. Procedente del nacionalismo catalán más radical, el próximo a la banda terrorista Terra Lliure, fue diputado y consejero de Gobernación. Como empresario ha proyectado en los últimos años sociedades en ámbitos como la sanidad, el comercio internacional o la restauración, sociedades vinculadas a la administración pública y a viejos compañeros de política. Es uno de los principales nombres en la causa de la operación Voloh.