Junts se queda solo en defensa de la reforma del reglamento que blindaría a Borràs si es juzgada

ERC y la CUP han sepultado este lunes las pretensiones de Junts de cambiar el reglamento del Parlament para acabar con la retirada el escaño a los diputados a quienes se abra un juicio oral por delitos relacionados con la corrupción. La presidenta de la Cámara, Laura Borràs, de Junts, podría entrar en ese supuesto si finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la procesa por malversación y prevaricación. Los republicanos no han mencionado específicamente a la líder de la Cámara, pero comparten el argumento de la oposición de que la propuesta tiene un aire personalista. Junts ha evitado especificar si promoverá el cambio legislativo en solitario.

La propuesta de cambio figura en un informe que solicitó en septiembre pasado la Mesa del Parlament y que tenía como objetivo hacer una “propuesta de revisión técnica” de los artículos que plantearan “problemas de aplicación o interpretación”. Los letrados proponen ahora, según adelantó El Periódico de Catalunya, que la retirada del escaño se produzca cuando haya sentencia firme y así no entrar en ningún conflicto con la presunción de inocencia. También hacen recomendaciones sobre otros aspectos, como aclarar el alcance del voto telemático o poder hacer efectivos puntos del plan de igualdad de la Cámara que implicarían sanciones en el caso de expresiones homófobas o xenófobas de los diputados.

En esos otros ámbitos hay más consenso entre los grupos, pero todavía hace falta que alguna bancada parlamentaria tome la iniciativa en la Comisión del Reglamento, que ni siquiera se ha constituido y que precisamente preside Borràs. El portavoz de los comunes, David Cid, ha denunciado que Junts busca “disfrazar de una cuestión técnica lo que es una decisión política”. “Las reformas políticas las hacen los grupos, no la Mesa ni los letrados”, ha terciado su homóloga de ERC, Marta Vilalta.

Fuentes del entorno de Borràs insisten en que se trató de un encargo de la Mesa y descartan que estén presionando ahora en el debate, aprovechando el eco de lo que ha ocurrido en el Congreso con el ya exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez. Las supuestas irregularidades en su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes le hicieron sombra a Borràs durante toda la campaña de las pasadas elecciones catalanas. Unos correos electrónicos probarían que fraccionó contratos por casi 260.000 euros para adjudicárselos a dedo a un colaborador entre 2013 y 2017. Tras ser elegida presidenta de la Cámara autónoma, Borràs aludió a la posibilidad de hacer el cambio normativo para preservar la presunción de inocencia. Ella niega, sin embargo, que ese supuesto la cobije, pues está convencida de que la justicia le persigue por ser independentista.

La portavoz de Junts, Mònica Sales, no ha aclarado este martes si su formación intentará en solitario activar el largo trámite de la ley para finiquitar la reforma, pero se abrió a negociarla. Eso sí, ha usado los mismos argumentos que los letrados para quitar el artículo sobre la retirada del escaño. Miembros del partido estaban sorprendidos por el movimiento de la Mesa y desconocían que ya estaba listo el informe. Los estatutos de Junts, en su artículo 9, establecen que se suspenderá de militancia al afiliado a quien se le abra un juicio oral por un delito relacionado con la corrupción. Es decir, el reglamento del Parlament sería más laxo que el de la formación en ese tema.

Los republicanos y la CUP se niegan a retirar un punto que en 2017 apoyó Junts pel Sí (la coalición en que figuraba la extinta Convergència). “El artículo 25 no se toca”, ha dicho la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, que ha recordado que la restricción fue de autoría suya. ERC es más flexible y ve margen para retoques, pues hay que estudiar los conflictos con la presunción de inocencia. Vilalta ha reconocido que tiene diputados que podrían resultar afectados, como el presidente del grupo, Josep Maria Llové, o el diputado Lluís Salvador. Ambos están a la espera de saber si se les juzga por malversación el causa que investiga la organización del referéndum ilegal del 1-O.