Vientos de fronda contra Ada Colau

Las élites de la ciudad de Barcelona se han cansado de Ada Colau. En realidad nunca les había gustado una alcaldesa que tiene a gala la defensa de los sans-culottes. Y ahora que el procés afloja se han decidido a buscar una alternativa de orden para echar a la edil del Guinardó. En Barcelona soplan vientos de fronda. No son del calado de los que tuvo que afrontar el cardenal Mazarino, pero a escala pacífica y local enfrenta a nuestros domésticos grandes de Francia con el poder municipal.

La fronda tomó cuerpo el pasado jueves en la manifestación convocada en la plaza de Sant Jaume por la plataforma Barcelona es imparable. Y ciertamente era un ejemplo de derecha transversal, superadora de las divisiones del procés: el líder del movimiento y la movilización, Gerard Esteva —que en 2017 engrasaba a las federaciones deportivas catalanas para el advenimiento de la independencia— protestaba codo con codo con el concejal de Ciutadans Paco Sierra por “la suciedad, el caos y la inseguridad” que, a su juicio, se ha enseñoreado de Barcelona. También el anticomunismo cubano expresaba su disgusto con tanto desorden y denunciaba la connivencia de Colau con el régimen caribeño. En esa explosión de ecumenismo, la estelada negra con la cruz de Santa Eulàlia compartía la plaza con un portador de la roja y gualda, aportando la insólita alianza dinástica entre Austrias y Borbones. Y cerca de los oradores del acto, más banderas: las del sindicato CSIF, que considera Barcelona una “ciudad sin ley” y pide la dimisión de Ada Colau y del teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, por “terrorismo urbano”.

La manifestación del jueves es un ejemplo de derecha transversal superadora de las divisiones del procés

Para completar el cuadro de fronda no faltaban representantes del pueblo llano, de la mano de las asociaciones agrupadas en el llamado Tsunami veïnal. Los bocinazos, pitidos y consignas apenas debían ser audibles desde la cercana sede de Foment del Treball, organización patronal de la que forma parte Gerard Esteva, y que probablemente comparte los objetivos de la concentración y el buen gusto de sus impulsores por repartir entre los manifestantes no en cualquier papel sino en cartulinas satinadas de colores las consignas que pedían que Colau se fuera.

En esa alianza tan heterogénea contra la “Barcelona del no” faltaba al menos orgánicamente Junts per Catalunya. Pero lo cierto es que el azar colocó a la formación de Carles Puigdemont en el centro de la polémica, pues al clicar el mail de información de la web de la plataforma Barcelona es imparable se contactaba con Junts per Catalunya de Olot, lo que tras trascender fue calificado por todas las partes como un error e incluso se procedió a un tan rectificador como inútil borrado de huellas en internet.

En la recta final de su segundo mandato, Ada Colau se enfrenta a una oposición que procede más de fuera del Ayuntamiento que de dentro. La alcaldesa ha aprendido de los errores de primer mandato y su ejecutivo de coalición se ha manejado bien ante la fragmentación de grupos municipales. Pero su política —a veces por falta de comunicación, mano izquierda o por puro choque de intereses— ha topado con un colectivo añorante de los tiempos en que Barcelona abría un hotel cada semana y se podía llegar en coche hasta la puerta del negocio. Entre sus prioridades grupales no figuran ni evitar desahucios —Barcelona es la única administración catalana que lo hace desde 2016, ha parado alrededor de 10.000 y busca alternativas habitacionales—, ni asesorar y mediar sobre cortes de suministros básicos —luz, agua y gas— como hacen los Puntos Asesoramiento Energético. Sí critican la inseguridad ciudadana, reivindicación en la que se ven respaldados por el 14% de la ciudadanía, que lo considera el principal problema, cifra que en 2019 era casi del 30%. También denuncian la suciedad, a pesar de que Barcelona lidera el gasto per cápita de las ciudades españolas en limpieza diaria con 105,75 euros por habitante y que el 80% de los ciudadanos creen que es producto más del incivismo que de la falta de limpieza.

Su política ha topado con un colectivo añorante de los tiempos en que Barcelona abría un hotel cada semana y se podía llegar en coche hasta la puerta del negocio

Respecto al nuevo urbanismo, todo es opinable. Siempre se trata de un asunto de ensayo y error. Y llegamos a uno de los meollos de la cuestión: la circulación en vehículo privado. Las exigencias medioambientales las comparten todas las grandes ciudades. Quizás algunos ven con buenos ojos la caída del paradigma de Madrid Central —“puro comunismo”, según el PP— que con el alcalde popular Martínez Almeida ha pasado a llamarse Distrito Centro. Se mantienen todas las restricciones anteriores por miedo a las sanciones de Europa. Ahora, sin embargo, se permite el acceso de los coches particulares de los propietarios de comercios, aunque carezcan de distintivo medioambiental. El cambio más sustancial es que Manuela Carmena ya no es alcaldesa.