Las cocinas fantasma de Barcelona, sin normativa a medio año de que acabe la suspensión de licencias

Barcelona paralizó el pasado marzo —gracias a la suspensión temporal de concesiones y licencias de establecimientos de platos preparados con obrador y cocinas industriales— la apertura de las llamadas cocinas fantasma, que preparan platos a domicilio. Locales con decenas de cocinas donde se prepara la comida que recogen repartidores. El modelo de negocio no gusta al Consistorio y asusta a los vecinos de estas instalaciones, que vaticinan una convivencia con ruidos, olores y el trajín de repartidores las 24 horas. La suspensión solo dura un año y el equipo de gobierno prepara una nueva normativa de la que nada saben ni vecinos ni partidos de la oposición. “Estamos aterrorizados porque el 25 de marzo podrían abrir las cocinas y no sabemos absolutamente nada”, lamenta Lydia Leiva una de las vecinas.

La alarma saltó a principios de año cuando los vecinos de la calle Felipe de Paz del barrio de las Corts descubrieron que una nave de 1.400 metros cuadrados se estaba acondicionando para albergar 40 cocinas. Saltaron las alarmas y los vecinos se pusieron en contacto con el Consistorio. Los técnicos del Ayuntamiento revisaron los expedientes y pudieron paralizar la obra amparándose en que los promotores se habían excedido en la edificabilidad. “Estuvimos a cinco días de que se pusiera en funcionamiento. Hoy esa nave está perfectamente equipada para comenzar a cocinar”, remarca Leiva.

Fuentes del sector defienden que con pocas macrococinas de este tipo repartidas por la capital catalana se abastecería, con repartidores (conocidos como riders), gran parte de los pedidos de comida a domicilio en Barcelona. A finales de febrero, los vecinos del 202 de la calle Puigcerdà en el distrito de Sant Martí, comenzaron a ver como decenas de operarios accedían a una antigua carpintería cerrada. Fueron precisamente los obreros los que desayunando en un bar cercano confesaron que estaban construyendo una cocina fantasma. El vecindario se movilizó. “Nos plantábamos todos en la calle, daba igual que fuéramos jóvenes o ancianos, pero no les dejábamos trabajar y hacíamos caceroladas continuamente”, recuerda Verónica Soto, también vecina de la calle.

Ambos proyectos están parados por la suspensión, que acaba en marzo. El Ayuntamiento aseguró ayer a EL PAÍS que sigue analizando estas actividades antes de regularla y defendió la suspensión para no crear “descontrol”.