Los fondos europeos dan aire a Aragonès para negociar los Presupuestos

Los fondos procedentes de la Unión Europea serán los mayores aliados de Pere Aragonès en la negociación para elaborar los Presupuestos de la Generalitat de 2022. Serán un balón de oxígeno añadido en las cuentas, que contarán con unos 1.600 millones de euros más que las últimas aprobadas, lo que elevará el techo de gasto de la Administración autonómica hasta los 29.326 millones de euros. Es una cifra nunca vista antes y mayor margen de reparto para la oposición, especialmente la CUP, interlocutor prioritario del Ejecutivo.

De momento no hay evidencias de que las conversaciones con la CUP hayan fructificado --fuentes del Departamento de Economía y Finanzas señalan que continúan-- y el tiempo ya se come al Govern. Si no aprueba en semanas el anteproyecto de ley, no dará suficiente tiempo al Parlament para hacer toda la tramitación, por lo que será necesario iniciar el ejercicio con prórroga presupuestaria, un año más. De momento se mantiene la intención de llevar los presupuestos al Ejecutivo durante la segunda quincena de este mes.

Este martes el Govern ha aprobado el techo de gasto no financiero o, lo que es lo mismo, la cantidad de recursos que podrá repartir entre departamentos para ejecutar sus políticas. La semana pasada, en el debate de Política General, el president anunció que la Generalitat se beneficiará de 3.500 millones de euros procedentes de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del REACT, ambos de la Unión Europea. Pese a ese aumento de recursos, la pandemia de la covid continuará siendo una importante partida de gasto el próximo año, según las previsiones de la Generalitat.

“Se está trabajando con la CUP”, ha señalado escuetamente la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, al ser preguntada por las negociaciones. Ni los comunes ni los socialistas, que se han ofrecido para un posible apoyo presupuestario, conocen todavía las líneas básicas de las primeras cuentas que elaborará el consejero Jaume Giró. En los Presupuestos de 2020, los últimos aprobados, el Govern mostró al conjunto de la oposición el cuadro macroeconómico con el que se iba a guiar y el techo de gasto con el que afrontaba la elaboración de las cuentas.

La rareza de este año es que Giró optó por aparcar los Presupuestos de 2021 al considerar que, cuando estuvieran aprobados, ya irían tarde en la elaboración de los siguientes. Patronales y sindicatos reclamaron sin suerte no dejar caer las cuentas de este año al considerar que ya se habían iniciado los trámites. Antes de irse de vacaciones el Govern hizo unos primeros encuentros, pero pese a ello la elaboración se está dilatando en el tiempo y amenaza retraso. “Empezaron con mucho tiempo, pero vuelven a ir tarde”, señalan fuentes parlamentarias.

El “lo haremos, lo haremos bien y lo haremos a tiempo” de Giró cuando oficializó que iría directo a los presupuestos de 2021 queda ya en entredicho. El PSC aseguró entonces que unos Presupuestos se podían aprobar en dos meses, pero ese es un plazo demasiado exigente para una de las leyes más complejas que aprueba un parlamento.

Designaciones en el ICF

Por otra parte, el Consell Executiu ha aprobado hoy la designación de los tres miembros independientes de la junta de Gobierno del Instituto Catalán de Finanzas (ICF), después de que sus predecesores dimitieran el pasado mes junio, pocos días antes de que el organismo de la Generalitat aprobara el aval de 5,4 millones de euros para ex altos cargos que afrontaran sanciones por su actividad en la Generalitat, decidido para solventar a los multados por el Tribunal de Cuentas por su participación en el procés.

Los nuevos integrantes del ICF son Joan B. Casas, exdecano del Colegio de Economistas de Cataluña; Xavier Puig, vicepresidente de la sicav Cat Patrimonis; y Pilar Soldevila, gerente de la Barcelona School of Management. Asimismo se suman a la junta de gobierno el número dos del Departamento de Economía, Jordi Cabrafiga, y la número dos de Presidencia, Núria Cuenca. Relevan a Lluís Juncà y Meritxell Masó. Las designaciones se producen días antes de que el Parlament inicie la tramitación del decreto ley que permitía avalar con recursos públicos las sanciones a exresponsables de la Administración.