La prórroga presupuestaria paraliza compromisos de la Generalitat

La decisión del Consell Executiu, este martes, de aplazar la reducción de dos horas del horario semanal del profesorado mayor de 55 años para así ahorrar 144 millones de euros es una consecuencia de la prórroga presupuestaria que arrastra el Govern desde 2017. Pero no es la única. Hace unos días, el consejero de Territorio, Damià Calvet, aceptó que no se podrán retomar las obras de la L9 del metro por la falta de recursos. La Generalitat, sin embargo, rechaza que se trate de recortes y defiende que el plan de contingencia aguanta hasta finales de año.

El discurso oficial de la Generalitat es que tras dos años de prórroga presupuestaria la afectación del día a día del Govern es mínima. La falta de actualización de partidas, defienden desde la Vicepresidencia Económica, ha sido solventada con el plan de contingencia diseñado para enfrentar la prórroga y que puede tener vigencia hasta finales de año sin ninguna modificación extra. Sin embargo, ya empiezan a emerger compromisos que quedan paralizados por la falta de unas nuevas cuentas.

“Con los suplementos de gasto que se aprobaron en abril pasado quedaron cubiertos los gastos nuevos del 2019 que tenían un carácter más urgente”, defienden desde el despacho de Pere Aragonès. En esa lista, recuerdan desde Vicepresidencia, entra la financiación de la Ley de Dependencia, la Renta Garantizada de Ciudadanía o el aumento de los sueldos de los funcionarios.

Pero uno de esos compromisos tocados a raíz de la prórroga lo ha hecho público hoy el propio Govern. En su reunión semanal, los consejeros han aprobado las condiciones de la jornada laboral del profesorado más veterano. Este acuerdo implica romper, por segundo curso consecutivo, con el pacto que se había alcanzado en 2016 entre el departamento de Educación y los sindicatos del ramo en junio para que los docentes de más de 55 años pudieran reducir su jornada semanal en dos horas. Los docentes deberían dedicar ese tiempo a otras actividades como la recogida de material didáctico, trabajos en la biblioteca del centro o tutorías.

“No se trata de ningún ajuste de algo que ya estuviera en marcha”, ha justificado la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó. La también consejera de Presidencia ha explicado que como nunca se había puesto en marcha la reducción de jornada no se podía hablar de “recorte”. También ha insistido en el compromiso del Ejecutivo que preside Quim Torra de hacer efectiva la medida tan pronto que se cuente con un nuevo presupuesto.

Budó ha puntualizado que debido a la prórroga era imposible aplicar medidas que impliquen aumentar el gasto en el capítulo 1 de los Presupuestos, el de personal. Desde el departamento de Educación explican que poner en marcha la reducción supone contratar nuevo personal docente, lo que implicaría dedicar 144 millones de euros extras.

Crítica de los sindicatos

La noticia no ha sentado bien dentro de los sindicatos, a los que se les notificó el pasado mes de junio la decisión. “Llevamos seis años de crecimiento económico, y todavía hay recortes”, lamenta el portavoz de USTEC, Ramon Font. “Los mayores de 55 años [unos 18.000 profesores según USTEC] tienen derecho a no trabajar en esas dos horas lectivas, más cuando la OMS reconoce el estrés en el trabajo como una enfermedad”, añade el líder sindical. Y carga contra la política presupuestaria del Govern: “Está claro que el departamento de Economía de Pere Aragonès no deja hacer nada a los otros departamentos”.

Budó ha evitado aclarar si estos incumplimientos se pueden extender a otras áreas del Govern y ha recordado que el Ejecutivo ya trabaja en el proyecto de Presupuestos de 2020. Lo cierto es que la reducción de jornada no es el único compromiso que se ha visto tocado. Sucede lo mismo con la reactivación de las obras de la L9 del metro, que necesitan clarificar cómo se devolverá el préstamo de 740 millones de euros que dará el Banco Europeo de Inversiones para terminar la obra. En una entrevista a TV3 hace dos semanas, Calvet recordó que la voluntad del departamento de Territorio es que las obras de la parte central se retomen este año para finalizarlas en 2025 pero que, sin Presupuestos, se esperan nuevas demoras.

Oficialmente la Vicepresidencia Económica no ha tirado la toalla para aprobar unas cuentas para lo que resta de año aunque las posibilidades son remotas. El Govern esperaba que tras las elecciones y los pactos postelectorales se pudiera llegar a un acuerdo con los comunes, pero no fue así. La falta de dinero incluso llevó a que la semana pasada la Generalitat aprobara una batería de medidas fiscales con las que esperan que las arcas tengan un respiro de 88 millones de euros, por gravámenes al juego y la banca. El decreto con esos nuevos impuestos saldrá adelante la próxima semana en el Parlament con el apoyo del PSC y posiblemente de los comunes.