La CUP fuerza a ERC y a Junts a pronunciarse sobre si apoyan un nuevo referéndum en esta legislatura

El debate de Política General arranca este martes en el Parlament con un previsible foco de tensión entre la CUP y los dos socios de Govern, ERC y Junts. Los anticapitalistas han dado un paso adelante y han anunciado que registrarán una propuesta de resolución en la que plantean celebrar un referéndum de autodeterminación esta legislatura y que obliga a sus dos socios potenciales, Esquerra y Junts, a pronunciarse sobre si están a favor o no. El texto, muy sucinto y de apenas cinco párrafos, afirma en su párrafo resolutivo: “El Parlament se compromete a realizar un referéndum de autodeterminación antes de que finalice la XIV legislatura y, por tanto, insta al Govern de la Generalitat a iniciar inmediatamente los debates y trabajaos necesarios para garantizar su realización”.

La propuesta se adivina como un ataque a la línea de flotación a la mesa de diálogo en la que están enfrascado el president Pere Aragonès y el presidente Pedro Sánchez, ahora que acaban de reanudar sus reuniones. Pero la CUP matiza que nunca ha creído en ese órgano y que lo único que está haciendo es poner negro sobre blanco el contenido del pacto de investidura que sellaron en ERC el pasado marzo. El documento exponía que si la mesa no fructificaba volverían a realizar “un embate democrático” derivada de los “princioios de consenso estratégico y de acumulación de fuerzas”, priorizando la vía del referéndum de autodeterminación. El texto obliga también al president a someterse a una cuestión de confianza en 2023, por lo que siempre se ha interpretado que la CUP daba dos años de plazo al Govern.

“La mesa ha embarrancado. El Estado no no ha renunciado a la represión y tampoco quiere hablar ni de autodeterminación ni de amnistía”, ha afirmado el diputado Carles Riera recordando el caso de la detención de Carles Puigdemont o la imputación de terrorismo a varios de los detenidos en una operación policial el año pasado. “Nosotros presentamos un plan B”, ha agregado el anticapitalista, que ha recordado que su posición no ha cambiado al sostener que lo que dijeron en marzo es que la existencia de la mesa de diálogo por sí sola no iba a impedir que dieran su apoyo a la investidura.

La iniciativa de los anticapitalistas no solo causa malestar en ERC, que entiende que no se le ha dado a la mesa tiempo para poder ofrecer frutos. Junts también rechaza celebrar un nuevo referéndum unilateral porque sostiene que para eso ya tienen el del 1 de Octubre, que es su bandera y un capital difícil de mejorar. Laura Borràs, presidenta del Parlament, ha afirmado, en declaraciones a Catalunya Ràdio, que de hecho no es “viable” en el actual contexto y ha sostenido que el mandato del 1-O solo puede ser sustituido “por un referéndum acordado” y que cuente “con supervisión internacional”. “Nos sorprende que piense igual que Ada Colau”, ha ironizado Riera, que ha matizado que Junts, en el acuerdo a tres bandas que desencalló la investidura, también se comprometió con esa consulta. El texto decía en su parte final a que con el compromiso inequívoco de que desde el diálogo y el embate democrático al Estado se pueda alcanzar el ejercicio de la autodeterminación y la amnistía en la próxima legislatura”. “El 1-O nos ha dejado lecciones: lo mejor es votar y movilizarse. En 2023 habrá un marco favorable con un posible nuevo referéndum en Escocia”, ha dicho el diputado.

Con sus propuestas, la CUP quiere reflejar la distancia que mantiene ahora con el Govern no solo en los asuntos de cariz soberanista sino también las políticas públicas, en vivienda o en salud y en su apuesta por “macroproyectos” como el de la ampliación del aeropuerto o el de la candidatura de Juegos Olímpicos de Invierno. Dicen que no ven ni giro a la izquierda ni a favor de la independencia. El plan del Ejecutivo recoge muchos aspectos del acuerdo de legislatura sellado con la CUP, pero esta contrapone que de momento no hay nada concreto. “Lo que hemos visto hasta ahora son políticas de naturaleza neoliberal que recuperan la sociovergencia”, ha dicho Riera en un claro dardo hacia los republicanos.

El documento pondrá de entrada a prueba a la mesa del Parlament, de mayoría independentista, que deberá decidir si permite su tramitación, igual que otra sobre la Monarquía y el Rey emérito. Por haber permitido un debate de ese cariz, Roger Torrent, expresidente del Parlament y actual consejero de Empresa ha sido imputado por un delito de desobediencia.