Resoluciones del Parlament que no van a ninguna parte

La oposición reprocha al Govern que ignore la gran mayoría de propuestas aprobadas en los debates de política general

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, en un momento de una sesión de control en el Parlament el pasado mes de mayo.
Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, en un momento de una sesión de control en el Parlament el pasado mes de mayo.

El Parlament alberga desde hoy y hasta el jueves el Debate de Política General que se saldará con la aprobación de las propuestas de resolución de los diferentes grupos. El de hace un año se saldó con 80 textos que pedían al Govern desde revertir recortes sanitarios, potenciar la política industrial o desarrollar el reglamento de los derechos LGTBI. Bajo el título Por una nueva gobernanza de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), la CUP impulsó una propuesta, que se aprobó, en el que instaba al Ejecutivo a renovar el consejo de Gobierno de ese organismo y a proceder al concurso público para elegir a los directores de los medios. La resolución sigue siendo, por ahora, papel mojado.

Tanto es así que el Colegio y el Sindicato de Periodistas, el Grupo de Periodistas Ramon Barnils y los comités de empresa de TV-3 y Catalunya Ràdio han impulsado un manifiesto, presentado formalmente ayer, en el que sostienen que el Parlament tiene el “imperativo legal y moral” de aprobar de forma urgente esa renovación. Joan Maria Morros, decano del Colegio, exigía acabar con ese control gubernamental que ahora instrumentalizan los partidos. La cuestión es que no es la primera vez que se aprueban resoluciones o mociones en favor de la renovación de la CCMA que acaban en el limbo. El presidente Pere Aragonès quiere cerrar la renovación antes de final de año.

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Con escaso interés ciudadano —un 58% de los catalanes no lo siguieron hace un año, según el Centro de Estudios de Opinión—, el Debate de Política General es la palanca que activa el periodo de sesiones y da el tono por el que discurrirá el curso político. Desde el estallido de procés, los últimos años han estado marcados por los constantes choques con la justicia: este año el protagonismo se lo llevará la detención de Carles Puigdemont en Cerdeña o en 2020 la entonces inminente inhabilitación del expresident Quim Torra. Hay cosas que no cambian: hace un año la oposición se quejaba de que el Govern no había hecho nada por cumplir el mandato de abolir los correbous o que se fijara un salario para trabajadores de dependencia.

El debate de hace un año se saldó con 82 propuestas aprobadas (37 de Junts y ERC; 15 de los comunes; 8 del PSC; 8 de Ciudadanos; 7 de la CUP y 5 del PP más las transaccionadas). Luego empezó el periodo preelectoral y la larga travesía hasta la gestación del Govern. La realidad es que actividad gubernativa ha sido escasa. Alicia Romero, portavoz del PSC, dice que llueve sobre mojado porque el 95% de las resoluciones no se aprobaron y del 5% restante solo parcialmente. Hace un año presentaron una resolución recordando sus 191 mociones aprobadas y no ejecutadas. “El Govern hace caso omiso de lo que se aprueba. No sé si sucede en muchos parlamentos. Es la degradación de la política llevada al extremo. Es decepcionante y triste”, afirmó, informa Cristian Segura. De sus las ocho resoluciones aprobadas del PSC, solo contabilizan tres ejecutadas: la no renovación con los rastreadores de Ferrosal; la campaña de vacunación contra la gripe y la apertura de las oficinas de Asuntos Sociales con atención presencial.

El Govern hace caso omiso de lo que se aprueba. Es la degradación de la política llevada al extremo”, dice la socialista Alicia Romero

Por contra, la relación de incumplimientos que citan es extensa: la no recuperación de las plazas perdidas en los recortes, una auditoria sobre el gasto en la pandemia; aumentar un 30% la indemnización a hijos de víctimas de violencia de género; reabrir todos los CAPS —algunos siguen cerrados—; destinar 10 millones en ayudas a personas sin hogar o impulsar planes como uno contra la violencia de género.

Los populares lograron hace un año impulsar cinco iniciativas con éxito y apuntan que solo se han atendido algunos puntos de las mismas. Alejandro Fernández, líder del PP, admite que sí que se tomaron medidas para corregir el impacto de a covid en las residencias de ancianos, pero puntualiza que no se ha ejecutado reformas estructurales para mejorar la calidad de la asistencia y para fortalecer la situación laboral del sector. En vivienda, la cámara dio luz verde a fomentar la colaboración público-privada para crear pisos sociales pero Fernández acusa al Govern de seguir “apostando por la expropiación”.

No es mejor la valoración del popular en la suerte que han corrido la resolución sobre educación al sostener que el Ejecutivo no ha cumplido con el mandato de acabar la brecha digital. O en lo servicio de empresarios y emprendedores”, afirma.

El popular Alejandro Fernández afirma que se han incumplido la esencia de las cinco resoluciones del PP aprobadas

Recepción a Torra para recordar su inhabilitación

El Debate de Política General que comienza hoy en el Parlament tendrá un polémico arranque: una recepción en honor al expresidente de la Generalitat, Quim Torra, al cumplirse un año de su inhabilitación por un delito de desobediencia. El acto, iniciativa de la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, será justo antes de que comience el pleno (a las 4 de la tarde) y en él también participarán el president Pere Aragonès y su número dos y voz cantante de Junts en el Ejecutivo, Jordi Puigneró. Los representantes del PSC en la Mesa del Parlament no participarán de un acto que ven como una utilización partidista de la Cámara.

Torra dejó la presidencia hace justo un año, después de que el Tribunal Supremo dejara en firme la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le condenó a un año y medio de inhabilitación para ejercer cargo público por “desobedeció de forma reiterada las órdenes de la Junta Electoral”, que le había pedido quitar una pancarta a favor de los políticos presos en plena campaña electoral.

“Es cierto que el cumplimiento de las resoluciones deja mucho que desear”, dice Joan Mena, de En Comú Podem. Pero el diputado recalca que eso no ocurre solo en los Debates de Política General sino también en las comisiones. “Deberíamos hacer una reflexión todas las fuerzas”, afirma. Y cita dos ejemplos: que no se preserve el blindaje de la educación pública al renovarse los conciertos con los colegios que segregan por sexo o que el Govern que no apuesta, en su opinión, en los Presupuestos con más recursos al parque de alquiler público. Lo que si parece que está cerca de cumplirse es la aprobación del reglamento sancionador de la ley de derechos LGTBI, de 2014. La consejería de Feminismos e Igualdad afirmo ayer que lo están acabando de cerrar.

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