El Gobierno catalán elude marcar prioridades de gasto al evitar unos nuevos Presupuestos

La Generalitat acabará el ejercicio 2021 sin nuevas cuentas públicas. Una de las primeras decisiones del nuevo Govern y del consejero de Economía y Finanzas, Jaume Giró, ha sido descartar su confección para este año y empezar los trabajos para llegar a los Presupuestos de 2022 a tiempo, antes de que expire el mes de octubre, tal y como marca la normativa catalana. Era una de las primeras tareas que tanto patronales como sindicatos habían reclamado afrontar al Ejecutivo de Pere Aragonès, con el fin de priorizar la salida de la crisis económica. Con esa decisión, El Govern se libra de marcar las líneas maestras de su política de gasto en el arranque de su mandato.

El president había abierto la puerta a no renovar las cuentas de este año ayer, pero ha sido Giró quien confirmó este jueves la decisión definitiva en el Parlament. “El Govern empezará a trabajar desde la próxima semana en el Presupuesto de 2022”, afirmó el consejero, quien lanzó un compromiso: “Lo haremos, lo haremos bien y lo haremos a tiempo”, dijo, obviando la propuesta del PSC, que había mostrado su disposición a apoyar su tramitación tras haber asegurado que su elaboración se podía zanjar en dos meses. La CUP ha pasado a ser el socio referente tras avalar la formación del Ejecutivo y la investidura de Pere Aragonès con sus votos.

El Govern había hecho los trabajos preliminares para elaborar la ley presupuestaria después de pedir en octubre las peticiones de gasto a cada uno de sus departamentos, antes de iniciar la campaña electoral. La incapacidad de ERC y Junts de cerrar un acuerdo de gobierno hasta hace dos escasas semanas han complicado aquella voluntad, una vez entrado el mes de junio. Hace décadas que no se aprueban unos Presupuestos tan tarde.

Fuentes parlamentarias de la oposición sostenían ayer la tardanza, ya que habitualmente es en el mes de julio cuando deberían empezarse los trabajos para preparar las cuentas del siguiente año. Se podrían elaborar los de 2021 pero su preparación podría poner en peligro llevar los de 2022 a tiempo. Un problema adicional es que el actual consejero y el nuevo secretario general de Economía y Finanzas, Jordi Cabrafiga, se estrenan en el cargo, deben coger el pulso al departamento y, sobre todo, a la negociación interdepartamental necesaria para sacar adelante la que es considerada la ley más relevante de todo el año para un ejecutivo.

Giró comunicó su intención de abrir una ronda de contactos para elaborar los Presupuestos. La cuestión, no obstante, es cómo gestionará el Govern la Generalitat lo que queda de año. Hasta ahora ha ido incluyendo las partidas adicionales transferidas por el Estado como créditos presupuestarios, una medida administrativa que permite activar nuevos recursos no contabilizados en la ley presupuestaria en vigor. La que marca ahora la pauta es la aprobada en 2020, una vez iniciada la crisis coronavírica pero sin incluir medidas para gestionar sus efectos. Aquella aprobación, realizada de la mano del grupo parlamentario de Catalunya en Comú, suponía actualizar las cuentas de 2017, que habían quedado absolutamente desfasadas por el cambio del contexto económico.

La Generalitat ha convertido en habituales los problemas para aprobar Presupuestos. En la última década tan solo lo ha hecho en cinco ejercicios y nunca cumpliendo los plazos. La cuestión es si, con unas cuentas desfasadas, el Govern podría verse obligado a cerrar la caja de la Generalitat para no acometer en más gastos, como ha hecho en otros ejercicios. Pere Aragonès negó esa posibilidad durante la campaña. Juega a su favor que la situación extraordinaria de la crisis sanitaria, con necesidad de mayores inyecciones de capital para la sanidad y la economía, ha abortado límites de déficit y reglas de gasto, por lo que las necesidades de recortes están superadas.

Lo cierto es que gestionar una Administración de las dimensiones de la Generalitat (46.000 millones incluidas las entidades de su sector público) con cuentas desactualizadas es complejo. Obliga a incluir los nuevos ingresos que le llegan a la Generalitat como una ampliación de crédito y, además, pasar por el Govern la gran mayoría de las partidas de gasto que modifiquen las del ejercicio anterior. Solo los salarios y la deuda escapan a ese control. El resto queda a expensas de la vista gorda que puedan hacer los interventores de la Generalitat.