Torra queda en manos de los interventores para poder gobernar

Una vez confirmado que el Govern —al menos hasta después de las elecciones de abril y mayo— no tendrá Presupuestos para 2019, el Ejecutivo deberá seguir gobernando con malabarismos presupuestarios y depender de los partidos de la oposición para introducir algunos cambios concretos en las Cuentas de 2017, que seguirán prorrogadas. Si no lograra tampoco hacer esas modificaciones, deberá regirse a las partidas aprobadas hace ya dos años y fiar a los interventores de la Generalitat un poco más de margen para gasto crítico como el sanitario. Solo dos partidas se libran de ese control en tiempos de prórroga: salarios y deuda.

El vicepresidente económico, Pere Aragonès, se tendrá que arremangar si quiere ampliar partidas de gasto y, a la vez, cumplir con el objetivo de déficit. El viernes anunció un plan de contingencia para poner en marcha créditos extraordinarios con los que poder conseguir más recursos que gastar. Necesitará a la oposición, de la misma forma que deberá demandar su voto si quiere modificar la Ley de Finanzas Públicas con el fin de elevar el techo de gasto y ganar margen de maniobra, tal y como afirmó.

En todo caso, no le resultará fácil. El pasado año, también con los Presupuestos prorrogados, tuvo que limitar el gasto a partir de octubre al grueso de las consejerías ante el riesgo de incurrir en exceso de déficit. Esa situación continuará este año, agudizada: el 0,4% de desfase permitido para 2018 ha pasado a estrecharse al 0,1% en 2019. Por eso, quizás, Aragonès quiere modificar la Ley de Finanzas, para poder inyectar 1.400 millones más procedentes del modelo de financiación y activarlos con medidas concretas.

“Será de difícil gestión para los departamentos que quieran cumplir la restricción sin comprometer gasto en futuros ejercicios o aumentar el déficit encubierto”, explica Guillem López Casasnovas sobre la situación que padecerá de nuevo la Generalitat este año. El catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra apunta que parte del presupuesto catalán está ya hipotecado por un repunte del gasto salarial del 7% respecto a las Cuentas de 2017 —aprobado por el Gobierno central—, por lo que la porción de gasto ya ha mermado sin necesidad de nuevas partidas.

Una prórroga presupuestaria únicamente está pensada para mantener activadas las partidas presupuestarias anteriores y, así, en caso de no tener nuevos Presupuestos, evitar que la tesorería de la Administración se cierre y fuerce su inactividad. Es una solución de emergencia, ideada para cortos periodos de tiempo. No se pueden crear nuevas partidas de gasto ni aumentar las existentes, con dos únicas excepciones: la del aumento del gasto salarial y la del pago de los intereses y amortización de la deuda. Tampoco se pueden hacer inversiones nuevas y solo en el caso de que las de los Presupuestos originales estén todavía por realizar —en los estatales es habitual que una obra salte de un ejercicio a otro— se puedan ejecutar. Lo previsto para la autopista A solo puede ir a la autopista A.

Sí que sería posible, no obstante, excepcionar cambios de partidas sociales, pero siempre y cuando el resultado de esos cambios no suponga un aumento del gasto. Y solo si existe la venia de los interventores. “Con una prórroga es muy difícil gestionar y se pueden mover partidas sociales siempre y cuando cuentes con la complicidad y la benevolencia de los interventores”, señala Albert Carreras, que fue número dos del Departamento de Economía y Finanzas entre 2011 y 2016, cuando era consejero Andreu Mas-Colell. Esa participación es imprescindible para que partidas sensibles como las de Sanidad, Educación u otras de calado social acostumbren a crecer en periodos de prórroga, apunta Carreras, en coincidencia con Martí Carnicer, quien le precedió en el cargo como secretario general de Economía.

“Es un lío y una prórroga supone, sobre todo para la Administración, una ralentización de todos los procesos”, afirma Carnicer. Carreras, sin embargo, relativiza la gravedad de la situación, no porque no sea grave sino porque “se ha violentado el principio presupuestario con la aquiescencia de todo el mundo” al aprobar partidas de gasto a través de decretos ley, como ha sucedido con los incrementos de los salarios públicos, las mejoras de las pensiones o del salario mínimo. En plata: las Cuentas públicas han ido perdiendo importancia fáctica. En su opinión, incluso a Aragonès le va bien prorrogar pese a la derrota política para el Govern de no poder aprobar una nuevas cuentas. Porque le facilita la consecución del objetivo de déficit. Una prórroga es la mejor excusa para argumentar un bajo nivel de gasto.