El sector audiovisual catalán se rebela contra la nueva ley del Gobierno

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital prepara la Ley General de Comunicación Audiovisual para adaptar la situación del sector a la presencia de nuevos servicios, como las plataformas digitales. Desde que el pasado 12 de julio acabó el segundo plazo para presentar alegaciones al texto, en Cataluña se han levantado voces desde el mundo de la política, de la cultura y de las productoras, advirtiendo de que el anteproyecto no tiene en cuenta, consideran, tres factores fundamentales: garantizar la oferta en las lenguas cooficiales de España, además del castellano (catalán, gallego y euskera), respetando así al Constitución, que advierte de que se debe fomentar la diversidad cultural y lingüística del país; destinar un porcentaje de la inversión de las plataformas a producción independiente local; mantener las competencias del Consejo Audiovisual Catalán (CAC), el organismo regulador del sector en Cataluña.

El sector audiovisual catalán espera que el Gobierno tenga en cuenta sus alegaciones, pero no se acaba de fiar. “Estamos decididos a intervenir, a defender una buena ley del audiovisual y, sobre todo, a proteger la lengua y la cultura catalanas”, proclamó la consejera de la Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, el pasado 30 de julio en el Parlament.

La ley, que debería aprobarse en otoño, es una imposición de la Comunidad Europea para incorporar los servicios televisivos a petición, como Netflix, HBO o Amazon Prime, y las plataformas de intercambio de vídeos, como por ejemplo YouTube o TikTok. La normativa comunitaria de 2010 se actualizó a finales de 2018, concediendo un año y medio de plazo a los Estados miembros para trasladar esa directiva europea a sus países. En septiembre de 2020 acabó el plazo. La mayoría de los Estados han formalizado su ley y otros la tienen en fase de trámite en sus parlamentos. España es el único país que no tiene todavía un texto presentado.

La normativa europea establece que los servicios televisivos a petición (Netflix, HBO...) tendrán que garantizar una cuota mínima del 30% de su catálogo en obras audiovisuales europeas. De esta cuota, la mitad tendrá que ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas de las comunidades autónomas. “Ahí está el gran problema, en que esa ‘o’ debería ser una ‘y’”, dice Roger Loppacher, presidente del CAC: “Si se quiere fomentar la diversidad lingüística no se puede decir que ese 15% debe ser en castellano o en cualquiera de las otras lenguas oficiales de España, porque las plataformas escogerán el castellano por razones de mercado y no estarán incumpliendo ninguna ley”. El CAC pretende que de ese 15% que según el texto actual puede ser en castellano o en otra lengua del territorio, la mitad tenga que ser en catalán, gallego o euskera o, en todo caso, un porcentaje que se corresponda con el peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales. Fuentes del CAC consideran que este planteamiento viene a ser una cuota para el castellano: “Si no lo pusieran, las plataformas podrían legalmente producir en inglés, que les saldría aún más a cuenta que en castellano”, analizan. Tanto por oferta como por producción, el CAC considera que la ley debe contemplar un porcentaje en las otras lenguas oficiales del Estado.

Desde el sector audiovisual autonómico también se ha criticado que el Gobierno obligará a las plataformas al pago de la tasa de RTVE de forma que a partir de ahora estas multinacionales deberán abonar el 1,5% de sus ingresos anuales en España para ayudar a financiar la televisión pública. En este sentido, el CAC pone de manifiesto que en España el servicio público de comunicación audiovisual no se presta únicamente por la Corporación Radio y Televisión Española (CRTVE).

Incentivar la producción

Por otro lado, la ley también incentiva la producción europea. Para ello, la normativa comunitaria obliga a las grandes plataformas a destinar una parte de sus ingresos a financiar obra europea. Francia pretende cobrar un 20%, Italia, un 12,5% y España, un 5%. El CAC ha pedido que esta cantidad sea, por lo menos, del 10%, del que la mitad se destine a obras en las lenguas cooficiales. Jofre Llombart, secretario general de Difusión de la Generalitat, se ha quejado de que el texto “mantiene el espíritu de recentralitzar competencias hacia el Estado y de marginar todo lo que no sea hecho en castellano”.

La principal preocupación de los productores independientes es que se cumplan esos recursos mínimos que, también, consideran muy bajos: “España, para no espantar a los operadores y que vengan, quiere establecer medidas muy laxas, del 5%”, sostiene Jordi Oliva, presidente de Productores Audiovisuales Federados (PROA). “En cuanto a la lengua, los productores queremos la que mejor se adapte a cada producción y en las mejores condiciones. Que escojan la lengua los productores y si quieren hacerlo en catalán, gallego o euskera, que lo puedan hacer en las mejores condiciones”.