Los jueces siguen marchándose de Cataluña pese al fin del ‘procés’

Los jueces que tienen como primer destino Cataluña abandonan la comunidad en cuanto tienen la mínima oportunidad. Es un problema endémico, que se acentuó en el periodo más intenso del proceso independentista (2017), pero que dista de haberse solucionado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido, por enésima vez, que se apruebe “algún tipo de incentivo” para evitar un goteo constante de salidas que deteriora el funcionamiento de los juzgados en la comunidad.

La memoria del TSJC de 2020 constata que ni siquiera cuando se dan por superadas las tensiones del procés —con la condena y posterior indulto a los líderes independentistas— se ha logrado detener las salidas. El año pasado, marcado por la pandemia, un total de 37 jueces y magistrados concursaron para marcharse a otros lugares de España. Solamente siete profesionales solicitaron trabajar en Cataluña.

La comunidad adolece, históricamente, de un déficit de plazas por la escasa vocación entre los catalanes para trabajar como juez, fiscal o, en general, como funcionario del Estado. Aunque la Escuela Judicial tiene su sede en Barcelona, la mayoría de los aspirantes son de otras partes de España. Para cubrir las vacantes que deja esa falta de vocación, buena parte de ellos son destinados en sus primeros años de trayectoria profesional a Cataluña o a Canarias, otro de los territorios donde es complicado cubrir las plazas. El año pasado, 56 de los 69 jueces de la nueva promoción obtuvieron como primer destino Cataluña.

El objetivo de la mayoría de ellos, sin embargo, es regresar a sus pueblos y ciudades de origen. De modo que, si no se produce un cambio vital significativo que altere sus planes, optan por concursar en cuanto reúnen los méritos suficientes y surge la oportunidad. El proceso no es fácil —hay partidos judiciales en los que la movilidad es escasa y las plazas están muy codiciadas— y algunos acaban pasando unas cuantas temporadas en Cataluña. Pero, a la larga, la acaban abandonando.

Plazas por cubrir

“El movimiento de jueces y magistrados desde y hacia Cataluña no arroja cambios significativos”, recoge la memoria del TSJC sobre 2020. Se mantuvo “la tendencia de años anteriores, claramente deficitaria” para la planta judicial catalana. La cifra de vacantes continúa siendo “muy relevante”: 78 de un total de 837 plazas permanecían el año pasado sin cubrir, una carencia que perjudica el buen funcionamiento de órganos judiciales que, en muchos casos, acumulan una gran carga de trabajo o están ya saturados.

A lo anterior se suman las vacantes relacionadas con licencias por maternidad y cuidado de hijos (6), por enfermedad (25), o por desempeñar sus titulares comisiones de servicio en otros órganos (24). Esto ha obligado a cubrir esta ausencia con jueces sustitutos y magistrados suplentes hasta un total de 110 de esas plazas a 31 de diciembre de 2019.

El TSJC recuerda que su sala de gobierno “ha venido reclamando la introducción de algún tipo de incentivo para favorecer la permanencia de los jueces y magistrados en destinos en Cataluña”. Es una vieja reclamación que ya abanderó en 2010 la entonces presidenta del alto tribunal catalán, Maria Eugènia Alegret, que pidió mejoras económicas o profesionales —por ejemplo, que compute como mérito el tiempo pasado en Cataluña— para lograr cubrir las vacantes.