Cataluña pierde atractivo para jueces y fiscales por el ‘procés’

El procés ha provocado que Cataluña pierda atractivo como destino laboral para jueces, fiscales y altos funcionarios del Estado. Los jóvenes no quieren venir e intentan irse, aunque la falta de movilidad les deja “atrapados”. Los veteranos, por su parte, se plantean marchar. Algunos ya lo han hecho, aunque no ha habido una desbandada. De la última promoción de abogados del Estado, solo dos eligieron Cataluña como destino. El año pasado, el 40% de los técnicos de Hacienda pidió irse.

No lo vive como un drama, pero la verdad es que Cristina Pozo está atrapada en Cataluña. Pozo es una fiscal joven, de la penúltima promoción. De los 35 aprobados en 2016, la mayoría (24) fueron destinados a Cataluña, que adolece de un déficit histórico de plazas por la falta de vocación de los catalanes para opositar en concursos del Estado. Ella fue enviada a L’Hospitalet, donde ha pasado el último año y medio. Su objetivo es volver a casa, a Granada, aunque ya ha intentado el traslado (sin éxito) a Madrid. “Sé que seguramente me queden aún unos años aquí”, explica Pozo de brazos cruzados. Si el plan ya no le resultaba atractivo antes, ahora, con la tensión derivada del procés, menos aún. “Nos ha generado incomodidad e inquietud. Vamos con más cuidado”, explica.

Más que expulsarles, el proceso independentista ha hecho que Cataluña sea un destino aún menos atractivo para la élite funcionarial del Estado. Los fiscales, jueces, abogados del Estado y técnicos e inspectores de Hacienda aterrizan forzados tras la oposición. Y, en general, salvo que el amor u otras circunstancias se crucen en sus vidas, buscan volver cuanto antes a sus pueblos y ciudades. Pero no pueden: las escasas convocatorias han reducido la movilidad geográfica. Están atrapados. Lo mismo que otros altos funcionarios, ya veteranos, que han desarrollado su carrera en Cataluña y que ahora, hastiados por lo que perciben como un entorno social asfixiante, se plantean irse. Algunos ya han dado el paso.

Cristina Pozo intercambia impresiones con un fiscal veterano pero joven, Diego Villafañe. Leonés de origen, se enamoró de una mujer en Cataluña y aquí sigue. Para este fiscal progresista, vocal del Consejo Fiscal, Barcelona tenía otro aliciente: “El prestigio de la ciudad como escuela de fiscales, con sus especializaciones y sus enormes profesionales”. Y Cataluña, la ventaja de ser “una sociedad abierta y con muchas posibilidades”. Ya no lo ve tan claro. Durante la fase más dura del procés, en los meses de septiembre y octubre, se planteó marcharse. “Eres un funcionario del Estado. Te ha costado mucho sacarte una oposición para tirarlo todo por la borda”.

Villafañe quiere pasar página, pero cuando echa la vista atrás recuerda la “angustia y el miedo” de sus compañeros y las malas sensaciones de vivir en una sociedad polarizada. Los grupos de Whatsapp que dejan de funcionar. Las conversaciones incómodas. “De haberse puesto las cosas más feas de verdad, casi todos nos habríamos ido”. La idea de emigrar le pasó también por la cabeza al magistrado Luis Rodríguez, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Cataluña. “Me sorprendió la agresividad de una sociedad tan abierta como la catalana. No reconocía a una sociedad que, de repente, me señalaba como parte del aparato represor”.

Rodríguez llegó a Cataluña en 1991. “Me he dejado los cuernos para que los juzgados mercantiles funcionaran, por aportar algo a la sociedad”, dice el juez, medalla de oro de la Generalitat y premio al trabajo Francesc Macià. “De repente”, lamenta, “ves que no eras parte de esa sociedad”. Las tensiones del procés se trasladaron a casa: su pareja es independentista, de Esquerra. Superaron las diferencias y salieron reforzados: hubo boda. “Pidieron lealtad a una idea que es inasumible para un funcionario del Estado”, dice Rodríguez, a quien le duele la presencia de lazos amarillos. “La gente puede llevar lo que quiera. Pero esos lazos nos están acusando de meter a gente en prisión por sus ideas".

Hay algo, añade el juez, que ha cambiado radicalmente. La inmensa mayoría de altos funcionarios son de fuera de Cataluña y, de entrada, se van a la que tienen oportunidad. Pero a veces se enamoraban. De una forma un tanto endogámica (jueces con jueces, fiscales con fiscales), pero acababan arraigando. Eso se ha acabado, no hay proyecto vital, razona Rodríguez. Incluso los que parecían establecidos optan por irse. Menciona a un compañero que se ha llevado a su hija fuera de Cataluña porque no quiere que la niña “viva en un ambiente de enfrentamiento.”. “Cataluña era una sociedad cosmopolita, abierta, plural y respetuosa. Nos va a costar volver a hacer atractivo esto”.

El éxodo de jueces y fiscales no ha sido en absoluto masivo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús Barrientos, admitió en noviembre que había recibido varias peticiones de traslado, pero que no había una “desbandada general”. “Aquí en cambio el goteo es constante y la gente está deseando salir”, constata el presidente de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), José Luis Groba. En Cataluña son cerca de 300. “Eso es lo nuevo”, coincide, “que los que estaban instalados se van”. Un inspector al que conoce ha decidido mudarse a Galicia después de 25 años. “Era un nivel 4 y se ha ido con un nivel 1, o sea perdiendo dinero”.

Parte de esa incomodidad la explica el procés. “Se nota la tensión. Los hijos de inspectores se sienten señalados si sus padres no van a ciertas manifestaciones que convocan en las escuelas”. “Los inspectores”, bromea Groba, “ya no estamos muy buen vistos; si a eso le sumas que somos del Estado que comete expolio fiscal, pues la situación no es la mejor”. Como las nuevas promociones tienen que seguir viniendo forzadamente a Cataluña (el déficit persiste) no hay riesgo de vacantes. Pero sí de descuidar el servicio. “Antes, los peones iban rotando, pero los alfiles estaban. Ahora hay alfiles que quieren irse”.