El abominable pacto a prueba de todo

El 5 de julio de 2019 fue una fecha extraña en la política catalana. La frustrada declaración de independencia de 2017 y la decisión del socialismo de alinearse con el Gobierno de Mariano Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución habían reducido la relación de las formaciones domésticas al eje nacional. Independentistas contra constitucionalistas. Pensar en un pacto de relevancia que superara esta dinámica de bloques era entonces imposible.

Hasta ese día. David Bonvehí, presidente de la coalición Junts per Catalunya, y el secretario de organización del PSC, un entonces discreto Salvador Illa, pusieron sus rúbricas en los dos folios que contenían las bases para gobernar juntos la poderosa Diputación de Barcelona, que maneja un presupuesto de más de mil millones de euros. La fuerza independentista más votada en las elecciones del 21-D, convocadas por La Moncloa; la misma con la que el expresident Carles Puigdemont había obtenido casi un millón de votos en las elecciones europeas; el adalid de la lucha de la confrontación contra “los del 155” le daba al PSC la presidencia del ente provincial, un lugar que no ocupaba desde hacía ocho años.

Los socialistas, aún rearmándose tras el batacazo en 2011 en el Ayuntamiento de Barcelona, volvían a la primera línea del poder municipal. Junts justificó el acuerdo desde una óptica municipalista, la misma que, por ejemplo, arguyó ERC para pactar con el PSC y CUP el fin de la hegemonía convergente en Sant Cugat del Vallès. Waterloo calló. “Los pactos con el 155 son pactos con el 155 hágalos quien los haga”, tuiteó esa noche la entonces portavoz de Junts en el Congreso, Laura Borràs.

Del documento base del acuerdo, donde por cierto no se menciona ni una sola vez la palabra independencia, se pasó a la concreción del cartapacio. Los diputados provinciales no se otorgan directamente, los designan los partidos de acuerdo con el resultado de los partidos judiciales. Junts, donde entonces aún cohabitaban el PDeCAT y los independientes de la órbita de Puigdemont, obtuvo siete escaños. Uno de ellos, Ferran Mascarell, abogó muy rápido para no seguir con un pacto que rompía “el espíritu del 1-O”. El concejal de Barcelona e ideólogo de primera hora de La Crida y Junts, sin embargo, aterrizó en la vicepresidencia tercera de la Diputación. “El independentismo comete un error si deja tribunas vacías para defender sus posiciones”, justificó. Su salario es de 93.660 euros anuales.

La herida de Esquerra

Los independientes de Junts señalaban al aparato del PDeCAT como los últimos culpables del acuerdo. “La Diputación es una gestoría que reparte dinero”, dijo la concejal Elsa Artadi en octubre, cuando se le preguntó sobre la contradicción de gobernar con el PSC. Hacía pocos días que oficialmente Puidgemont y Bonvehí habían roto pero nadie se levantó de la Junta. En el grupo conviven tres diputados del PDeCAT y cuatro de Junts (Carmela Fortuny, también vicepresidenta). Una proporción que cambiará cuando asuma un escaño Montse Candini.

Fuentes socialistas se muestran satisfechas por el balance de un Gobierno que se acerca a su ecuador y que ha estado marcado por la atención por la pandemia. La salud de la coalición quedó demostrada cuando Junts apoyó a la presidenta Núria Marín en el intento de ERC de reprobarla tras su imputación en presunto caso de malversación en el Consejo Deportivo de L’Hospitalet. “Sigo sin entender el motivo para blindar un pacto que aún hoy nadie puede explicar”, dijo entonces el líder de ERC, Pere Aragonès.

En ERC creen que proteger a Marín es la prueba definitiva del espíritu que ven detrás del pacto de la Diputación. “Repartirse el país”, resumen un líder republicano. De ahí que poner fin a la sociovergencia fuera una de las ideas fuerzas de ERC para el 14-F y aún siguen con la idea de que existe un acuerdo a la sombra en su contra. La abominación hacia el pacto subió de nivel en campaña. “ERC tiene que elegir: yo o una derecha con personas xenófobas”, dijo Illa a La Vanguardia. “Cuando ERC ha tenido que elegir entre el PSOE y Junts, ha elegido al PSOE”, dijo Borràs.

Ese 5 de julio, los republicanos se quedaron esperando que Junts llamara para cerrar el pacto. El teléfono sí sonó, a las cinco de la tarde. Bonvehí les dijo que abrazaba al PSC. ERC, que entonces había coogobernado con los convergentes la Diputación, veía como se le expulsaba incluso tras mejorar su resultado pasando de 11 a 16 diputados y empatando con los socialistas en el primer lugar.

La propuesta republicana de “Gobierno amplio” —la misma en la que sigue insistiendo sin éxito de cara al nuevo Govern y que tampoco tiró en Barcelona— incluía a Junts, los comunes y Tot per Terrassa. En Comú Podem vetaba cualquier acuerdo con Junts. Un mantra que repite también ahora, aunque no sea universal. El Ayuntamiento de Lleida lo sostiene el tripartito de ERC, Junts y los comunes, que justifican la curiosa unión porque puso fin a casi 40 años de Gobierno del PSC. El alcade Miquel Pueyo cesó en febrero a un regidor de Junts por iregularidades administrativas. Otro pacto que, de momento, también es a prueba de todo.

Más de 1.000 millones de presupuesto

La Diputación de Barcelona cuenta con mil millones de euros de presupuesto. Su radio de acción, los 311 ayuntamientos de la demarcación, permite amarrar el poder local gracias a la ayuda directa en municipio muy pequeños, con pocos recursos y sin capacidad para grandes inversiones. La pandemia ha añadido presión.

La manera de cómo se entregan las subvenciones a los municipios está reglada, pero los distintos gobiernos han incluido matices. En los mandatos convergentes, por ejemplo, la variante de la población se matizaba, algo que implicaba una desventaja para grandes municipios. Con los socialistas ocurría lo contrario. El mandato de Núria Marín parece ir en esa línea. Un ejemplo son las ayudas a los planes de ocupación. L’Hospitalet (paro del 13%) recibirá este año un 143% más de dinero (medio millón más respecto a 2020). Torrelles de Foix (Alt Penedés, 2.300 habitantes) tiene un 18% de paro y verá reducida su ayuda en un 34% (recibirá 10.000 euros).

Por otro lado, la Diputación también da aire a los partidos. Pueden contratar un total de 63 asesores para el trabajo de los grupos políticos y 23 en las áreas de gobierno. Los elegidos suelen ser afiliados de las formaciones.