PSC y Junts per Catalunya consuman su pacto en la Diputación de Barcelona
Núria Marín, nueva presidenta socialista de la institución con los votos de los neoconvergentes
La Diputación de Barcelona vuelve a estar en manos socialistas. Núria Marín, alcaldesa de L’Hospitalet del Llobregat, la preside desde ayer tras consumarse el pacto PSC-Junts per Catalunya después de años de guerra fría a cuenta del procés. El acuerdo se gestó tras una reunión de alcaldes neoconvergentes y Carles Puigdemont en Bruselas, una semana después de la constitución de los Ayuntamientos. ERC, con quien Junts per Catalunya también habría podido pactar en la Diputación, criticó el pacto “con el 155”, en alusión a los socialistas.
Los reproches por el acuerdo también llegaron desde las entidades soberanistas. Mientras los diputados prometían su cargo en el interior de la sala de plenos de la Diputación, en el centro de Barcelona, dos centenares de personas convocadas por la ANC gritaban pidiendo un acuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra y rechazaban cualquier pactos con las fuerzas “del 155”, según los letreros que portaban.
Nunca un pleno de la Diputación había despertado expectación. Tampoco había pasado nunca que fueran necesarias dos votaciones para elegir a su presidente, máximo responsable de un presupuesto anual que roza los 1.000 millones de euros. Marín fue votada, en segunda vuelta, por los 16 diputados de su grupo más los siete de Junts per Catalunya, 23 votos de un total de 51. Celestino Corbacho, el otrora presidente de la institución cuando militaba en el PSC y concejal en el Consistorio barcelonés por Ciudadanos, fue quien le dio la vara de mando con un frío apretón de manos.
Un ente supramunicipal con 955 millones de Presupuesto
La institución de la Diputación se instauró con la Constitución de Cádiz de 1812 como un poder intermedio entre el municipio y el Estado. La implementación del sistema autonómico hizo que paulatinamente desaparecieran, por ejemplo, en las siete comunidades uniprovinciales. La de Madrid cerró en 1983. Desde entonces, su utilidad ha sido objeto de debate. Actualmente hay 41 y algunos partidos las ven como un nivel anacrónico de Administración. El PSOE y el PP se quedaron solos defendiendo su existencia en el Congreso en un debate en 2019.
En Cataluña hay cuatro Diputaciones (tres en manos de gobiernos de ERC y Junts per Catalunya) y sus representantes se eligen de manera indirecta, según el resultado electoral de los partidos judiciales. La de Barcelona tiene un ámbito de actuación de 311 municipios, en los que vive el 74% de la población catalana. Cuenta con un Presupuesto de 955 millones de euros, el más alto de España.
Como en el resto del Estado, la atomización local hace que los municipios catalanes sean muy pequeños y no pueden hacer frente en solitario a grandes inversiones o a servicios vitales como la teleasistencia, el mantenimiento de vías secundarias (con fondos estatales) o el transporte escolar. La Diputación de Barcelona se encarga de optimizar estos servicios. Por ejemplo, dedica 10 millones de euros a la gestión forestal o se encarga de la red de bibliotecas.
La plantilla de la Diputación es de 3.977 personas. También cuenta, por ley, con una bolsa de 92 plazas de libre disposición, para asesores de gobierno y grupos políticos, que se reparten las formaciones con representación en el pleno provincial. Estos cargos siempre han sido polémicos porque acaban en personas cercanas a los partidos y que terminan entregando parte del sueldo para financiar las formaciones. En el mandato que terminó ayer había contratados 82 eventuales, con una masa salarial que asciende a 4,7 millones.
“El mejor servicio que podemos hacer todos a nuestro país es evitar que lo que nos separa nos impida trabajar juntos en lo que nos une”, reclamó en su primer discurso como presidenta Marín, de 56 años y nacida en l’Hospitalet. Y añadió: “La Diputación nos une más allá de nuestras legítimas opciones políticas e ideológicas”. Más explícita fue al ser preguntada sobre si el pacto entre el PSC y el partido de Puigdemont, huido de la justicia española en Bruselas, podía ser un síntoma de cambios o, incluso, una revisión o actualización de la sociovergencia, el acuerdo que había funcionado entre los dos grandes partidos antes del procès. “Se pueden hacer muchas interpretaciones. Yo creo que poco a poco las cosas se ponen en su sitio y en esta institución vamos a trabajar por unos objetivos. No quiero hacer especulaciones de futuro pero el de hoy es un paso importante y seguiremos caminando”, esperanzó.
El pacto saca del congelador la relación institucional a gran escala de los dos partidos que habían sido hegemónicos en Cataluña y que el procés había terminado por helar. Desde las filas neoconvergentes, sin embargo, no ven más sociovergencia en el horizonte y aseguran que el pacto busca evitar perder representación en las Administraciones catalanas tras los malos resultados de las últimas elecciones locales y mantener cuotas de poder.
Junts y ERC, en sus discursos en el pleno, eludieron los reproches que se han cruzado después de que el pasado viernes PSC y neoconvergentes hicieran público el acuerdo. El alcalde de Tordera, Joan Carles García (Junts per Cataluna), hizo un alegato sobre la importancia de la política municipal y obvió casi totalmente la situación política aunque —con el lazo amarillo en la solapa— en el juramento del cargo sí añadió la petición de libertad para los “presos políticos” y se refirió de forma explícita Joaquim Forn. Desde el Parlament, la portavoz republicana, Marta Vilalta, sí fue más dura: “Junts per Catalunya ha querido darle la presidencia a un partido del bloque del 155. Hay un antes y un después”, dijo.
Ante el enfado de ERC por las negociaciones con los socialistas, Junts per Catalunya ofreció a los republicanos revisar las alianzas en 27 municipios en los que los neoconvergentes ganaron pero no gobernaron por las alianzas de republicanos con socialistas. ERC contraatacó con otra posibilidad: no revertir los acuerdos municipales pero entregar la presidencia de la Diputación a Junts per Catalunya. La oferta no prosperó.
Críticas al pacto en el pleno
"Nos preocupa el acuerdo con Junts per Catalunya. Usted tenía una alternativa que no pasaba por ir de la mano con una formación independentista", lamentó el diputado Xavier García Albiol en su intervención, recordando así la oferta de una gran pacto constitucionalista que le hizo él mismo en los últimos días. El popular ha expresado su temor de que el expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica, intente poner la Diputación "al servicio de sus intereses como máximo responsable político del PDeCAT".
Desde Ciudadanos, el diputado provincial Salvador Tovar calificó de "poco transparente" el acuerdo sociovergente y también lamentó que los socialistas no optaran por un acuerdo amplio constitucionalista. "Hay detrás del pacto un acuerdo para pedir el indulto [de los políticos en prisión preventiva]?", se preguntó Tovar. Con todo, desde la formación naranja le tendieron de nuevo la mano al PSC por si opta por un Gobierno que no dependa del independentismo. En Comú Guanyem, que durante esta semana insistió en que no respaldaría un gobierno con formaciones de derechas como Junts puso de manifiesto su disgusto por el resultado final. "Sentimos dececepión por el desenlace. Nosotros hemos trabajado por consensos más amplios de izquierdas con ERC y PSC porque entre los tres sumábamos 38 de 51 diputados. El pacto que se ha cerrado al final no es el que necesitamos", afirmó la diputada de esa formación, Laura Pérez.
El nombramiento de Marín supone para los socialistas la recuperación de la preciada Diputación después de los mandatos de CiU en los últimos ocho años. Desde 2011, la Diputación ha sido gobernada por nacionalistas: Salvador Esteve (2011-2015) y Mercè Conesa y Marc Castells (en dos etapas dentro de la legislatura 2015-2019). Marín enlaza, pues, con etapas de presidencias socialistas, las últimas de ellas de Antoni Fogué, el ex socialista Celestino Corbacho, José Montilla o Manel Royes.
