Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los partidos colocan a 33 asesores a sueldo de la Diputación

El ente provincial de Barcelona gastará 2,5 millones en pagar a los consultores

Los partidos valoran la Diputación de Barcelona por su abultado presupuesto (661 millones para 2011) y por el poco desgaste que supone ejercer el poder en una institución cuyos representantes ni se votan directamente ni son objeto habitual del escrutinio público.

Pero, además de los cargos nombrados por los partidos, son los puestos de asesor de los partidos los más codiciados. Estos asesores, casi todos ellos políticos, tienen una doble función. Por un lado, permiten a los diputados tener a técnicos especializados para analizar las políticas del ente provincial y preparar medidas para cada grupo. Por otro, dan espacio a los partidos para ubicar en el ámbito de la asesoría a excargos públicos, responsables orgánicos y militantes fieles, que reciben un sueldo público a cargo de la Diputación. Los puestos de asesor han acabado por ser el cajón de sastre para los partidos.

El ente provincial publicó la semana pasada la relación de sus 33 cargos de confianza, que cobrarán 3.500 euros brutos mensuales cada uno. Otros dos tendrán un sueldo más elevado, ya que dependerán directamente de Salvador Esteve (CiU), el presidente provincial. Esteve ha fichado a dos personas de su total confianza. Uno de ellos es Josep Maria Matas, su mano derecha en la Asociación Catalana de Municipios, que cobrará 108.000 euros brutos al año. El gasto total en asesores puede alcanzar los 2,5 millones.

La Diputación tiene margen para contratar a 10 asesores suplementarios. El reglamento que se autoimpusieron los partidos establece que no podrá haber más de 50 asesores en el ente, y Esteve aseguró que para este mandato solo habrá 45. De los 33 directamente destinados a los partidos, el PSC conserva la cifra más alta (10), CiU tiene nueve por ahora, a la espera que los dirigentes nacionalistas de la Diputación amplíen su nómina; el PP goza de siete; Iniciativa-Esquerra Unida, cuatro, y ERC, de tres. En la anterior legislatura había 46 asesores, con clara mayoría para el partido que tenía la presidencia, el PSC, con un total de 22.

En la lista abundan los ex altos cargos de la Generalitat recolocados. Con la pérdida del Gobierno catalán el pasado noviembre, el PSC y también ICV y ERC, los tres partidos que formaron el anterior Ejecutivo, acumulan la lista más alta de ex altos cargos de la Administración. El PSC ha contratado como técnico en Barcelona al exdelegado de la Generalitat en el Pirineo y alcalde de Tremp (Pallars Jussà), Víctor Orrit. Orrit renunció a su dedicación exclusiva en la alcaldía para aceptar el puesto de asesor, y tranquilizó a los ciudadanos en Tremp asegurando que su cargo solo le obligaba a "ir a Barcelona algunos días a la semana".Otro ex alto cargo de la Generalitat en la época del tripartito que será reubicado en la Diputación es Lluís Salvadó, que fue delegado del Gobierno en las comarcas del Ebro. Tras el cambio de color político en el Ejecutivo catalán, Salvadó, también dirigente de ERC, ya fue contratado como asesor de confianza en Barcelona.

El PSC opta por contratar a militantes con relativo peso orgánico en el partido que tendrán sitio en la Diputación. Aparte de Orrit, sobresale Francisco Aranda, coordinador de Acción Política de los socialistas. También primeros secretarios comarcales, como Joan Roma y Santiago Fontbona, del Berguedà y el Maresme, respectivamente. Roma es, además, alcalde de Borredà (Berguedà). Otro edil, el de Santa Margarida de Montbui (Anoia), Teo Romero, que perdió su cargo político en la Diputación como presidente del área de Desarrollo Económico, se sumará a la nómina de asesores.

Iniciativa repesca a dos dirigentes que fueron altos cargos del Departamento de Interior y Relaciones Institucionales. Noemí Ayguasenosa, ex responsable de Relaciones, Asociaciones y Mediación, y Marc Rius, jefe de campaña ecosocialista y exdirector general de Participación Ciudadana, se suman a la nómina de cargos de confianza de ICV. Otro miembro de la dirección ecosocialista, David Cid -secretario de Acción Política y Movimientos Sociales-, tendrá sueldo de asesor del ente provincial.

Convergència i Unió cuenta de momento con nueve asesores, aunque todavía faltan por contratar los cargos de confianza de los vicepresidentes, según fuentes de la Diputación. En la línea del PSC, los nacionalistas colocan como asesores a militantes con una hoja de servicios impecable en el partido.

Eso sí, CiU que ha alcanzado tras los últimos comicios autonómicos y municipales sus más altas cotas de poder, tiene más margen que el resto de formaciones, puesto que necesita cubrir centenares de puestos en todas las Administraciones. Cargos comarcales como Olga Olivé, vicepresidenta del Consejo Comarcal del Vallès Occidental, y Guillem Aresté, vicepresidente comarcal de Unió Democràtica en el Maresme, tendrán su lugar en la asesoría de los nacionalistas. También consejeros nacionales de CiU como Carles Segura y Laura Costa, presidenta del consejo nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya, cobrarán un sueldo público a cargo de la Diputación.

Igual que el resto de partidos, el PP premia la fidelidad a las siglas. La formación de Alicia Sánchez-Camacho contrata como asesor a Miguel Ángel López Mallol, que fue hasta 2011 candidato en Reus y ocupó la vicepresidencia primera de la Diputación de Tarragona. Un portavoz del partido justifica su contratación por la "experiencia del Gobierno provincial" de López Mallol.

El PP tendrá que gestionar dos vicepresidencias. También contará con dos militantes que fueron candidatos estos comicios pasados en listas aparentemente fantasma, presentadas en municipios donde el partido no tiene ningún tipo de implantación: Beatriz Cañada, que no cosechó ningún voto como candidata en Sobremunt (Osona) en las elecciones municipales, y Martí Forest, que tuvo mejor suerte en Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà), donde logró 26 apoyos.

La Diputación de Barcelona tiene un margen de hasta 10 asesores más para cubrir con los 45 que puso como límite Salvador Esteve. La partida para este apartado son 2,5 millones de euros anuales. Esteve prometió en su investidura adelgazar la Administración e imponer la austeridad, también en los costes de los cargos de confianza. La estructura definitiva de la Diputación se conocerá en septiembre, una vez que se incorporen los asesores que todavía quedan por nombrar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de agosto de 2011