El Gobierno de Colau y ERC pactan el presupuesto y las ordenanzas de Barcelona para 2021

Barcelona ya tiene presupuestos. 3.300 millones, una cifra récord. El gobierno municipal de la capital, formado por Barcelona en Comú y el PSC, presentó este domingo su acuerdo con el grupo de ERC para aprobar los presupuestos para 2021, expansivos con el objetivo de dar respuesta social y tirar de la economía con ayudas e inversiones (500 millones). El pacto, que se traduce en medidas por valor de 300 millones de euros para reforzar las políticas sociales, de vivienda o la reactivación económica, permitirá la aprobación de las cuentas y también de las ordenanzas fiscales en el pleno del consistorio del próximo 23 de diciembre, el último del año.

“Es una noticia feliz. Tenemos un gran acuerdo presupuestario para 2021”, resumió la alcaldesa Ada Colau. Es el segundo año consecutivo que el gobierno de comunes y socialistas consiguen aprobar las cuentas con el apoyo de los republicanos.

Las cuentas que el gobierno de los comunes y el PSC plantearon en noviembre ascienden a 3.200 millones de euros, una cifra récord pese a la caída de ingresos del consistorio como consecuencia de la pandemia del coronavirus, y que se explica por las aportaciones del Gobierno español y un aumento de la deuda, que Colau ha mantenido a raya en el 30% de los ingresos desde que llegó al Ayuntamiento. El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, precisó que el endeudamiento municipal alcanzará esta vez el 36%, “unos niveles muy bajos”, consideró y aseguró que “mantienen la economía municipal saneada”. El presidente del grupo municipal de ERC, Ernest Maragall, celebró el acuerdo, pero alertó de que vigilará para que la ejecución presupuestaria pactada se cumpla: “Y eso lo podremos saber a finales del año que viene”.

El pacto entre Colau y los republicanos contempla medidas por valor de casi 300 millones. Un importe que se centra en vivienda, educación y cultura, empleo y reactivación económica y que forma parte de los 450 millones que el ejecutivo tenía pendientes de adjudicar y que ya anunció que tomarían forma durante la negociación del presupuesto con los grupos. “Mantendremos conversaciones con el resto de grupos municipales para añadir sus aportaciones si son compatibles”, explicó Collboni, que también precisó que están pendientes de responder alegaciones como las de los empresarios.

Del importe total del pacto con ERC hay una partida de 25 millones para incrementar el gasto corriente del área de Derechos Sociales, tensionada como pocas veces para afrontar la crisis social derivada de la económica como consecuencia de la pandemia. De estos 25 millones, 12 se destinarán al fondo de ayudas para menores de hasta 16 años, y otros 12 millones a servicios ordinarios (teleasistencia o ayudas). El acuerdo contempla también 50 millones para generar vivienda de protección, 26 millones para mejorar las escuelas y 30 para inversiones en los distritos. En el capítulo económico, prevé 30 millones para comprar edificios singulares para rehabilitarlos y convertirlos en vivienda, y 20 destinados a la reapertura de negocios como hoteles o bares y restaurantes que han cerrado por la crisis.

Colau presentó las cuentas como “el instrumento principal para afrontar la situación más compleja que vivimos desde hace mucho tiempo”, en plena pandemia. “Apostamos por las políticas públicas. Es muy importante que las administraciones pongan los recursos de los vecinos y la economía local, que nos necesitan en un momento crítico como el actual”, agregó. “El acuerdo busca combatir las desigualdades”. Tanto Colau como Collboni agradecieron a ERC el acuerdo. “La ciudadanía pide que haya diálogos y acuerdos amplios”, defendió Colau. “Este acuerdo representa al 70% del plenario”, reivindicó Collboni. El ejecutivo de coalición suma 18 de los 41 regidores del Ayuntamiento. Sumados los 10 de los republicanos, ascienden a 28 concejales.

En materia de ordenanzas fiscales, la principal exigencia de ERC es la implantación, antes de finales de año, de una tasa los gigantes del comercio electrónico, la conocida como Tasa Amazon. Una tasa que el consistorio aprobó estudiar hace casi dos años y que ha estudiado a fondo la concejal de Hacienda, la socialista Montse Ballarín, cuyo partido llevaba incluso en el programa electoral. El regidor Jordi Castellana (ERC) defendió la postura de su partido exigiendo que “quién más tiene, más paga”; y señalando el crecimiento de las grandes empresas de distribución durante la pandemia. “Han sido las grandes beneficiadas de esta crisis”, afirmó.

Más allá de esta tasa, las ordenanzas se mantienen fieles a la negativa del ejecutivo de Colau de no rebajar impuestos como le exigían los grupos de Ciutadans, PP o Barcelona pel Canvi, justo cuando los impuestos municipales registraron una notable subida en 2020. Colau y Collboni han defendido de forma reiterada que reducir la fiscalidad reduce la capacidad de respuesta de los servicios públicos. Las ordenanzas que se aprobarán sí mantienen la rebaja del 75% a los restauradores en la tasa de terrazas --que se amplían a otros colectivos como los mercados ambulantes, las churrerías o los quioscos de prensa-- y la posibilidad de fraccionar el pago de los impuestos que los vecinos pagan a la ciudad.

La negociación de los presupuestos municipales ha sido larga y discreta, en la que los republicanos no han hecho públicas sus exigencias hasta tener el pacto cerrado. El propio Collboni admitió que se han mantenido “unas 30 reuniones durante dos meses de trabajo”.