Colau planea un presupuesto que crece un 9% y sube tasas e impuestos

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, planea un presupuesto expansivo para 2020, con casi un 10% más de recursos, que contempla una notable subida de impuestos y tasas, y que tiene como metas reducir la brecha social, mejorar el acceso a la vivienda y poner en primera línea la emergencia climática. La propuesta de cuentas, presentada este viernes, asciende a 2.900 millones de euros, un 9,2% más que las últimas (de 2018 y prorrogadas en 2019). Las inversiones previstas rozan los 550 millones, 92 millones más que el ejercicio anterior. El ejecutivo comenzará ahora las negociaciones para lograr apoyos (con 18 concejales de 41, necesita el voto de por lo menos otros tres) y confía en aprobarlos antes de fin de año, en paralelo a los de la Generalitat.

"En un momento de enfriamiento macroeconómico, desde la perspectiva municipal no creemos que sea preocupante, pero nos obliga a pensar que, para contrarrestar las señales negativas desde lo público, tenemos que poner toda la carne en el asador", ha resumido el concejal de Presidencia, Presupuesto y Plan de Barrios, Jordi Martí, que en el mandato anterior ejerció de gerente municipal. "Es un presupuesto ambicioso, la respuesta de un gobierno progresista que responde a sentar las bases para un futuro mejor", ha añadido la concejal de Hacienda, Montse Ballarín, que ha defendido un aumento de la presión fiscal en "uso de la autonomía municipal".

Si al llegar al poder en 2015 Colau presentó unas cuentas expansivas a costa de reducir el pago de deuda, ahora el protagonismo lo tiene una subida generalizada de tasas e impuestos. Una medida que un alcalde puede asumir con menor coste en un primer año de mandato que cerca de las elecciones y que en este caso está vinculada a la llamada fiscalidad ambiental: castigar a quien contamina más.

La previsión es recaudar casi 150 millones más: subirán el IBI, el impuesto de circulación para los coches más contaminantes, se mantendrá la lucha contra el fraude fiscal, crecerán las tasas de alcantarillado, de aparcamiento (también en función de las emisiones), las que pagan las terrazas y los turistas, y se creará una nueva de residuos. Aparte de estas subidas, el ejecutivo municipal prevé que las transferencias del Estado aumenten en 83,5 millones, aunque depende de los Presupuestos del Estado, ahora prorrogados.

En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la subida media que ha calculado el Consistorio es del 5,4% y se debe a la actualización del catastro. De hecho, los tipos impositivos bajarán del 075% al 066%, pero se suprimirán los topes, de forma que se recuperará la proporcionalidad (los incrementos anuales equivaldrán a lo que subía el impuesto antes de la revisión catastral). El aumento de recaudación previsto es de 43 millones de euros, y las cuentas también prevén subirlo a bienes inmuebles de características especiales (como el puerto) y eliminar la bonificación de los contribuyentes que tenían los recibos domiciliados (porque ahora es casi todo el mundo). También está previsto poder aplicar el recargo a los pisos vacíos, por una modificación de un real decreto de vivienda del Gobierno español.

En el capítulo de gastos, los de personal suben un 5,3% (por la aplicación del nuevo convenio y la contratación de agentes de la Guardia Urbana) y el gasto corriente, un 7,6%. Las áreas donde más aumenta el gasto son medio ambiente (30%), servicios sociales (25,5%) o seguridad y movilidad (22,5%) y servicios generales (22,8%). Y en las inversiones, más de la mitad de los 550 millones se lo llevan la transformación urbanística y del espacio público y la vivienda.

Los grupos municipales de ERC y Junts per Catalunya han expresado reservas y han pedido concreción tras conocer el proyecto de presupuestos. Con todo, se han mostrado abiertos a negociar los números, conscientes de que son los socios con los que más fácil será sacarlos adelante.