Colau frena el pago de la deuda para aumentar gasto social e inversión

Más gasto social, más inversiones y mantenimiento del nivel de deuda, que no se reducirá por primera vez en cinco años. Son los tres grandes ejes del primer presupuesto del equipo que gobierna el Ayuntamiento de Barcelona y capitanea la alcaldesa Ada Colau. Unas cuentas de 2016 que ascienden a 2.708 millones de euros, un 6,2% más que en 2015. Los gastos corrientes, las partidas sociales, crecerán un 5,5%; y las inversiones un 5,9%. La clave de incrementar ambos conceptos está en emplear 100 millones de superávit en gasto social.Las cuentas para 2016 ascienden a 2.708 millones de euros, un 6,2% más que en 2015.

“Las primeras cuentas de Barcelona en Comú priorizan el gasto social, que nosotros consideramos inversión, y mantiene las inversiones, centrándolas no en obras faraónicas sino en proximidad. En línea con el programa electoral priorizamos el rescate a las personas y la garantía de unos derechos sociales básicos”, defendió ayer durante la presentación de las cuentas el primer teniente de alcalde y titular de Economía, Gerardo Pisarello. El gasto social aumenta de 2.013 millones de euros hasta 2.123,9 millones de euros; y las inversiones un 5,9%, hasta 378,2 millones.

El presupuesto también mantiene, en palabras de Pisarello, un “nivel razonable de endeudamiento”. Xavier Trias (CiU) redujo la deuda durante su mandato de 1.165 millones de euros a 972 (del 58% de los ingresos al 39%). El actual Gobierno ha destinado 163 millones de superávit heredado de Trias, a reducirlo hasta 836 millones (35% sobre ingresos), explicó Jordi Ayala, gerente de Economía. “Consideramos que es un nivel razonable y que no tiene sentido rebajarlo más, es el nivel anterior a la crisis, ahora preferimos destinarlo a la población”, apuntó. La partida de gastos financieros, los intereses, cae notablemente, un 28% que se explica por la caída de los tipos de interés y por la no realización de nuevas operaciones.

En el caso de las inversiones, 100 de los millones previstos se obtendrán de una ampliación de crédito con cargo al superávit del ejercicio, una modificación presupuestaria que requiere aprobar un plan económico financiero y que este año Colau aprobó por los pelos en el último pleno de octubre. Este recurso, explicaron Pisarello y Ayala, se emplea para sortear “el corsé de la Ley Montoro”, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que limita el gasto de las administraciones locales. “No podemos permitir tener superávit cuando hay tanta necesidad social, empleamos las grietas de la ley para hacerlo”, defendió Pisarello, convencido de que la medida no puede ser impugnada por el Gobierno español.

El proyecto presentado ayer debe aprobarse inicialmente en la Comisión de Economía del próximo martes y la idea del Ejecutivo de Colau es negociar conjuntamente sus dos fases: el presupuesto y la ampliación a cargo del superávit. Cada una de las dos fases deberá aprobarse en un pleno. Colau fía, pues, una cuarta parte de las inversiones a un acuerdo político futuro.

“Es un presupuesto muy blindado en prioridades pero flexible en aportaciones”, describió Pisarello. Entre los aspectos que destacó figura el aumento de las partidas de servicios sociales en un 12,9% (solo en atención domiciliaria y servicios sociales básicos el aumento es de 15 milones) o la subida media del dinero que gestionan directamente los distritos en un 16%. Un porcentaje que oscila entre un 2,6% de aumento para Sarrià y el 25,7% en el caso de Nou Barris.

El presupuesto también prevé una notable subida de la partida destinada a la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM): 10 millones más que en parte estaban comprometidos por Trias, pero que además abren la puerta a la exigencia del PSC de ampliar la gratuidad del transporte (la tarjeta T-12, que, pese a su nombre, permite desplazarse gratis hasta los 14) hasta los 16 años.

Por otra parte, el Gobierno logrará dar trámite el lunes a las ordenanzas fiscales. La votación se cerrará con empate a 18 votos, pero se logrará que caminen por el voto de calidad de la alcaldesa. Votarán a favor los 11 concejales de Barcelona en Comú, los cuatro del PSC y los tres de la CUP. Los cinco de ERC anunciaron ayer que se abstendrán. Y votarán en contra los 10 de CiU, los cinco de Ciutadans y los tres del PP.