El rebrote deja en evidencia la gestión de la Generalitat

Actuar rápido, con las recomendaciones de “nuestros” expertos y la idea de que la Generalitat podría gestionar mejor la pandemia. Estos fueron los tres caballos de batalla con los que el Govern de Quim Torra capeó el temporal en los momentos más duros de la crisis de la covid-19. En el pasado pleno monográfico sobre el coronavirus en el Parlament se volvió a señalar a “Madrid” como culpable de todos los males. Sin embargo, la gestión de la llamada nueva normalidad se le está atragantando al Govern y crecen las críticas sobre sus decisiones.

No hubo un día del estado de alarma en que el presidente catalán Quim Torra y el Govern no criticaran la recentralización de algunas competencias (que no de la gestión sanitaria, por ejemplo) hecha por el Gobierno para intentar sortear la pandemia. De hecho, su portavoz, Meritxell Budó, llegó a decir que “en una Cataluña independiente habría menos muertos”, unas palabras que rechazó posteriormente la consejera de Salud, Alba Vergés: “Esto no podemos afirmarlo nunca. Decir lo que habría pasado si... es muy complicado”.

La fase 3 de la desescalada en el área metropolitana de Barcelona y Lleida duró solo un día. Aunque se pedían un par de semanas más de prudencia en el contacto físico y las actividades sociales, Torra se apresuró a celebrar que ya no había “usurpación de competencias”. Precisamente, la semana en la que Cataluña entraba en la nueva normalidad, la comarca leridana del Segrià empezaba a experimentar un ligero incremento de casos de covid-19, el germen de los rebrotes que ahora afectan a la zona. En esos días, en los que también Aragón hizo retroceder a la fase 2 a cuatro comarcas colindantes con Lleida por un incremento de contagios entre temporeros, el vicepresident Pere Aragonés llamaba a “llenar las calles” para recuperar la actividad económica y social. En Cataluña la “nueva normalidad” se llamó “la reanudación”.

Colau: "El Govern ha llegado tarde a Lleida y desafortunadamente al área metropolitana"

La gestión del Govern para hacer frente a los rebrotes, sin embargo, ha lastrado las primeras semanas con las competencias recuperadas tras el fin del estado de alarma: una gestión llena de claroscuros y que ha exacerbado la ya de por sí tensa relación entre los socios del Ejecutivo catalán. La crítica por la supuesta lentitud del Gobierno central en tomar decisiones se le ha devuelto como un bumerán a Torra por la reacción a la situación en Lleida y la comarca del Segrià.

Cataluña fue pionera en introducir el uso obligatorio de la mascarilla en el espacio público pero tardó dos semanas en reaccionar al crecimiento de casos en la zona fronteriza con Huesca. El cierre perimetral se consumó el sábado 4 de julio, después de que la consejera de Salud, Alba Vergés, hiciera un tour mediático el día antes para decir que esa medida no estaba sobre la mesa, lo que hizo que muchas personas se fueran de fin de semana. Los expertos llevaban días advirtiendo de la subida de casos.

La situación en esa comarca, con gran actividad agroindustrial, se agravó tras la aparente falta de previsión para atender a los temporeros. En ERC, que también gobierna la ciudad y la diputación, aseguran que se habían preparado hace meses pero que la realidad ha terminado por desbordar cualquier previsión. “Estaríamos mucho peor”, argumenta una fuente republicana. Los recolectores de fruta son un colectivo diverso, con condiciones de por sí ya muy precarias y en el que, por ejemplo, el rastreo de contactos cuando hay positivos es complejo. Muchos están en una situación administrativa irregular y temen por su futuro si dan sus datos.

Una de las grandes críticas de los expertos, incluso de aquellos que Torra decía tener como referencia, como el infectólogo Oriol Mitjà, ha sido el sistema de rastreo de casos positivos. Si bien se están haciendo más pruebas y detectando los casos precozmente, el sector sanitario ha cargado duramente contra el Govern por la falta de previsión y medios para localizar a los contactos de las personas infectadas y aislarlos.

Los tres eslabones de la cadena de rastreo iniciaron la llamada nueva normalidad bajo mínimos. La atención primaria, que arrastra una gran presión asistencial y un déficit histórico de recursos, asumía la detección precoz de los casos sin refuerzos. Los servicios de vigilancia epidemiológica, que rastrean los contactos de los positivos e investigan el origen de los brotes, hace años que trabajan con el personal muy justo tras sucesivos recortes. Con la última pieza del dispositivo de control de la pandemia, que es la gente que se encarga del seguimiento de los contactos sanos para que cumplan la cuarentena, el Govern optó por externalizarla a la empresa Ferrovial, una decisión muy criticada por el sector sanitario.

Resoluciones confusas

La gestión de los brotes en Cataluña desde el fin del estado de alarma demostró que el sistema de control de la pandemia no estaba preparado. La atención primaria detectaba precozmente, pero el dispositivo era insuficiente para luego seguir las cadenas de transmisión y aislar correctamente a todos los contactos. El Govern ha admitido fallos, sobre todo en el sistema informático encargado de cargar y compartir la información entre todos los actores de la cadena de vigilancia. El responsable de la unidad de seguimiento de la covid-19 en Cataluña, Jacobo Mendioroz, asumió que el Ejecutivo llegó “un poco tarde” en el rebrote de Lleida y al anuncio de refuerzos en el sistema de vigilancia. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se sumó a las críticas y dijo que al área metropolitana también llegaron “tarde”.

La gestión de los rebrotes por parte del Govern también ha levantado a los alcaldes de 13 municipios metropolitanos por la inconcreción en las medidas aplicadas para contener el virus. La primera corona metropolitana está, de facto, en una especie de fase 2, aunque el Govern, instalado en la política de los gestos, siempre ha evitado referirse a las fases por ser un mecanismo diseñado por el Gobierno central que la Generalitat criticó desde el primer día al considerar que la gente no lo entendía bien. Curiosamente, las resoluciones del Govern también adolecen ahora de problemas de interpretación. La ordenanza aprobada, en muchos casos con un redactado muy genérico, dejaba flecos sueltos y los alcaldes denunciaron la “incoherencia” de algunas medidas. Según Colau, el propio Torra reconoció que varios puntos “chirriaban y había que afinarlos”.

Las reuniones para solventar dudas, sin embargo, han sido “infructuosas” para los alcaldes. El de Cornellà, Antoni Balmón (PSC), fue duro: “Cuando se hizo una gestión errática de la última fase de la crisis de la pandemia, es difícil que en dos horas [de reunión] se pueda poner sobre la mesa cómo se puede corregir”.

La guerra entre ERC y JxCat pasa factura

La gestión de la pandemia tampoco ha sido ajena a los enfrentamientos entre los socios del Govern, ERC y Junts per Catalunya, inmersos en una precampaña electoral no oficial pero oficiosa y que los lleva a chocar casi todos los días. Dentro de Junts per Catalunya señalan a la consejera de Sanidad, Alba Vergés (ERC), y a su equipo como “el escollo” para tomar las decisiones importantes. El cierre perimetral, por ejemplo, enfrentó a unos republicanos más prudentes y a un Torra partidario de pisar el acelerador. El pasado martes, explican fuentes del Palau, Vergés declinó participar en la rueda de prensa semanal para explicar el decreto ley que amparaba los cierres. La portavoz del Govern, Meritxell Budó (Junts), tuvo que asumir sola dicha comparecencia pública.

A la controvertida gestión del Govern se ha sumado la falta de una autoridad sanitaria al frente de la salud pública catalana. La silla de la secretaría de Salud Pública llevaba vacía desde finales de mayo, cuando el veterano epidemiólogo Joan Guix dejó el cargo por problemas de salud. Después de siete semanas sin cubrir ese puesto, el Govern ha delegado las funciones en uno de los nombres más solventes y con experiencia en gestión que hay dentro del Departamento de Salud; Josep Maria Argimon, epidemiólogo de formación y director gerente del Instituto Catalán de la Salud (la gran empresa pública que gestiona ocho grandes hospitales y el 80% de la atención primaria), ocupará el cargo de secretario de Salud Pública con el reto de reconducir la gestión de la pandemia en Cataluña.