Una cuarta parte de los ancianos en residencias da positivo por covid-19

La crisis del coronavirus ha azotado con fuerza en las residencias de ancianos. La falta de estrategias de protección y recursos para salvaguardar al colectivo más vulnerable de esta pandemia se ha traducido en altas cifras de contagios de puertas adentro. Tras testar el grueso de los centros, el Departamento de Salud ha detectado 13.797 casos positivos. Esto es, el 25% de los ancianos que vive en residencias en Cataluña.

El coronavirus entró a las residencias, en buena medida, a través de trabajadores y familiares que iban y venían. En cuclillas, sin ser visto y mucho antes de que se instalara la alerta sanitaria, la covid-19 circulaba ya por los centros de mayores. Las residencias se convirtieron en una bomba de relojería, con ancianos muy vulnerables, con altos grados de dependencia y diversas patologías crónicas a merced de una dolencia infecciosa que se cebaba con ellos. Los problemas de abastecimiento de material de protección para usuarios y empleados culminó la tormenta perfecta.

El resultado se traduce en Cataluña en, al menos, 13.797 ancianos infectados. Esto supone el 25% de las 53.300 personas mayores que disponían de una plaza residencial (pública, concertada o privada) en la comunidad. La Generalitat ha testado al grueso de residentes de todos los centros catalanes y, a falta de conocer los resultados de nueve pequeñas residencias (con 180 personas, entre usuarios y trabajadores), la cifra de afectados de este colectivo supone ya más del 21% de todos los casos positivos en Cataluña.

Los ancianos fallecidos con la covid-19 en la comunidad rondan los 4.000. En concreto, Salud ha reportado la muerte de 1.670 personas con un diagnóstico confirmado de infección por coronavirus (PCR positiva) y otras 2.258 con un cuadro clínico compatible con la covid-19 según recogió un médico en el acta de defunción. Estas cifras constatan que un tercio de los 11.877 decesos registrados en Cataluña con covid-19 fueron de ancianos que vivían en residencias.

La crisis sanitaria ha evidenciado los problemas que arrastraba el sector desde hace tiempo. Económicos y de modelo. Para empezar, las tarifas anuales que paga la Generalitat se han mantenido prácticamente congeladas en los últimos 10 años, mientras que los costes de mantenerlas han aumentado, como denunciaron ya en varias ocasiones las patronales y sindicatos del sector. Las malas condiciones de trabajo de los cuidadores, con sueldos apenas mileuristas, y la lista de espera para acceder a una plaza pública (cerca de 20.000 personas aguardan una cama en una residencia) cierran el círculo de precariedad del sector.

Por otra parte, la pandemia y la falta de previsión para salvaguardar a uno de los colectivos más vulnerables ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de implicar más al sector sanitario en la gestión de los centros. En una entrevista a EL PAÍS, el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona (COMB), Jaume Padrós, abogó por hacer “un replanteamiento del sector residencial”. “Este debería estar tutelado por sanidad y con un apoyo de los servicios sociales, pero las necesidades de estos usuarios son más sanitarias”, apuntó.

La emergencia de las residencias hizo tambalear los cimientos del Govern de Junts per Catalunya y ERC, un matrimonio mal avenido desde el primer día y con roces constantes que la pandemia solo agudizó. Un poco por las necesidades reales de las residencias y otro poco para salvar los muebles de ERC dentro del Govern, el Departamento de Salud, en manos de la consejera republicana, Alba Vergés, tomó el mando de los centros de ancianos en el momento más crítico de la pandemia.

Las críticas de Torra

El president Quim Torra ya criticaba abiertamente la gestión —en concreto, la falta de “claridad” en la comunicación de los ancianos fallecidos— del Departamento de Asuntos Sociales (también en manos de ERC), que tenía la competencia sobre las residencias. El titular de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, estaba entonces confinado tras dar positivo por coronavirus y, en una entrevista tras las declaraciones de Torra, solo acertó a admitir que quizás podrían haberlo hecho mejor. Su secretario de Asuntos Sociales, Francesc Iglesias, rechazó, sin embargo, haber cometido cualquier tipo de error.

Desde que Salud tomó las riendas de las residencias, la tormenta ha amainado. Vergés ha sometido a todos los residentes a pruebas diagnósticas para detectar casos y eventuales rebrotes, y también ha desplegado un plan especializado para la desescalada. La propuesta, que deberá aprobar el Ministerio de Sanidad, avanza las visitas de familiares a la fase 2, en lugar de la 3. Los residentes llevan confinados desde el 12 de marzo en los centros, sin posibilidad de salir a la calle ni recibir visitas.

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