El juez pone en libertad con cargos al presidente de la Diputación de Almería

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha decretado la libertad con cargos del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, y del resto de los detenidos el pasado martes por presuntas contrataciones irregulares en el seno de la entidad supramunicipal, entre ellos el vivepresidente primero y el alcalde de Fines, todos del PP, confirman fuentes judiciales. La decisión se ha tomado tras prestar declaración a lo largo de la mañana en el marco de la investigación por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública, derivada de una pieza inicial abierta en 2021 por las supuestas mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros de una adjudicación irregular de material sanitario por valor de dos millones de euros, el primer caso mascarillas de España.

La Fiscalía había pedido la puesta en libertad con medidas cautelares. Solo el PSOE, que ejerce la acusación popular había solicitado la prisión provisional para los detenidos -que llevan dos noches durmiendo en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería-, entre los que, además del presidente de la Diputación, su número dos, Francisco Giménez, y el alcalde de Fines. Rodrigo Sánchez Simón, se encuentran el hijo de este último y un técnico de la institución. Todos han respondido únicamente a las preguntas de sus abogados y deberán entregar su pasaporte, presentarse en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes y no pueden abandonar el territorio nacional. El resto de personas investigadas a lo largo de esta segunda fase de la instrucción, unas 17, según fuentes judiciales, también han sido puestas en libertad.

A la salida de los juzgados, un coche oficial esperaba a García para trasladarlo a la sede de la Diputación que todavía él preside. Allí se ha reunido con todos los diputados provinciales, indican fuentes conocedoras de esta situación. Durante su comparecencia en sede judicial, García ha sido preguntado por el origen de unos pagos en metálico relacionados con dos operaciones vinculadas a la herencia de sus padres y a su entorno familiar, según precisa a este diario su abogado, Joaquín Monterreal. “Esos pagos se han manifestado y se han acreditado que costaban en las declaraciones de renta, en escritura pública y hasta se ha dado la explicación del origen de ese dinero. Todo se podría haber aclarado en cinco minutos”, señala el letrado. La investigación de esta segunda fase también ha alcanzado a dos hermanos del presidente de la Diputación. Precisamente, los inmuebles que García compartía con algunos de sus hermanos, tres viviendas en Balanegra (ciudad natal del exdirigente popular) y una más en El Ejido, estaban dentro de la ruta de resgistros practicados por la UCO, además de un local, cuyo alquiler también está siendo investigado.

Porque, mientras los detenidos por la supuesta contratación irregular vinculada a la Diputación de Almería se encontraban declarando ante el juez de adscripción territorial la causa, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil seguían con sus pesquisas. Durante la mañana han sido citados a declarar varios empresarios, entre ellos el alcalde de Tíjola, Juan José Martínez (PP), y su mujer, Eloísa Fernández Ruiz, administradora de la constructora Inversiones y Promociones Tagilis SRL, una de las mercantiles investigadas en la trama.

Fernández ya prestó declaración a lo largo de la instrucción del caso mascarillas, en el origen de esta segunda fase de la investigación, debido a la vinculación de Tagilis con otras dos de las empresas cuyos contratos con la Diputación de Almería ordenó investigar la jueza en abril del año pasado: Pulconal, propiedad de Kilian López, el comisionista del contrato de mascarillas, y OYC Servicios Urbanos, propiedad, según la UCO, del alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, uno de los detenidos el martes, aunque gestionada aparentemente por una tercera persona. La magistrada quería esclarecer si había sido la beneficiada de esos trabajos porque una segunda empresa, Pulconal, propiedad de Kilian López —el adjudicatario del contrato supuestamente fraudulento de las mascarillas—, había sido avisada previamente por parte de responsables de la Diputación para que, o bien no presentara ofertas o bien concurriera con otras no competitivas y poder justificar así, las concesiones a OYC.

Contratos desde 2016

Entre el 1 de junio de 2020 y el 18 de enero de 2021, la Diputación adjudicó seis contratos a OYC Servicios Urbanos por valor de 219.505,71 euros y entre 2017 y 2021. Pulconal, por su parte, firmó entre 2017 y 2021, 15 expedientes de contratación por un total de 375.939,05 euros, en los que se ha podido determinar, según la jueza, “la participación preponderante de Óscar Liria”, exvicepresidente tercero de la Diputación, responsable del área de Fomento de esa entidad en ese período, cuando presidía la Diputación García, y el primer detenido, el 15 de junio de 2021, por el caso mascarillas, y que volvió a ser arrestado por la UCO este miércoles.

Se da la circunstancia de que tanto Pulconal como OYC encargaban buena parte de la realización de las obras de las que eran adjudicatarias a Tagilis, empresa encargada también de la construcción del auditorio Javier Aureliano García -el presidente de la Diputación, también detenido el martes-, en Fines, y que fue inaugurado por el propio mandatario supramunicipal en 2021, poco después de que saltara el caso mascarillas. Tagilis lleva años en el punto de mira de la justicia andaluza, también por supuestas contrataciones irregulares vinculadas a la Diputación de Almería, entre ellas obras de acondicionamiento en el polideportivo de Carboneras, que suscribió el 9 de enero de 2018 a cambio de 330.578,51 euros, cuando era concejal, entonces de Ciudadanos, de Tíjola, si bien firmó el contrato en calidad de gerente. Tágilis ha sido beneficiaria de, al menos, una decena de contratos menores adjudicados por la Diputación entre 2018 y 2020, según acredita el perfil del contratante de Diputación.

Conforme pasan las horas y los días, se va elevando el número de investigados en esta presunta trama que habría otorgado de manera irregular contratos de obra pública y servicios a una red de empresas vinculadas con la localidad de Fines, donde su alcalde lleva gobernando desde 2003. Las pesquisas, según fuentes conocedoras de la investigación, se están remontando hasta 2016, cuando era presidente de la Diputación el alcalde de Roquetas, Gabriel Amat. La UCO detenía este miercoles al que fuera número tres de la Diputación, el exvicepresidente Óscar Liria -el primer detenido por este caso mascarillas- y realizaba nuevos registros en el Ayuntamiento de Fines y a última hora de la tarde ampliaba las pesquisas a los dos hermanos del presidente de la Diputación.

Aunque Giménez y Sánchez llevaban imputados prácticamente desde que comenzó la investigación del caso mascarillas hace cuatro años, no ha sido hasta las detenciones de este martes cuando el PP de Andalucía, que preside Juan Manuel Moreno, decidió suspender de militancia a todos los dirigentes de su partido implicados en esta segunda fase de la investigación. Anoche Moreno se refería a este caso durante la presentación de su libro de memorias en Madrid para defender la “actuación rápida” de su partido. El presidente de la Junta, que estuvo acompañado por el exvicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y por el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, prometió “contundencia” “si se demuestra que hay corrupción”, aunque pidió esperar a este jueves para conocer la decisión de la jueza que instruye la causa.

Esta mañana ha vuelto a reiterar esa intención antes de conocer la decisión de la jueza de imputar a los tres altos cargos del PP. Moreno insistió en su sorpresa por la presunta implicación de García y Giménez en una trama de corrupción por pertenecer a una “generación joven”. “El propio presidente de la Diputación es una persona que no tiene cargas familiares, está soltero y viene de una familia que no tiene problemas económicos. A mí me ha sorprendido mucho que pueda involucrarse en este tipo de actos”, ha dicho del primero. Sobre Giménez, su mano derecha, la incredulidad radica en que “es una persona muy vinculada a movimientos religiosos”. “Todo para nosotros ha sido una sorpresa porque, de puertas hacia afuera, mantenían un comportamiento ejemplar y transparente, hasta que ha salido la causa”, ha insistido.

Ángel Escobar, que hasta este martes era vicepresidente de la Diputación, es desde entonces el nuevo presidente en funciones, mientras que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que también es secretario del PP de Almería, ha asumido también la presidencia del partido en la provincia, que también ostentaba García. El PSOE municipal ha reclamado su cese como concejal del Ayuntamiento de Almería.

La Diputación, en el punto de mira de la justicia

Moreno estuvo en un acto en esa provincia con el propio García, celebrado un acto en uno de los auditorios que el presidente de la Diputación tiene con su propio nombre en Balanegra, la ciudad natal del presidente. Dos semanas antes, el dirigente popular había incluido a García en su Ejecutiva regional como vocal. Dos días después, era detenido por la UCO en el marco de una investigación por contratación irregular.

La Diputación de Almería lleva décadas en el punto de mira de investigaciones de presuntas contrataciones irregulares, la mayoría vinculadas con la constructora Hispano Almería, adjudicataria de obras en distintos municipios de Almería, como Almería, Roquetas de Mar, Carboneras, La Mojonera o Níjar, y también vinculados a una presunta financiación irregular del PP de Almería, desde la época en la que Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, presidía el ente supramunicipal, que ese partido lleva gobernando ininterrumpidamente desde 1995 -con la llegada de Rodríguez-Comendador- hasta la actualidad, salvo entre 1999 y 2003. Casi todos estas causas, como recuerda Luis Montoya, miembro de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayat), una de las principales impulsoras de estas investigaciones, han sido archivadas o están en punto muerto, “después de instrucciones basadas en informes de la Udef, muy largas, troceadas y con muchos técnicos y funcionarios municipales involucrados”, recuerda.

Desde la época de Rodríguez-Comendador, ahora en el senado, “ha existido coincidencia entre la presidencia de la Diputación provincial, la del Partido Popular en la provincia y, en paralelo, en los municipios de los que eran alcaldes”, sostiene Montoya, en referencia también a Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, al frente de la institución 17 años, de 2004 a 2021. García fue su vicepresidente y Giménez el jefe de gabinete de Amat. Ambos llegaron a la cúpula de la Diputación, junto con Liria, cuando el regidor roqueteño abandonó sus funciones al frente de esa institución. “Es un trío que siempre ha actuado en sintonía”, sostiene una fuente conocedora de la amistad y la relación entre los tres dirigentes de la Diputación ahora encarcelados.

“Las diputaciones provinciales tienen planes de inversión y son las que destinan la mayoría de los fondos a Ayuntamientos pequeños con poco presupuesto, es una manera de controlar y tener contentos a estos municipios y garantizarse luego el voto, así es como ha funcionado en Almería la Diputación desde que está el PP”, sostiene Montoya que, a través de Amayat ha descrito ese modus operandi en muchas de las investigaciones judiciales que se han desarrollado en torno a presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública. “Y muchas de estas empresas siempre están vinculadas con familiares de políticos del PP o son gestionadas por ellos”, abunda.

Hasta ahora y pese a que la mayoría de casos en los que se investigaba la corrupción se concentraban en Almería, Moreno no había entrado a tocar la estructura de poder provincial en una formación que nunca lo apoyó cuando desembarcó en Andalucía para tomar las riendas del partido. “Era un feudo electoral, aparentemente bien engrasado”, sostiene esa misma fuente. “Hasta ahora los casos que se investigaban no habían ido más allá de alguna imputación, pero todos los dirigentes sobre los que rondaban las sospechas nunca habían aparecido como investigados en las causas, se podía pensar que lo mismo iba a pasar con este caso, después de tanto tiempo de instrucción”, señala el mismo interlocutor. Ahora, dicen miembros del entorno el presidente, la cosa va a ser distinta. “Rodarán cabezas, si tienen que rodar”, advierten.