La UCO detiene a Óscar Liria, exvicepresidente de la Diputación de Almería, en el marco de la investigación de contratos irregulares

El 15 de junio de 2021 la Guardia Civil detenía a Óscar Liria, entonces vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, por haber cobrado presuntamente mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros de un contrato de suministros sanitarios por dos millones de euros adjudicado por esa entidad supranacional a la empresa Azor Corporate Ibérica, propiedad de Kilian López, investigado por narcotráfico y tráfico de armas. Se abría así el primer caso mascarillas de España que, cuatro años después, sigue en fase de instrucción.

Esta investigación ha dado lugar a nuevas pesquisas que apuntan a adjudicaciones de obras presuntamente irregulares por parte de la Diputación a una red de empresas, sospechas que llevaron el martes a la detención de siete personas por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, entre ellas su presidente, Javier Aureliano García, y vicepresidente, Fernando Giménez, y que se ha culminado este miércoles con el arresto de Liria —sobre el que pivota buena parte de las indagaciones realizadas en todo este tiempo—, tal y como han confirmado fuentes de la investigación.

El resto de detenidos —cinco en total, entre ellos también el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez Simón, tío de Liria; y su hijo, además de otras tres personas, que han sido puestas en libertad, pero continúan dentro del proceso en calidad de investigados— han pasado la noche en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, donde el hermetismo respecto a su situación es total. Se espera que a lo largo de la mañana reciban la visita de sus respectivos abogados para pasar a disposición judicial este jueves, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Será entonces cuando se determine si ingresan en prisión provisional.

Liria ya estuvo en prisión los días posteriores a su detención en 2021. Entonces, los agentes de la Guardia Civil encontraron en su domicilio 26.750 euros distribuidos en tres sobres y en distintas prendas de vestir. Ese mismo día también encontraron al hijo del regidor con 119.945 euros en metálico, cuando salía de casa de los padres de Liria.

El exvicepresidente de la Diputación es quien propuso en plena pandemia que la Diputación contratara una partida de mascarillas y material sanitario con Azor, cuyo titular, Kilian López, también está emparentado con su tío, el alcalde de Fines, al ser sobrino de su excuñada —también investigada—. En el sumario constan conversaciones de WhatsApp entre Liria y Giménez en el que el primero insta al segundo a que se firme esa adjudicación: “Tu amigo el de las mascarillas, ¿qué idioma habla? Porque si habla inglés le podemos comprar un buen puñado”, le dice el segundo al primero. Giménez ya estaba imputado por este caso y la UCO considera que cobró el 10% de las comisiones obtenidas por ese contrato supuestamente fraudulento.

Liria y Giménez compartían un vocabulario específico y alternativo, un “lenguaje codificado”, de acuerdo con el informe que la UCO remitió al juzgado el pasado mes de mayo, donde los agentes infieren que cuando aluden a “talla 20″ o “talla 10″, se refieren al porcentaje que iban a recibir por los contratos irregulares. Pero además de sus conversaciones, ambos estaban en otro chat conjunto con el presidente de la Diputación, llamado Naranjito. En él también hablaron del contrato de las mascarillas. “Óscar… hay que ver la que tienes liada con las mascarillas!!!!”, dice el presidente de los populares almerienses, a lo que aquel le responde: “Yaaaaa, pero quiero que veáis cómo está la situación, tío. No quiero que te veas sin tener material para la residencia…”. Vas a dar lugar a que le meta fuego a las mascarillas”, le responde Aureliano, a lo que Liria le replica con un “Jaaaa”, que Aureliano continúa con un “Callaaaaa yaaaaaa”. Liria termina la conversación: “Bueno tío que esto se está poniendo muy feo”.

Esas son las únicas conversaciones en las que García aparece citado en el sumario, pero ese chat es muy relevante para el PSOE, que ejerce de acusación popular, porque evidencia que entre los tres intercambiaban información sobre contratos con un acusado grado de confianza. Por eso, a finales del pasado mes de octubre solicitaron a la jueza que instruye el caso que citara al presidente de la Diputación para poder declarar en sede judicial. En la petición también se requería que se intervinieran sus terminales y comunicaciones.

Las otras declaraciones del presidente de la Diputación

Este jueves será la primera vez que García declare en sede judicial. Hasta ahora lo había hecho ante los investigadores de la UCO, el 23 de marzo de 2022, y en el Congreso de los Diputados, el 27 de junio de 2024, en el marco de la comisión de investigación sobre el caso Koldo. En ambas reconoció que él había firmado el contrato de material sanitario y que jamás había conocido a Kilian López. Los agentes también le preguntaron entonces por Pulconal, otra empresa de López a la que la Diputación había adjudicado obras por 375.939,05 euros entre 2017 y 2021. El presidente sostuvo que solo tuvo conocimiento de esa mercantil desde el día en que detuvieron a su vicepresidente tercero y que cuando preguntó por los contratos menores, que él firmó —como todas las resoluciones que aprueba el órgano de contratación de la Diputación porque lo contrario sería “una auténtica prevaricación”, según afirmó en la comisión del Congreso—, los técnicos le aseguraron que todos estaban en regla.

Pero son esos contratos de obra pública los que ahora ocupan a la jueza que investiga el caso mascarillas y por los que ordenó a la UCO este martes que realizara registros en inmuebles particulares, sedes de instituciones públicas y mercantiles. En abril del año pasado, la instructora ya ordenó a la Diputación de Almería entregar toda la documentación relacionada con seis contratos adjudicados a OYC Servicios Urbanos, empresa que la UCO considera que es del alcalde de Fines, aunque está gestionada a través de una tercera persona. La magistrada quería esclarecer si había sido beneficiada de esos trabajos porque Pulconal había sido avisada previamente por parte de los responsables de la Diputación para que no presentara ofertas o, al contrario, concurriera con otras no competitivas y así poder justificar las concesiones a OYC.

En esta parte de la investigación son determinantes los mensajes que se envían Francisco Liria, hermano del exvicepresidente que acaba de ser detenido de nuevo, y que también está imputado, y Kilian López. “Francis. Más obras en el correo Sufli y Ballarque [municipios almerienses], no nos presentamos. Me acaban de llamar de Diputación. Anota esas dos para cuando lleguen, no nos presentemos”, le dice el segundo al primero.

Francisco Liria aparece como administrador de una empresa a través de la que López trató de blanquear el dinero obtenido del contrato de las mascarillas —un millón de los dos millones que la Diputación abonó por el material— y también está vinculado, con su hermano, en la adquisición de una administración de Lotería en Adra, a través de otra empresa y otro testaferro, por la que se desembolsaron 500.000 euros. La UCO sospecha que esa compra se realizó para blanquear dinero proveniente de mordidas. Tampoco encuentra explicación al regalo de tres coches de alta gama —uno para Óscar Liria, otro para Francisco y otro a nombre de otra entidad también investigada en la trama—, ni a los 20.000 euros que la novia del exvicepresidente de la Diputación, también imputada, dio como entrada para una casa en Huércal-Overa, donde ella era concejal del PP.

Mientras, en la Diputación Provincial de Almería es el primer día en el que Ángel Escobar, hasta ahora vicepresidente primero, asume la presidencia en funciones del organismo. En la sede principal de la institución, ubicada en el centro de la capital almeriense, se respira un ambiente mucho más tranquilo que el del martes, cuando los agentes de la UCO registraron los despachos del presidente y el vicepresidente segundo de la institución. Los trabajadores buscan recuperar la normalidad más allá de la resaca de la jornada del lunes, vivida con “mucha presión” según traslada uno de los empleados.

El Partido Popular almeriense está encerrado a cal y canto y todavía no se ha pronunciado sobre las detenciones. Tampoco respondía nadie al porterillo de su sede en el centro de la capital a última hora de la mañana, ubicada en un tercer piso del Paseo de Almería. Fuentes de la formación explican que, de momento, prefieren no hacer declaraciones, a pesar de que han pasado más de 24 horas del arresto de su presidente provincial desde 2021, que aún sigue en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería pendiente de pasar a disposición judicial.