La policía detecta “pagos irregulares” al PP de la constructora Hispano Almería por el polideportivo de Carboneras

La investigación de las adjudicaciones de obras a la constructora Hispano Almería por parte de la Diputación de Almería y varios municipios de esa provincia es una madeja de la que cada vez que se tira del hilo afloran nuevas supuestas irregularidades que apuntan a un sistema de pagos generalizado por parte de la empresa al PP almeriense. El último informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha remitido a la jueza del Juzgado de Instrucción Número 3 de Almería que instruye la causa constata un pago de 8.500 euros al “PP Almería (Diputación)” presuntamente vinculado con la construcción del polideportivo municipal de Carboneras (8.183 habitantes) en cuyo proceso de contratación los investigadores también aprecian múltiples irregularidades.

El informe del Grupo II de Blanqueo de capitales de la UDEF, fechado el pasado 8 de febrero, y al que ha tenido acceso este diario, señala que el recibí de 8.500 euros “refleja pagos irregulares al Partido Popular en el seno de la Diputación de Almería en relación con el expediente de obras número 336, que coincide con el expediente de obras del polideportivo de Carboneras”. Esta edificación, que comenzó a construirse en febrero de 1999 y se consideró terminada en enero de 2010 —aunque las últimas obras de acondicionamiento se acometieron en 2017―, se realizó en ocho fases, con dos modificaciones posteriores, las cuatro primeras a cargo de la Diputación de Almería. El pago que se estudia está fechado el 8 de febrero de 2002. Para los investigadores la fecha es relevante: “es cuando se terminaron las obras de la fase 3 y 4 y la adjudicación de las obras se produjo en una fecha próxima en el tiempo, el día 4 de junio de 2001″.

La cercanía entre el recibí y la contratación de la ejecución “podría ser indicador de la existencia de sobornos por parte de Hispano Almería hacia cargos públicos de la Diputación de Almería, al objeto de que se adjudiquen las obras a la mercantil”, sostiene la UDEF. En su informe concluye además que en el polideportivo de Carboneras, en el que se han invertido alrededor de 15 millones de euros, parte sufragada a cargos de fondos europeos y subvenciones de la Junta de Andalucía, se “aprecia como posible esquema de actuación” un la línea de vasos comunicantes que parten del órgano de contratación —la Diputación y el Ayuntamiento del municipio—, pasan por un procedimiento de adjudicación irregular, para llegar hasta la adjudicataria —Hispano Almería, S. A.— y que volvería a la casilla de salida (los contratantes) a través de los recibís. “La conexión causal entre el recibí, las irregularidades en los procedimientos de concesión, la adjudicación en todos los casos a Hispano Almería, emisor de los recibís, se torna en algo más que una mera conjetura o hipótesis de trabajo”, señala la UDEF.

La policía no pasa por alto tampoco que en la esquina superior derecha del recibí aparece la letra B, “donde normalmente en un apunte contable o en un recibí tiene connotaciones derivadas de una contabilidad paralela o bien contabilidad de elementos no declarados a las autoridades fiscales”.

Las irregularidades que han detectado los investigadores abarcan las ocho fases en las que se dividió el proyecto de ejecución. Las cuatro primeras, que comienzan con la adjudicación a Hispano Almería el 2 de diciembre de 1998 y llegan hasta el 4 de junio de 2001, se realizaron por encargo de la Diputación, que en ese período estuvo dirigida por Luis Rogelio Rodriguez-Comendador Pérez (1995 y 2003). La UDEF concluye que en las cuatro fases se usó de manera incorrecta el procedimiento negociado —el modelo de contrato que se empleó en la adjudicación—, “que hace que impere la arbitrariedad en el proceso de contratación, siendo siempre la beneficiaria de las irregularidades la adjudicataria Hispano Almería”. En el caso de las fases 3 y 4 —las que coinciden con la fecha del recibí al PP de Almería (8 de febrero de 2002)―, también se llama la atención sobre la “separación artificiosa” entre ambas que, de acuerdo con los investigadores “pudiera tener como finalidad eludir el control del Tribunal de Cuentas”.

El resto de las fases fueron otorgadas por el Ayuntamiento de Carboneras, cuando su alcalde era Cristóbal Fernández (PSOE) —el mismo que impulsó la construcción del hotel en la plata del Algarrobico―. La UDEF en todas las adjudicaciones a Hispano Almería observa múltiples irregularidades entre ellas “ausencia de justificación de la solvencia económica de los candidatos al concurso o de la valoración de los criterios de adjudicación de los contratos”. En el caso del Ayuntamiento existe otro recibí de Hispano Almería a nombre de Manolo Rodríguez, el arquitecto municipal de Carboneras, por valor de 12.000 euros en concepto de comisión de venta de terrenos relacionados con la construcción de una promoción de chalets que también investiga la UDEF dentro de la causa.

Ocho años de investigación

Los pagos a técnicos municipales, como al propio PP, son uno de los supuestos modus operandi de Hispano Almería y que ya se están investigando en piezas separadas referentes a las adjudicaciones de obras en los Ayuntamientos almerienses de Roquetas de Mar y de La Mojonera, en los que hay ya una veintena de imputados. La consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, llegó a figurar entre las personas llamadas a declarar como investigadas en la pieza de La Mojonera, pero la juez que instruye el caso anuló la imputación al estar aforada.

La macrocausa que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Almería se inició en 2014 tras la denuncia de dos antiguos trabajadores de Hispano Almería. Entre la documentación que aportaron se encuentran 140 recibís comprendidos entre el 19 de noviembre de 1998 y el 7 de septiembre de 2009 y el listado de obras vinculado La investigación policial determinó que el PP de Almería —a organización más poderosa del partido en Andalucía― financió sus campañas electorales municipales de 2003 y las autonómicas de 2008 con comisiones ilegales procedentes de la constructora. La investigación judicial trata de determinar si la empresa mantuvo un sistema de pagos al PP a cambio de la adjudicación de obras y si hubo enriquecimiento ilícito de sus dirigentes.

A lo largo de estos años, la UDEF también ha emitido informes policiales vinculados a otro grupo de recibís que podrían estar relacionados con campañas electorales y medios de comunicación y un tercer grupo que estaría relacionado con actuaciones en municipios e instituciones de Vícar, Níjar, Carboneras, Almería capital y la Diputación.