La jueza de la ‘caja b’ del PP de Almería investigará en piezas separadas supuestos pagos irregulares en Carboneras, Níjar y Vícar

La jueza Ana Belén Vico sigue deshilvanando el denso ovillo en el que se ha convertido la macrocausa judicial que investiga desde 2014 el sistema de pagos de la constructora Hispano-Almería a través de supuestas comisiones ilegales al PP de Almería y a algunos de sus miembros a cambio de adjudicaciones de obras. Tal y como ha venido haciendo en los últimos meses, la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Almería ha decidido abrir piezas separadas en función de los ayuntamientos cuyas contrataciones están bajo sospecha, y ha ordenado formar una nueva para Carboneras, para Níjar (ambas gobernadas por el PP) y para Vícar (PSOE), que se suman a las ya en marcha para Roquetas de Mar y La Mojonera. La causa principal sigue teniendo como objeto las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Almería y la Diputación de esa provincia.

En el auto firmado el 24 de marzo de 2022, y al que ha tenido acceso este diario, la jueza determina la formación de tres piezas separadas “por la actividad que en el ámbito de la contratación pública habría desplegado el grupo Hispano con los ayuntamientos de Carboneras, Níjar y Vícar esencialmente entre los años 2000 a 2010″ para determinar “la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y organización y grupo criminal”. La jueza comparte “íntegramente”, según señala en su escrito, los fundamentos para esta división que “detallado informe del Ministerio Fiscal”.

En el caso del Ayuntamiento de Carboneras (8.183 habitantes), como ya adelantó este diario, además de la construcción de una promoción de viviendas, se investiga el expediente de obra correspondiente al polideportivo municipal, una construcción que comenzó a construirse en 1999 y se consideró terminada den 2010, aunque permaneció en desuso hasta 2017 y en la que se invirtieron 15 millones de euros. Entre los recibís investigados figura un pago de 8.500 euros, en concepto de “PP Almería Diputación”, y la letra b escrita en la esquina derecha. “Refleja pagos irregulares al Partido Popular en el seno de la Diputación de Almería en relación con el expediente de obras número 336, que coincide con el expediente de obras del polideportivo de Carboneras”, indica el informe policial de la UDEF, remitido a los juzgados.

En el caso de Níjar (31.458, habitantes), se están investigando una docena de expedientes de distintas obras firmados entre 2008 y 2009, entre ellas acondicionamientos o reurbanizaciones de zonas urbanas y carreteras. Pero llama la atención un recibí con fecha de 10 de marzo de 2008 en el que claramente se estipula un pago de 25.000 euros con el concepto: “PP Níjar Elecciones 2008″. El informe de la UDEF advierte de que un día antes, el 9 de marzo, habían coincidido la celebración de las elecciones generales y las autonómicas en Andalucía. “En Níjar ganó el PP, que obtuvo el 63,38% de los votos emitidos”. La referencia de la construcción a la que está vinculado el pagaré es una “Reforma en Colegio Universitario Almería”.

También aparece en el concepto el término: “Elecciones 07″ en un recibí con un número de obra correspondiente a la “Construcción de Espacio Escénico” por valor de 36.000 euros, cobrado el 3 de mayo de 2007 por el Ayuntamiento de Vícar (27.398 habitantes), gobernado por el socialista Antonio Bonilla, quien ostenta el cargo de alcalde desde 1999 —si bien antes también lo fue, aunque por períodos de un año, entre 1994-1995 y 1998-1999—. En 2007 se celebraron elecciones municipales y el PSOE obtuvo la mayoría absoluta —como acostumbra en ese municipio― con el 54,02% de los votos. La juez está pendiente de que la UDEV le traslade el informe sobre la actividad del consistorio vicario con el grupo Hispano-Almería, según se señala en el auto.

Hasta ahora, de la macrocausa se habían escindido dos piezas separadas: la relacionada con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (98.725 habitantes), dirigido desde hace 26 años por Gabriel Amat, presidente de honor del PP almeriense, al que la policía sitúa en el centro de las irregularidades detectadas en 62 obras otorgadas a la constructora Hispano Almería, pero que no figura como investigado en esta causa que se instruye en el Juzgado Número 3 de Almería. Las pruebas clave en este proceso son los recibís de supuestos pagos con aportaciones para las municipales de 2003 en Roquetas de Mar por 36.000 euros —la misma cantidad que aparece consignada en el recibí de Vícar―. La jueza ha imputado al secretario del Ayuntamiento, Guillermo Lago; a la concejal de Hacienda y Contratación, Teresa Fernández; al exinterventor Luis Ortega; y a tres técnicas municipales.

En el caso de La Mojonera (9.086), la jueza ha llamado a declarar en calidad de investigados a 19 personas, entre ellas quien fuera su alcalde entre 2003 y 2005, José Cara. Cara era socio de una filial de Hispano-Almería y nunca informó de esa vinculación cuando se adjudicaron obras a la constructora. La mayor parte de los encausados son exediles del Ayuntamiento que en 2006 votaron a favor del reconocimiento extrajudicial de créditos para el pago de permutas, con informe desfavorable de secretaria e intervención, además de dos secretarios de la mesa de contratación en ese mismo año. La magistrada también imputó a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, por su presunta participación en la concesión de una subvención a la construcción del Museo de Agricultura en el municipio de La Mojonera, pero tuvo que retirar la imputación al ser aforada.

La macrocausa que investiga el Juzgado de Instrucción Número 3 de Almería se inició en 2014, tras la denuncia de dos antiguos trabajadores de Hispano-Almería. Entre la documentación que aportaron se encuentran 140 recibís comprendidos entre el 19 de noviembre de 1998 y el 7 de septiembre de 2009 y el listado de obras vinculado. La investigación policial determinó que el PP de Almería —la organización más poderosa del partido en Andalucía― financió sus campañas electorales municipales de 2003 y las autonómicas de 2008 con comisiones ilegales procedentes de la constructora. La investigación judicial trata de determinar si la empresa mantuvo un sistema de pagos al PP a cambio de la adjudicación de obras y si hubo enriquecimiento ilícito de sus dirigentes.