Las medidas bloqueadas en el decreto ómnibus afectan a más de 15 millones de personas

Las 21 medidas contenidas en el decreto ómnibus del llamado escudo social derrotado el martes en el Congreso (entre las que se incluyen la revalorización de las pensiones) paralizan ayudas, subvenciones y beneficios económicos que afectan directamente a más de 15 millones de ciudadanos, según datos del Ejecutivo. En ese paquete que rechazaron PP, UPN, Vox y Junts estaba la subida del 2,7% para los 9.455.429 pensionistas pero también la prohibición de desahucios para los inquilinos más vulnerables, que fue el argumento del bloque de la derecha parlamentaria para su oposición. El Gobierno busca ahora una solución de urgencia, pero esos partidos exigen que se lleve en solitario la subida a los pensionistas. Pedro Sánchez ha utilizado los decretos ómnibus en los tres ejercicios de esta legislatura sin Presupuestos, como hizo el de Mariano Rajoy en los tres en que tuvo problemas presupuestarios.

La hemeroteca de declaraciones públicas es terrible para Pedro Sánchez en relación al abuso de los decretos que hacen los presidentes cuando llegan a La Moncloa y no suman los votos suficientes para sacar normativamente sus proyectos de Presupuestos Generales del Estado. En el último ejercicio de Mariano Rajoy, antes de dejar el Gobierno por una moción de censura en junio de 2018 y tras tardar varios meses en sacar adelante aquellos Presupuestos por falta de apoyos y votos, el entonces líder del PSOE le achacó al dirigente popular varias veces y con contundencia que “menospreciaba al Parlamento” por “gobernar a golpe de decreto ley”, por tener “alergia a dar la cara” en el Congreso y por recurrir a ese ardid parlamentario previsto en teoría solo para situaciones de emergencia y muy excepcionales. Esos vídeos son ahora muy virales y Sánchez ha batido esas marcas. Rajoy llegó a firmar 107, pero Sánchez casi alcanza 170.

Los socialistas defienden que Sánchez recurre a los decretos ómnibus como hizo Rajoy en los tres ejercicios en los que no pudo empezar el 1 de enero con los Presupuestos aprobados para que una serie de medidas, ayudas, subvenciones y exenciones previstas en las cuentas públicas y que deben renovarse puedan estar vigentes desde el primer mes, como sucede con las pensiones.

El Consejo de Ministros actual aprobó a finales de diciembre un incremento general del sistema de pensiones con un aumento del 2,7%, un 7% para las mínimas sin cargas familiares y un 11,4% para las mismas con cargas, porcentaje de subida que también se quiere aplicar a las pensiones no contributivas y al Ingreso Mínimo Vital. En enero, esos incrementos se han pagado, pero los decretos tienen que convalidarse en un mes para mantenerse vigentes. Es lo que no sucedió este pasado martes.

PP, Vox y Junts echan la culpa de lo ocurrido al Gobierno por llevar en ese decreto todo mezclado, como se ha hecho más veces y ha ocurrido hasta en cuatro ocasiones en autonomías como la madrileña que dirige Isabel Díaz Ayuso cuando sufría los mismos inconvenientes de falta de votos. PSOE, Sumar y los demás socios que sí respaldaron el decreto han puesto el acento en todos los perjudicados directos por esa votación.

El colectivo más afectado son los 9.455.429 pensionistas, que están pendiente de la actualización en febrero de su pensión con carácter general un 2,7% y peor aún los 2.112.987 que perciben una mínima, que pretendía elevarse entre un 7% y un 11,4%. Se verían también perjudicados los 799.553 hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y, dentro de ellos, los 563.272 que cobran el complemento de ayuda para la infancia; los 1.725.902 beneficiarios del bono social eléctrico y los 1.649.625 apuntados en el bono social térmico.

Tampoco se le aplicaría la supresión de la obligación de presentar la declaración del IRPF a los 868.450 perceptores de la prestación por desempleo (modalidad contributiva) y a los 1.200.996 autónomos que cotizan por el régimen de estimación objetiva (módulos) no se les corresponderían los nuevos límites establecidos para tributar, de los que 818.954 corresponden a actividades agrícolas y 382.042 a no agrícolas.

En la norma había beneficios en los coeficientes de cotización adicional a la Seguridad Social en la jubilación anticipada para cerca de 20.000 bomberos forestales y alrededor de 6.000 agentes forestales y medioambientales. Y a los 37.960 facultativos profesionales de los equipos de atención primaria (médicos y pediatras) se les quería dar un margen de un año para compatibilizar su pensión de jubilación y el trabajo. El decreto quería alargar otro año la moratoria de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, que el año pasado implicó a unos 58.000 arrendatarios y que fue la chispa que arguyeron PP y Junts para justificar su desmarque.

Todos esos colectivos superan los 15 millones de personas. Y eso sin contar los que pensaban apuntarse a los incentivos fiscales del 15% y hasta un máximo de 20.000 euros para la adquisición de coches eléctricos nuevos o las exenciones personales para los perjudicados por los incendios del pasado verano o las prórrogas de las ayudas para los dañados por la dana. Entre las previsiones del decreto estaban también los 20.000 millones que las Comunidades Autónomas dejarán de percibir al no haberse prorrogado las entregas a cuenta. Muchas de esas medidas estaban ya en el decreto ómnibus derrotado por esos partidos el año pasado. En el PSOE retan ahora a PP, UPN, Vox y Junts a que precisen cuáles borrarían.