La UCO investiga el ‘pitufeo’ en la trama corrupta de la Diputación de Almería

El pasado 19 de noviembre, solo un día después de que fuera detenido el entonces presidente de la Diputación Provincial de Almería, el popular Javier Aureliano García Molina, por su presunta implicación en una trama de corrupción, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil interrogaron como testigos a una veintena de personas. Además de empresarios y gestores de diferentes mercantiles que tuvieron vínculos con las sociedades de la supuesta trama, aquella jornada también declararon dos empleadas de hogar, cinco inquilinos, el dueño de una agencia de viajes y propietarios de parcelas. A todos ellos, los investigadores les preguntaron si el político del PP les pagaba sus servicios, les cobraba el alquiler o quiso adquirir sus propiedades con dinero en efectivo, según se recoge en las actas levantadas por sus declaraciones y a las que ha tenido acceso EL PAÍS.

Del contenido de las preguntas, se desprende que el objetivo principal de estos interrogatorios era recabar indicios de un supuesto blanqueo realizado por el exdirigente del PP almeriense mediante el método conocido en la jerga policial como pitufeo, consistente en el lavado de fondos de origen ilícito mediante una multitud de pequeños movimientos de dinero para evitar levantar sospechas. En el auto en el que el juez de Almería Eduardo Martínez Gamero ordenaba la detención del cargo público ya tildaba de “llamativo [...] el uso de dinero efectivo por parte de un empleado público como Javier Aureliano García”, así como el origen desconocido de parte de los fondos que manejaba y que le permitieron, por ejemplo, hacer frente a las cuotas hipotecarias de un inmueble. En casa de su hermana, los agentes encontraron un sobre con 7.620 euros con la anotación manuscrita “este dinero es de Javier Aureliano”.

La investigación atribuye al exdirigente del PP almeriense, en libertad provisional mientras continúa la instrucción de la causa, la presunta comisión de los delitos de organización criminal, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo por su presunta implicación en el supuesto amaño de contratos en la Diputación que presidía, entre ellos un contrato de más de 2 millones de euros para laº compra de mascarillas durante la pandemia. Tras su arresto, dimitió de su cargo.

Empleadas de hogar

Una de las primeras en ser llamada a declarar fue M.C.T.G., una mujer que acudía al domicilio del entonces presidente de la Diputación almeriense a planchar la ropa. La testigo aseguró a los agentes que conocía a García desde hacía al menos siete años, cuando ella tenía un negocio que daba este servicio y que tuvo que cerrar por las restricciones provocadas por la pandemia. Entonces, añadió, pasó a hacer ese trabajo para el político en su domicilio “sin ninguna relación contractual ni estar dada de alta en la Seguridad Social”. Por ello cobraba “11 euros por hora” y “siempre” en efectivo.

“Había semanas que iba dos días, otras uno y a veces ninguno”, añadió. M.E.L.G., una segunda empleada de hogar, en este caso de Fernando Giménez, ex número dos de la Diputación y también detenido por su presunta implicación de la trama. Esta aseguró tener un contrato y estar dada de alta, pero que los 10 euros por hora que cobraba los recibía siempre en efectivo.

Un viaje a Ibiza

En esta ronda de interrogatorios, los agentes llamaron a J.M.L.O., socio y administrador de una agencia de viajes a través de la cual el expresidente de la Diputación almeriense había contratado varias estancias vacacionales en España y el extranjero. En su declaración, el testigo admitió haber organizado varios viajes para García Molina, así como para otro de los presuntos implicados, Óscar Liria, que fuera número tres del organismo público y que fue detenido en la primera fase de la investigación, en 2021.

Los agentes preguntaron insistentemente a este testigo por un viaje concreto, el realizado por García Molina y Liria a Ibiza en agosto de 2016, y cómo se había pagado. El dueño de la agencia afirmó que “lo normal” es que se abonaran sus servicios por transferencia, pero no descartó el pago en efectivo, aunque no lo recordaba “en este momento”.

Un informe de la UCO incorporado al sumario una semana antes de la detenciones apuntaba que tanto este viaje como otros dos realizados a Madrid de 2017 por el expresidente de la Diputación y Liria, y que tuvieron un “coste elevado”, fueron supuestamente sufragados con dinero en efectivo “en fechas próximas” a la adjudicación presuntamente irregular de algunos de las adjudicaciones bajo sospecha. Los agentes destacaban en aquel documento policial que no habían hallado correspondencia entre esos supuestos pagos en metálico y las retiradas en efectivo registradas en las mismas fechas en las cuentas bancarias de ambos, por lo que apuntaban al supuesto uso de fondos de origen ilícito.

Alquileres

En el atestado, los agentes también incluyeron la declaraciones de varias personas que pagaban por el alquiler de inmuebles propiedad de García Molina y sus hermanos, algunos de los cuales también han sido imputados por supuestamente colaborar en el blanqueo de las mordidas. Una de estas inquilinas, M.C.F.M, aseguró que pagaba por el local en el que tenía un negocio de hostelería algo más de 1.000 euros mensuales, pero que lo hacía mediante transferencia bancaria.

Una segunda, M.P.V.A., que tenía alquilado un piso en la localidad costera de Balanegra (3.000 habitantes), afirmó que pagaba 400 euros “siempre en efectivo”, y que se lo entregaba en mano a la hermana del expresidente de la Diputación, también imputada. Un tercero, M.M.H., afirmó que él tenía un alquiler con derecho a compra y que todo lo hacía mediante transferencia bancaria. Por su parte, F.I. afirmó que todos los meses entrega en metálico 300 euros por el alquiler de un piso a la hermana del expresidente de la Diputación, “entregándole esta un papel a modo de justificante del pago” que ya no conservaba.

Inversiones inmobiliarias

La Guardia Civil también recogió testimonios para indagar sobre supuestas inversiones inmobiliarias de García Molina tanto realizadas como fallidas. De hecho, en el auto en el que autorizó las detenciones, el juez ponía el foco en la adquisición de una parcela situada en la pedanía de Rodalquilar (180 habitantes) el pasado abril que, según destaca la resolución judicial, se pagó con 20.000 euros en efectivo de los que “se desconoce el origen”, ya que la UCO no localizó retiradas de efectivo de sus cuentas bancarias que pudieran justificarlo. Así, los agentes llamaron a declarar a M.A.R.L., quien aseguró conocer a José Aureliano García porque era su fisioterapeuta y que admitió que había hablado en varias ocasiones de invertir en parcelas, aunque añadió que las inversiones nunca se llegaron a materializar.

Otra testigo, C.G.R., afirmó que en los últimos meses una persona a la que no pudo identificar la llamó por teléfono para hacerle una oferta por un terreno que su familia tenía en la localidad de Rodalquilar, la misma en la que terminaría comprando un parcela García Molina. La mujer afirmó que esta persona “insistió mucho” y que parecía tener “mucha información” sobre el terreno y lo que se podía edificar en él. Pese a todo, finalmente rechazó la oferta y esta persona no volvió a contactar con ella. Por último, declaró M.C.M.C., administradora de una empresa que tenía en propiedad un terreno y una vivienda en Abrucena (1.235 habitantes) que finalmente fue adquirida por el exdirigente provincial del PP. La mujer aseguró no recordar el importe, aunque apuntaba que “no era una cuantía elevada”. Cuando los agentes le preguntaron si en aquella venta se pudieron producir entregas en metálico, ella no descartó “algún pago de dinero en efectivo, fuera o no de lo escriturado”.