Junts mostrará el alcance de su oposición en unos días con la financiación singular y la ley ELA

El líder de Junts, Carles Puigdemont, aseguró este lunes desde Perpiñán (Francia) que a partir de este jueves Pedro Sánchez “no podrá gobernar ni ejercer el Gobierno” ni soñar con unos futuros Presupuestos del Estado para 2026, porque sus siete diputados clave en el Congreso ya no formarán parte del bloque de la mayoría de investidura. Pero esa alianza no ha sido inquebrantable ya desde el inicio de este convulso mandato que llega ahora a su ecuador. Junts ha votado 22 veces contra leyes, decretos y proyectos de ese bloque, la mayoría de contenido económico. Esta semana, en el pleno, no hay votaciones relevantes, pero el Ejecutivo se prepara para evaluar ese tipo de oposición a primeros de noviembre en dos iniciativas muy simbólicas: una sobre la ley ELA y otra de ERC sobre la financiación singular para Cataluña.

El 16 de noviembre de 2023 Junts y PSOE firmaron un acuerdo de investidura con una serie de compromisos, que son los que ahora Puigdemont considera ampliamente incumplidos, pero unas semanas antes, en el mismo debate de la investidura de Pedro Sánchez la portavoz parlamentaria de esa formación, Miriam Nogueras, ya avisó de que ellos no deberían ser incluidos en ningún bloque. Y es lo que ha ejercido en estos dos años de mandato.

En la mayoría de las cerca de 1.200 votaciones registradas en estos 24 meses en el Congreso, Junts ha votado con los demás componentes de esa mayoría, que han ganado más del 90% de las votaciones, aunque también se ha ido desmarcando puntualmente a modo de aviso a navegantes para que el PSOE no se acabara nunca de confiar. Y lo hizo en una primera votación sobre la ley de amnistía, luego en varias relacionadas con impuestos a las grandes eléctricas y los bancos o más tarde sobre temas relacionados con la inmigración y la reducción de la jornada laboral. Se ha desmarcado así en 22 ocasiones, 16 votando con PP y Vox, y otras absteniéndose o no votando.

En muchos casos, los martes en los que se agendaban en la Junta de Portavoces del Congreso los asuntos para llevar al pleno, el interlocutor parlamentario del PSOE, Patxi López, tenía que reconocer que no sabía lo que pensaba hacer Junts ni con quién saldrían adelante muchas iniciativas. Y asumía esa incertidumbre con una mezcla de paciencia, cansancio e impotencia. Todo apunta a que ese panorama no va a cambiar demasiado, según vaticinan los responsables socialistas.

En el PSOE, su portavoz y secretaria general del grupo en el Congreso, Montse Mínguez, optó por destacar este lunes que incluso en esa situación el Gobierno ha conseguido aprobar 45 leyes, no sin problemas y negociaciones in extremis. Esa es la actitud con la que afrontan en el PSOE y Sumar esta nueva etapa. El Ejecutivo lleva varias semanas sin llevar al Congreso proyectos de ley para su aprobación los jueves, que es el día que les corresponde. Esta semana tampoco, por lo que no se esperan votaciones muy sorprendentes ni relevantes en contra.

El PP ha incluido en el orden del día para este martes una moción “sobre las prioridades del Gobierno en materia de cooperación territorial y el desarrollo de los compromisos multilaterales y bilaterales con las Comunidades Autónomas”. Eso generará ruido político. El miércoles, en la sesión de control, Nogueras no tiene cupo para interrogar al presidente y solo otro diputado de Junts preguntará a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, sobre cómo describiría la gestión que está haciendo de los derechos de los autónomos.

La semana que viene no hay pleno, pero para la siguiente sí se podría plantear un primer momento para examinar el estado de la relación en la que entran el PSOE y Junts en esta nueva fase. El Gobierno prevé llevar entonces al pleno la convalidación del decreto especial por el que se dota con 500 millones de euros la financiación de la ley ELA, que parecía contar con un apoyo casi unánime y se está complicando con algunas dudas y críticas del PP, y en particular de sus gobiernos autónomos en Galicia y Madrid, de Junts y de algunas asociaciones de afectados en ciertas regiones. El Ministerio de Derechos Sociales y ConELA, la plataforma que las agrupa, se están afanando por aclarar algunos ángulos oscuros de ese decreto para forzar de nuevo un respaldo prácticamente general.

La otra votación más que simbólica, que podría entrar en el primer pleno de noviembre, depende en principio de que la impulse ERC y tiene que ver con el nuevo modelo de financiación singular para Cataluña pactado entre esa formación y el PSC para facilitar la investidura del presidente catalán, Salvador Illa. Esa era la votación prevista. En el PSOE se preparaban ya incluso para encarar esa iniciativa. Pero ERC aún estudia si es el momento más oportuno para precipitar esa votación y esa derrota en el Congreso, que ahora no contaría con el apoyo del PP, Vox ni tampoco de Junts. El partido de Puigdemont ya avisó hace meses que esa financiación negociada bilateralmente entre PSOE y ERC es “insuficiente”, no es “nada singular” ni se aproxima a un concierto económico como el vasco. ERC, que está marcando distancias con las propuestas que barrunta el Ministerio de Hacienda para reformar la financiación, valora si conviene forzar la máquina y retratar ya a Junts o esperar un poco y optar por otro de sus proyectos más relacionado con la vivienda, una de las fijaciones de ese partido y de su portavoz, Gabriel Rufián, para demostrar que sí tiene sentido esta mayoría progresista de la XV legislatura.