Una veintena de cadáveres sepultados por 30 toneladas de piedras y basura

“Cuando han aparecido los primeros restos”, explica Luciano Montero, nieto de uno de los fusilados que se buscan en la mina La Paloma, en Zarza la Mayor (Cáceres), “hemos sentido un alivio enorme porque hoy [por este jueves] el Parlamento extremeño ha derogado la ley de memoria y probablemente no hubiéramos podido seguir. Pero ya han sacado tres cráneos con agujeros de bala y esto no lo para nadie. Quizá suene macabro, pero es como si nos hubiera tocado la lotería”. Como han hecho en otras comunidades, el PP y Vox han derogado la ley regional, impulsada, en este caso, por el Gobierno socialista del recientemente fallecido Guillermo Fernández Vara, para sustituirla por otra llamada “de concordia” que evita referirse al golpe de Estado de Franco en 1936 como tal —“La guerra civil española llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores”, reza el texto— y que tampoco llama dictadura a los casi 40 años de represión del régimen franquista. El diputado de Vox que ha defendido la iniciativa, Óscar Fernández, ha asegurado que la nueva norma “se centra en recuperar a personas queridas”, pero ni los partidos de la oposición ni los colectivos memorialistas extremeños se fían de que vaya a ser así.

Julián Chaves, catedrático de historia contemporánea responsable de la investigación que ha llevado a los arqueólogos y forenses de la sociedad de ciencias Aranzadi hasta la fosa, tampoco entiende por qué el PP y Vox han derogado la norma vigente hasta ahora y en cuya elaboración participó, con otros expertos. Explica que, en contra de lo que arguyen ambos partidos, la ley de memoria regional acogía a todas las víctimas, pero las solicitudes de apertura de fosas eran de familias del bando republicano porque las del bando nacional ya fueron reparadas durante la dictadura. “Era una norma que se ajustaba perfectamente a los convenios y tratados internacionales suscritos por España en materia de derechos humanos y que no había planteado problema alguno. No comprendo este sectarismo. Esto es una cuestión de Estado y urgente, no va de colores de políticos”.

En este paraje, una antigua mina de wolframio que funcionó en el siglo XIX, el equipo de Aranzadi busca a entre 22 y 24 personas. “Eran en su mayoría jornaleros de edades comprendidas entre los 20 y 40 años que fueron asesinados por ser militantes o simpatizantes de partidos u organizaciones de izquierdas. Creemos que entre las víctimas hay una mujer, maestra”, relata Chaves. Los trabajos, en los que participan una decena de especialistas, han sido muy complejos. “Los restos”, explica la antropóloga Lourdes Herrasti, “estaban a 36 metros de profundidad [el equivalente a un edificio de 12 plantas]. Llegar hasta aquí ha sido una tarea titánica porque tuvimos que sacar 30 toneladas de piedras, basura, neumáticos...”. La mina abandonada se encuentra en un lugar apartado y durante la guerra era utilizado por falangistas para hacer desaparecer los cadáveres de sus víctimas. El equipo ha colocado una cámara en la zona donde trabajan y una pantalla en la boca de la mina para que los familiares de los represaliados puedan seguir sus trabajos. “Cuando aparecieron los primeros restos”, relata Luciano Montero, “la gente se puso a llamar a todos sus familiares, llorando...”. El abuelo de Luciano —él se llama así por él—, tenía 29 años cuando lo mataron, un hijo de tres años y una hija de 40 días. “Era jornalero”, explica su nieto, “y nos enteramos de que podía estar aquí gracias al trabajo de Julián Chaves, que se dedicó durante años a recorrer los pueblos de la zona, recoger testimonios y documentos. En mi casa, ni mi padre ni mi abuela hablaron nunca de lo que había pasado. Tenían mucho miedo, les tocó convivir con los asesinos... A través de lo que comentaban otros, supo que a su padre lo habían matado en 1936″.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha lamentado este jueves la decisión del Parlamento extremeño. “Terrible paradoja que, justo cuando se encuentran los primeros cuerpos en la mina de La Paloma, el Gobierno de Extremadura, del PP, se pliegue a Vox al derogar la ley regional de memoria. Las familias, entre lágrimas, aliviadas por reencontrarse con sus seres queridos y el Gobierno de su autonomía dándoles la espalda. Este es un tema en el que todos los demócratas debemos estar unidos”. El Ejecutivo central calcula que quedan por recuperar de las fosas del franquismo los restos de unos 11.000 fusilados y la semana pasada aprobó una nueva partida de 2,4 millones de euros para la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil. La exhumación de Zarza la Mayor se ha financiado con fondos de la Diputación de Cáceres. Hasta ahora, el Gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional la derogación de las leyes regionales de memoria en las comunidades en las que el PP necesita el apoyo de Vox. Relatores de Naciones Unidas ya instaron en mayo de 2024 al Gobierno de España a “adoptar las medidas necesarias” contra las llamadas leyes de concordia aprobadas por la derecha y la extrema derecha tras alertar sobre el riesgo que implica el “negacionismo”.