Algo de luz en el Congreso al asesinato de García Caparrós en 1977

Purificación, Dolores y Paqui García Caparrós podrán tener acceso al fin desde la tarde de este martes a los archivos hasta ahora secretos de que dispone el Congreso sobre la muerte de su hermano, Manuel José Caparrós, tras recibir varios disparos de un policía en una manifestación en favor del estatuto de Andalucía en Málaga en 1977. La Mesa de la Cámara baja aprobará así, con la actualización de cómo se regulan sus archivos, desbloquear el último escollo para esclarecer algo más el asesinato del joven sindicalista con el voto a favor del PSOE y Sumar. La iniciativa se enmarca dentro de un Plan de Parlamento Abierto del Congreso, que incluye otros casos similares.

Manuel José García Caparrós, de 18 años, trabajaba en Cervezas Victoria y era sindicalista de Comisiones Obreras. El 4 de diciembre de 1977, en plena efervescencia de la Transición democrática, había acudido a la manifestación que discurrió por Málaga en defensa de la autonomía andaluza cuando se produjo un tumulto a la altura de la Diputación malagueña, cuyo presidente se negó a colgar la bandera andaluza en ese edificio institucional. Otro joven de 18 años, Juan Manuel Trinidad Berlanga, escaló hasta el balcón para colocar la enseña verdiblanca y fue entonces cuando salieron policías de la sede de la Diputación usando balas de goma y bombas de humo. La manifestación se partió en dos y en otro momento, a la altura del puente de Tetuán, un policía usó su arma reglamentaria, mató con una bala del calibre 9 mm a García Caparrós y lo transformó en una leyenda referente para las siguientes generaciones.

Sus hermanas, Purificación, Dolores y Paqui, emprendieron desde entonces una lucha contra todo para esclarecer esa muerte, sin grandes aliados. Izquierda Unida fue el partido que más se destacó en su ayuda y el que logró, 36 años después de la muerte del joven, que se le distinguiese como hijo predilecto por parte de la Junta de Andalucía. Fue IU también la formación que registró y reclamó numerosas iniciativas parlamentarias y la que pugnó por conocer la información verdadera sobre el suceso en la comisión de encuesta (de investigación) que se constituyó en enero de 1978 en el Congreso.

Los letrados de las Cortes determinaron entonces, y sin correcciones ante posteriores reclamaciones, que los policías y testigos que comparecieron y ofrecieron sus testimonios ante aquella comisión lo habían hecho porque se les prometió que sus aportaciones permanecerían en secreto 50 años. Han pasado casi 48.

La Mesa del Congreso aprobará este martes, con la mayoría de los cinco miembros del PSOE y Sumar y tras varios anuncios anteriores y promesas incumplidas, reformar y actualizar la instrucción por la que se regula el archivo de la Cámara, que da de julio de 1984, en consonancia con el desarrollo del primer Plan de Parlamento Abierto y con los nuevos tiempos y los avances que, en materia de transparencia, se han producido en todo tipo de ámbitos. Sumar recogió el testigo de IU y volvió a registrar en enero pasado otra propuesta para cambiar la norma, adaptarse a los tiempos y entregar la información disponible “sin anonimizar nombres propios”, como se había hecho hasta ahora tachando numerosos datos e identidades.

La modificación más sustancial, en especial para el caso del asesinato de García Caparrós, pero también para algún otro similar, es la que afecta al artículo 6.1 F, que ahora precisa mejor y de manera más accesible quién puede tener permiso para llegar a determinados documentos hasta ahora declarados secretos, según la ley de Memoria Democrática. Todo el artículo 6 es un compendio de excepciones al principio general de acceso a los archivos.

Ese apartado F abre la puerta a las hermanas García Caparrós y a otros familiares de víctimas, de manera más ágil que a grupos políticos o historiadores, como había sucedido muy esporádicamente hasta ahora: “Cuando la solicitud de acceso provenga de un interesado o de sus herederos, no será de aplicación lo dispuesto en el apartado c) del artículo 57.1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español a los fondos documentales, cualquiera que sea su naturaleza u origen, depositados en el Archivo del Congreso de los Diputados sobre el golpe de Estado, la Guerra, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera antifranquista, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y sobre la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978″.