Sumar pide al Congreso que desclasifique de su archivo documentos secretos sobre uno de los crímenes de la Transición nunca esclarecido

Manuel José García Caparrós era trabajador de la fábrica de Cervezas Victoria de Málaga y sindicalista de CC OO. El 4 de diciembre de 1977, cuando participaba en una manifestación masiva celebrada en la ciudad andaluza para reclamar la autonomía andaluza, murió tras recibir un disparo de un agente de la Policía durante las cargas que se produjeron después de que se colgara la bandera andaluza en la fachada de la Diputación. El autor de aquel asesinato nunca fue identificado y sigue siendo uno de los crímenes de la Transición aún sin esclarecer. Este miércoles, cuando se cumplen 47 años de la muerte de García Caparrós, el Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar ha registrado en el Congreso un escrito en el que solicita a la Cámara baja que desclasifique y permita el acceso a toda la documentación sobre aquel caso que obre en sus archivos.

Se refiere, en concreto, a la que manejó en 1978 una comisión de encuesta (nombre que recibían entonces las comisiones de investigación) que se abrió para abordar lo ocurrido aquel día en Málaga y parte de cuyas sesiones se celebraron a puerta cerrada. En 2017, la Mesa del Congreso autorizó a la entonces diputada de Unidos Podemos por Málaga, Eva García Sempere, a consultar las actas secretas de la comisión aunque con restricciones. Pudo leerlas, pero no tomar notas y, además, no se le facilitó completa, ya que se eliminaron previamente los datos de carácter personal, es decir, fueron eliminados previamente todos los nombres que pudieran contener. Tras consultar los documentos, García Sempere señaló entonces que las actas revelaban que fue “la policía quien le disparó y le hirió”.

Ahora, el Grupo parlamentario de Sumar insiste en el acceso total a esa a documentación, sin limitaciones. “El esclarecimiento de las circunstancias de su asesinato [de García Caparrós] y la identificación de los responsables sigue siendo una asignatura pendiente para nuestra democracia”, señala en su escrito, firmado por todos los diputados y diputadas andaluces del grupo: Toni Valero, Enrique Santiago, Engracia Rivera, Francisco Sierra y Esther Gil de Reboleño, además de la portavoz, Verónica Martínez. Por ello, Sumar considera que “el silencio que han rodeado este caso durante décadas son incompatibles con los principios establecidos en la Ley de Memoria Democrática [aprobada en octubre de 2022] y con el derecho a la verdad, la justicia y la reparación”.

La formación política argumenta que “la documentación solicitada no afecta a intereses estratégicos, de seguridad nacional o de defensa, sino que se refiere a un hecho histórico y político cuya relevancia trasciende al propio Congreso de los Diputados. El interés público en esclarecer el asesinato de García Caparrós es innegable y el conocimiento de toda esa información es fundamental para el cumplimiento de estos principios”, concluye. La solicitud la estudiará la Mesa del Congreso, presidida por la socialista Francina Armengol y compuesta por cuatro miembros del PP, tres del PSOE y dos de Sumar. En anteriores legislaturas, similares requerimientos fueron rechazados por el Congreso.

No es la única iniciativa reciente de Sumar en el Congreso sobre este caso. El pasado 20 de noviembre su grupo parlamentario presentó una Proposición No de Ley (PNL, iniciativa parlamentaria con la que se pretende que la Cámara exprese su posición sobre una cuestión concreta, pero que no tiene carácter vinculante para el Gobierno) en la Comisión de Interior para que el Congreso rindiera homenaje a García Caparrós “como víctima de la represión por razones políticas” y “ejemplo de entrega a unos ideales y a la consecución de la democracia y la libertad de su tierra”. La misma se aprobó con el apoyo de los partidos que respaldan al Ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE, Sumar, Bildu, ERC y PNV), la abstención del PP y el voto en contra de Vox.

La comisión parlamentaria sobre la que ahora Sumar reclama la documentación se creó en el Congreso el 5 de diciembre de 1977, un día después de que García Caparrós recibiera el tiro que costó la vida, aunque la misma, integrada por siete diputados de UCD, AP, PSOE y PCE, no se constituyó hasta el 13 de enero de 1978. Tres días después, las sesiones fueron declaradas secretas. Buena parte del contenido de esta investigación se ha hecho público con los años, pero hay tres sesiones cuyas actas nunca han podido ser consultadas. La familia del joven, que tenía 18 años cuando fue asesinado, lleva más de cuatro décadas reclamando justicia y que se aclare su crimen. La comisión de 1978, además de la muerte de García Caparrós, investigó otros similares ocurridos en La Laguna (Tenerife).