El Gobierno impulsará la desclasificación de los documentos del Congreso sobre la muerte de García Caparrós
María Jesús Montero anuncia la modificación de la norma para desbloquear el acceso a la documentación, incluyendo los datos personales que aparecían tachados

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Los grupos del PSOE y Sumar, miembros del Gobierno de coalición, registrarán el próximo martes ante la Mesa del Congreso de los Diputados una iniciativa para impulsar la desclasificación completa de los documentos sobre la muerte de Manuel José García Caparrós, un joven sindicalista de Málaga muerto por el disparo de un arma reglamentaria de un policía en la manifestación celebrada el 4 de diciembre de 1977 en la capital malagueña en defensa de la autonomía andaluza.
El anuncio lo ha hecho este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, durante un acto en Málaga en el que se ha entregado a las hermanas de García Caparrós la declaración de reconocimiento y reparación como víctima del posfranquismo aplicando la ley de Memoria Democrática. El anuncio se produce la víspera de la celebración del 28 de febrero, Día de Andalucía.
Todas las veces que los grupos parlamentarios, especialmente Izquierda Unida, o el Gobierno andaluz han reclamado conocer toda la información de la Comisión de encuesta (de investigación) constituida el 13 de enero de 1978 sobre la muerte García Caparrós han sido vetadas parcialmente. Los letrados del Congreso entienden a partir de un informe del servicio de Documentación que los testigos y miembros de los cuerpos de seguridad que testificaron en la comisión del Congreso se les garantizó que la información que dieron se mantendría en secreto durante 50 años. Desde entonces han transcurrido 47 años.

García Caparrós, de 18 años, trabajaba en Cervezas Victoria y era sindicalista de Comisiones Obreras. Había acudido a la manifestación que discurrió por Málaga en defensa de la autonomía andaluza el 4 de diciembre de 1977 cuando se produjo un tumulto a la altura de la Diputación malagueña, cuyo presidente se negó a colgar la bandera andaluza en la sede institucional. Otro joven de 18 años, Juan Manuel Trinidad Berlanga, escaló hasta el balcón para colocar la verdiblanca y fue entonces cuando salieron policías de la Diputación usando balas de goma y bombas de humo. A partir de ese momento, la manifestación se partió en dos. A la altura del puente de Tetuán un policía usó su arma reglamentaria y mató a García Caparrós.
La diputada de IU Eva García Sempere accedió a la comisión de encuesta del Congreso en 2017, pero no tuvo acceso a los datos personales porque todos estaban tachados. De lo que se trata ahora, según María Jesús Montero, es de poner “a disposición de la familia, de los investigadores y de todo el mundo la documentación íntegra” de esa investigación parlamentaria.
Pese a la opacidad oficial sobre la muerte del joven sindicalista, la secretaria judicial Rosa Burgos ha publicado dos libros sobre este asesinato que marcó los inicios de la autonomía andaluza: La muerte de García Caparrós en la transición política, publicado por Airon Ediciones en la colección Libros de El Observador, y Las muertes de García Caparrós, donde revela que la bala que mató al joven malagueño salió del arma del cabo primero M. P. R., fallecido hace unos años.
La lucha por la memoria de García Caparrós la han protagonista durante estos daños sus hermanas Purificación, Dolores y Paqui. Izquierda Unida ha sido el partido que más iniciativas han presentado y defendido para sacar del abandono institucional al joven sindicalista. No fue hasta 36 años después de su muerte cuando la Junta de Andalucía, a petición de IU —que formaba parte del Gobierno de coalición con el PSOE—, lo distinguió con el título de hijo predilecto de la comunidad.
Montero aseguró que la iniciativa parlamentaria incluirá también “toda la documentación sobre la Guerra, la dictadura franquista, la resistencia guerrillera antifranquista, el exilio, el internamiento de españoles en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y sobre la transición hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978″. Según ella, se trata de “permitir a los historiadores y al pueblo español conocer lo que hasta ahora ha permanecido bajo un velo de secretismo”.
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