El código ético para mejorar las administraciones se envía a 400 entidades y ninguna lo firma

Miriam González aún no sale de su asombro tras haber mantenido decenas de reuniones ya en unos pocos meses con responsables políticos del máximo nivel del Gobierno central, los Ministerios, una decena de Comunidades Autónomas y numerosas capitales y Ayuntamientos por toda España. González es una prestigiosa abogada española, que trabajó muchos años en Londres cuando su marido, Nick Clegg, fue viceprimer ministro británico, luego en Palo Alto, California, y ahora persigue el reto de contribuir a mejorar desde la sociedad civil el funcionamiento de las administraciones de su país en materia de transparencia y buen gobierno. No le está resultando fácil ni sencillo. España Mejor, el movimiento que fundó, ha enviado un código ético con 99 medidas implantado en otros países a 400 instituciones de todos los signos políticos y ninguna lo ha firmado. “Nos reciben casi todos, nos dicen buenas palabras, pero no lo entienden bien, algunos nos comentan que los asesores son suyos”, remata.

Una de las propuestas del código ético que promueve el movimiento España Mejor consiste en que las Administraciones y sus responsables políticos firmen que se comprometen “a no mentir deliberadamente al Parlamento”. Podría parecer una obviedad. En el Reino Unido, donde Miriam González aún tiene casa y trabajó tantos años mientras su marido fue viceprimer ministro del partido liberal, con el conservador David Cameron al frente del Gobierno, existe un Código Ministerial que fija por escrito en una carta las actuaciones más dudosas o sospechosas de posible irregularidad de sus mandatarios. Clegg se enfrentó a esa amenaza en dos o tres ocasiones, pero Boris Johnson acabó dimitiendo por mentir sobre que no había asistido a fiestas en lo peor de la pandemia.

Cuando la abogada González se planteó retornar con su familia a España el año pasado, también pensó en poner en marcha en su país un espacio desde la sociedad civil para trabajar en esa línea. Fundó España Mejor y ahí está, con un grupo de colaboradores que se prestaron también como voluntarios, peleando con políticos de todos los partidos para que les escuchen y les hagan un poco de caso. Con el resultado de muy buenas maneras, pocos compromisos y algunas respuestas al menos desconcertantes. Cuando se vieron con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la contestación fue que las cuestiones éticas ya las resolvían en el propio Ministerio. La vicepresidenta y número dos del Gobierno de Cantabria les convocó en agosto pasado, al mismo tiempo que a la prensa para anunciar así públicamente su apoyo, pero luego nunca más volvieron a saber nada. En Galicia, donde el PP es tan dominador, les acogieron y escucharon con entusiasmo y luego emitieron una nota en la que la propia Xunta concluyó que ya eran muy buenos en transparencia. Otros hicieron el comunicado de prensa con el resultado del encuentro antes de celebrarse. Algunos presumía de buenas páginas de transparencia, como en el gobierno de Aragón del popular Jorge Azcón, que dejaron como estaba de la heredada del socialista Javier Lambán. Otros ni tenían nada ni tampoco planes. Y así.

Lo que propone el código de España Mejor es una autorregulación de la “cultura ética de una organización o una institución” con unas normas de comportamiento, algo habitual ya en bastantes empresas y obligatorio en las reguladas. Proponen medidas como que los nombramientos de asesores en los Ministerios y sus organismos, algo ahora tan polémico por ejemplo por el caso Ábalos, sean por razones de mérito y capacidad. Fue ahí cuando en la Comunidad Valenciana les replicaron que lo de los asesores era una cosa suya. También reclaman que sea pública y transparente su retribución. Que se eviten los conflictos de interés. Que se conozcan los beneficiarios de la financiación a los medios de comunicación. En uno de sus puntos se exige que los ministros eludan “adoptar decisiones o llevar a cabo actuaciones o comportamientos que puedan generar dudas razonables sobre posibles interferencias de intereses privados, familiares, partidistas o de cualquier tipo que generen sospechas de quiebra de la probidad”.

La OCDE lleva reclamando este tipo de normas para las instituciones gubernamentales hace años y están ya en vigor en Estados Unidos, Irlanda, el Reino Unido, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Bélgica. La Comisión Europea cuenta con un Código Ético para el presidente de la Comisión y los Comisarios desde 1999. En España aún no se ha materializado. En 2005 se aprobó un Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y para los altos cargos de la Administración del Estado, que apenas tuvo efectividad práctica y se derogó en el 2015. En septiembre pasado, el Gobierno de Pedro Sánchez abordó un plan de regeneración democrática con algunas promesas en esa línea.

“Enviamos el documento a casi 400 entidades, incluyendo las comunidades autónomas, Ayuntamientos. Hicimos una selección que agrupaba a las capitales de provincia, Ayuntamientos de población media y muy pequeños, partidos políticos, instituciones del Estado, think tanks, organizaciones de la sociedad civil. Hemos visitado nueve autonomías y más de una decena de capitales. Lo mandamos a todos y sólo Unión del Pueblo Navarro y el PP nos han respondido. En Navarra, EH Bildu, al que escribimos porque está en la alcaldía, no quiso recibirnos”, resume como balance Begoña Lucena, directora ejecutiva de España Mejor. Tampoco hay un trabajo de coordinación, ni en la Federación de Municipios y Provincias, ni en los propios partidos. “No se hablan entre ellos, fuimos a Extremadura y Aragón, les contamos lo que estaban haciendo bien, otros por si podían copiarse, pero lo desconocían”, se lamenta González.

España Mejor aprovechó su irrupción para encargar una megaencuesta a casi 11.000 jóvenes para indagar sobre sus inquietudes y ahí ratificaron que están desmotivados, participan poco en el sistema y tienen una enorme desconfianza en los partidos: el 80% piden más canales de participación democrática, el 72% consideran que los políticos no se preocupan por ellos, un 73% opinaron que se les escucha menos a otros grupos y el 76% observa que no se dan soluciones a sus problemas.