Encerrados 22 horas al día, la acogida de refugiados en el cuartel de Carabanchel: “Era como una prisión”
Migraciones aloja en un terreno militar en el sur de Madrid a casi 2.000 migrantes sin apenas libertad para salir a la calle
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La puerta corredera del antiguo cuartel General Arteaga de Carabanchel, en el sur de Madrid, solo se abre de cuando en cuando para que entren y salgan las furgonetas de la Cruz Roja. La mayoría del tiempo, esa pesada puerta metálica, la única salida al mundo exterior para unos 1.900 inmigrantes acogidos dentro de las instalaciones, permanece cerrada. Pese a que no es un centro de detención, los residentes tienen restringida su libertad de movimiento: apenas pueden salir a la calle dos horas al día. Y por turnos. Sima, un joven refugiado de Malí que se jugó la vida en el mar para alcanzar España, sintió el rigor de este encierro durante meses: “Era como una prisión, me sentía como si yo hubiera hecho algo malo, pero yo no he hecho nada, vine para buscarme la vida”. Ningún otro centro para migrantes tiene estas restricciones. El Ministerio de Migraciones las justifica por “cuestiones operativas y de convivencia”, pero no detalla por qué este es el único lugar en el que se aplican.
En noviembre de 2023, ante el aumento de llegadas de cayucos a las islas Canarias, el Gobierno montó un centro de acogida humanitaria para inmigrantes en este cuartel, otro en Alcalá de Henares y otro más en Cartagena (Región de Murcia). Los terrenos militares, cedidos por el Ministerio de Defensa, sumaron casi 4.000 plazas más a un sistema de acogida incapaz de asumir el volumen de llegadas. Antes de llegar al de Carabanchel, Sima pasó semanas en otro macrocentro de Tenerife, al que llevan a la mayoría de los migrantes que llegan a las islas Canarias —46.843 solo en 2024— antes de ser trasladados a la Península. Él se había subido a una patera en Mauritania, huyendo de la guerra en Malí, y después de seis días en el mar arribó a la isla canaria de El Hierro. Como él, la mayoría de los residentes en este antiguo cuartel son refugiados de países en conflicto como Malí o Sudán, y son muchos también los provenientes de Mauritania, Senegal, Marruecos o Argelia.
Macrocentros como este, competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ofrecen una primera atención a los recién llegados que no tienen redes familiares en España. Es un apoyo básico antes de que se busquen la vida por su cuenta o, en el caso de los solicitantes de asilo, sean derivados a otros centros más especializados. Son lugares en los que los migrantes y refugiados deberían poder entrar y salir con libertad. Están pensados para pasar en ellos solo algunas semanas, pero terminan pasando allí meses ante el colapso en el sistema de acogida.
Aunque es un centro de acogida, el de Carabanchel sigue funcionando como un cuartel. Los residentes —en su mayoría solicitantes de asilo— solo pueden salir dos horas al día. Algunos lo hacen en la franja matutina, que va de las once a la una, o desde las seis a las ocho de la tarde. Quienes salieron en la mañana, solo podrán volver a hacerlo en la tarde del día siguiente. Así lo han asegurado a EL PAÍS cerca de una veintena de los usuarios del centro en las inmediaciones del cuartel. Según Sima, que se marchó por su propia voluntad en julio de 2024, durante los dos meses en los que estuvo allí la situación era peor: tenían esas dos horas pero solamente una o dos veces a la semana.
Poco antes de las 13.00, los últimos residentes en volver se apuran por las calles contiguas al cuartel para llegar a tiempo antes de que se cierre la puerta. Allí los recibe un guardia de seguridad que verifica la tarjeta que lleva cada uno de ellos y les autoriza el ingreso. Durante el lapso en que pueden permanecer afuera, decenas de ellos se desperdigan por el barrio, en buena parte residencial, se compran comida en las tiendas (que deben consumir afuera porque no pueden entrar con ella al centro), se juntan en los parques, escuchan música en sus móviles, caminan, pasean. Es el único lapso en que pueden probar algo que se parece a una vida normal, lo que no tendría por qué estar prohibido para ellos. Estas restricciones no se aplican en ningún otro centro de acogida del país, según expertos en acogida humanitaria y las dos grandes ONG que gestionan buena parte de estos centros (incluidos macrocampamentos) en España. Son lugares abiertos, casi siempre de forma ininterrumpida, con horarios para comer, que suelen cerrar por las noches. Una norma habitual es que se debe dormir en ellos y no ausentarse varios días sin autorización para no perder la plaza.
En respuesta a EL PAÍS, una portavoz del Ministerio de Migraciones ha atribuido la prohibición de las salidas a “cuestiones operativas, de convivencia y para garantizar el buen funcionamiento, teniendo en cuenta que es un centro de gran capacidad (2.000 plazas, actualmente al 95% de ocupación)”. Migraciones asegura que si los residentes tienen que ir al médico o a hacer algún trámite, pueden salir del centro fuera de esos horarios. Sin embargo, otros centros de gran capacidad como el de Alcalá de Henares o Las Raíces en Tenerife no tienen esa limitación a la libertad. Preguntado por los motivos concretos, el ministerio no ha explicado por qué el de Carabanchel sí la restringe.
Dentro de las instalaciones, cuenta Sima, la disciplina impera y los 190 empleados de Cruz Roja que trabajan allí cumplen más unas labores de policía que de trabajadores humanitarios. Cada noche pasan lista en todas las habitaciones, en las que los usuarios duermen en literas. Migraciones considera que el programa de actividades del centro es “muy intenso”, ya que se imparten clases de español, talleres para orientar a los solicitantes de asilo; talleres “de nueva realidad”, de “fin de estancia”, de “manejo de la incertidumbre”. Los residentes juegan al fútbol, al baloncesto y hacen pesas. “Es como una guardería para niños, pero no somos niños, todos allí somos adultos”, resume Sima. Excepto algunos considerados como “posibles menores”: personas que al llegar a Canarias declararon ser mayores de edad y cuando son derivadas a la Península se sospecha que en realidad eran menores. Mientras la Fiscalía determina su edad, permanecen aquí, aunque en espacios separados, saliendo dos horas al día.
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