La inspectora que detectó el fraude del novio de Ayuso ratifica que este declaró gastos inexistentes y defraudó 350.000 euros

Mercedes Urbano López, la jefa de los inspectores del equipo regional de delito fiscal de Madrid, ha ratificado este viernes ante los juzgados de Plaza de Castilla su informe sobre Alberto González Amador ―pareja de Isabel Díaz Ayuso―, donde concluye que este creó facturas falsas para eludir el pago de impuestos y defraudar 350.910 euros a Hacienda, según han avanzado a este periódico fuentes presentes en la declaración. Del mismo modo, la inspectora ha subrayado que la imputación de esos gastos tenía una clara intención de minorar la cuota tributaria.

Urbano ha acudido a declarar como testigo ante la jueza María Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, para ratificar y aclarar el informe que firmó sobre los indicios de fraude fiscal de González Amador, imputado por dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Junto a Urbano también ha sido citada como testigo este viernes otra de las inspectoras del equipo regional.

Ese documento acredita la existencia de hasta 15 facturas falsas por 1,7 millones de euros que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid empleó para deducirse gastos inexistentes. El informe señala, además, que González Amador tuvo una “conducta defraudatoria” y un “comportamiento mendaz”. Para probar el delito de fraude fiscal son clave dos requisitos: que la cuantía defraudada supere los 120.000 euros y que se haya actuado con dolo o voluntad de delinquir.

La investigación tributaria, dirigida por Urban y basada la denuncia de la Fiscalía de delitos económicos contra la pareja de la presidenta madrileña, refleja que la consultora de sellos de calidad de González Amador Maxwell Cremona registró entre 2020 y 2021 un incremento de sus ingresos gracias a la “intermediación en una operación de venta de material sanitario [dos millones de euros en comisiones], y, en 2021, la percepción de unos ingresos cuantiosos [1,3 millones] facturados a su principal cliente desde hace años Quirón Prevención” con “ánimo de minorar su tributación debida”.

Para ello elaboró facturas amañadas. Una de ellas falseaba un gasto de 620.000 euros con una empresa mexicana para deducir menos impuestos. Maxwell Cremona reconoció que el pagó se anuló y nunca se abonó. Otra era de casi un millón de euros por la presunta venta de vacunas a la sociedad de Costa de Marfil GAYANI LTD para las autoridades del país africano, que nunca se ejecutó y nunca se pagó, salvo en la cantidad de 27.000 euros. La empresa de González Amador contabilizó el gasto cuando ya sabía que la operación de venta no se iba a producir.

El informe analiza otras 13 facturas sospechosas por 178.000 euros que “de forma improcedente se dedujo fiscalmente” como gasto. Como consecuencia, apuntan los inspectores en el documento, el empresario dejó de ingresar a la Hacienda Pública “cuotas impositivas por encima de 120.000 euros”, lo que supera el umbral de punibilidad previsto en el Código Penal. El informe detalla que González Amador intentó reparar el fraude en la declaración del año siguiente, un movimiento que prohíbe expresamente la ley.

El Gobierno de Díaz Ayuso, pese a las numerosas pruebas recabadas contra González Amador durante dos años, cuestionó la independencia de los inspectores de la Agencia Tributaria. Es más, denunció públicamente una cacería política y difundió a través del jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y sus medios afines un rosario de bulos sobre la situación tributaria del empresario. Uno de ellos, publicado el 13 de marzo, en el que se afirmaba falsamente de que la Fiscalía había propuesto un acuerdo al González Amador para eludir la cárcel pagando una multa y reconociendo los delitos, cuando en realidad había sido al contrario. Rodríguez escribió en noche en su cuenta de X (antes Twitter) que González Amador no pudo responder a ese pacto porque “la misma Fiscalía “dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio”.

Esas mentiras obligaron a la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, a informar a la opinión pública sobre la situación real del proceso. Pero esa respuesta del ministerio público ha ocasionado la apertura de una causa penal en el Tribunal Supremo contra García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos.