El Gobierno ultima la apertura de casi 11.000 plazas en cuarteles, hoteles y hostales para acoger a los migrantes llegados a Canarias

El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social tiene ya localizados los espacios donde improvisará casi 11.000 nuevas plazas para acoger a los migrantes que están llegando a las islas Canarias, en un repunte histórico de esta ruta migratoria. El departamento de José Luis Escrivá ha pactado con la ministra de Defensa, Margarita Robles, la cesión temporal de cuatro cuarteles militares en desuso para acoger a unas 4.000 personas, según fuentes conocedoras del acuerdo. Además, Migraciones financiará casi 4.000 camas en hoteles y otras 3.000 en centros y hostales repartidos por toda la Península. El plan es que la gran mayoría estén listas ya en la segunda semana de noviembre y poder mantener el ritmo de traslados del archipiélago a la Península para evitar que se desborde la red de acogida en Canarias.

Mientras el Gobierno intenta capear la crisis —solo en octubre han desembarcado en las islas más de 9.000 personas— el Partido Popular está usando la acogida de inmigrantes para hacer oposición. A las acusaciones contra el Ejecutivo de “colaborar con las mafias de tráfico de personas”, del diputado Rafael Hernando, se han sumado las quejas de alcaldes populares de algunas ciudades en las que se está acogiendo de forma provisional a parte de los recién llegados. Critican al Ejecutivo en funciones por no informarles y algunos, como el alcalde de la localidad vallisoletana de Medina del Campo, Guzmán Gómez (PP), ha incluso vinculado la llegada de migrantes al terrorismo. “Como era de esperar, y se repite una y otra vez, empiezan los incendios en las localidades donde se abren plazas...”, se queja una fuente de la Administración. “La solidaridad se acaba cuando les toca”, añade. La misma fuente reconoce que la comunicación con las instituciones territoriales pudo haber sido mucho más fluida.

Cuatro cuarteles

Un porcentaje considerable de las nuevas plazas se abrirá en la Comunidad de Madrid, donde el Ministerio de Defensa ha cedido dos cuarteles en desuso. El primero será el del General Arteaga, en Carabanchel Alto (barrio de la capital), que después de unas obras urgentes podrá alojar hasta 800 personas, y el segundo el de Alcalá de Henares. Los terrenos de Campamento (el suroeste del municipio de Madrid, junto a la N-V), que el equipo de Migraciones también visitó, de momento, no se utilizarán.

De Madrid han salido, precisamente, los primeros ataques populares contra la gestión del Gobierno. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha quejado de no tener información sobre las llegadas de migrantes a la Comunidad. “Para variar no hemos sido informados absolutamente de nada. El Gobierno no se hace cargo de nada, no nos dice a las comunidades autónomas cuántas personas son o cómo les vamos a atender”, mantuvo el lunes. La presidenta criticó también la estrategia de derivación de los recién llegados. “No se les puede tratar como fardos que se envían y se van dejando por la Península”, añadió Ayuso. El ministro Escrivá ha tachado las palabras de Ayuso de “xenófobas” y poco solidarias con Canarias.

Los otros dos cuarteles que servirán de campamentos temporales serán el de Cartagena (Región de Murcia) y el de San Pablo (Sevilla). Las fuentes que confirman estos emplazamientos no saben concretar el número de personas que podrán albergar.

El resto de plazas se distribuirá en casi una veintena de hoteles, en los que se calcula que podrán alojarse casi 4.000 personas, al igual que se hizo con la llegada de decenas de miles de refugiados ucranios tras la invasión rusa en febrero de 2022 o en la crisis de acogida en Canarias en 2020. Es una solución de emergencia a la que también han recurrido otros países como Francia o el Reino Unido.

Los establecimientos se han repartido por Galicia, Castilla y León, Cataluña, Murcia o Andalucía. Otras 3.000 plazas se abrirán en hostales y centros de acogida. Las personas que sean alojadas en estos emplazamientos tienen limitada su estancia a un mes y su acogida la gestionará alguna de las ONG que, con financiación estatal, se encargan de la atención humanitaria a los migrantes que llegan a España de forma irregular. Esta acogida es la más básica y busca que los recién llegados no acaben viviendo en la calle y tengan un margen para buscar alternativas de forma independiente. Se asume que la mayoría van a mantenerse en territorio europeo porque Senegal, de donde provienen la mayor parte de los desembarcados, no está aceptando su devolución.

Las reacciones de algunos dirigentes han caldeado los ánimos. El popular Guzmán Gómez, alcalde de Medina del Campo, donde se ha albergado a 150 migrantes en un balneario que estaba cerrado por obras, mostró su “decepción” por “no haber tenido ni una sola noticia de esto”, más allá de las redes sociales y los medios de comunicación. “No costaba nada hacer una llamada”, se quejó, según recoge el diario El Norte de Castilla. Guzmán fue más allá y vinculó la llegada de migrantes a la seguridad. “Se desconoce si están identificados, en qué circunstancias sanitarias llegan, y en qué niveles de seguridad, porque lo hacen en plena alerta 4 terrorista”. En abril de 2022, Guzmán cedió un albergue municipal para la acogida de 120 refugiados ucranios.

El consejero portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco (PP), criticó la “muy mala planificación migratoria” por la llegada de un grupo de personas a Almería sin aviso previo. El popular reprochó al Gobierno que actúe de forma “unilateral” y “sin cooperación” con ayuntamientos y comunidades autónomas. Fernández-Pacheco que fue alcalde de Almería también ofreció su municipio para la acogida de refugiados ucranios. “La ciudad de Almería siempre ha sido solidaria y tierra de acogida”, mantuvo tras el comienzo de la guerra.

La falta de comunicación del ministro Escrivá con las comunidades autónomas y municipios en temas migratorios es una de las críticas habituales que recibe el ministro, incluso de sus admiradores. En esta ocasión, la crítica ha vuelto a ser recurrente, y, aunque se ha activado a los delegados de Gobierno para que canalicen la información en sus territorios, se ha hecho hace solo unos días.