Junts no retirará la cuestión de confianza a Sánchez y avisa de que peligra la reducción de jornada

Junts votará el miércoles a favor del nuevo decreto con el escudo social y la revalorización de las pensiones que ha pactado con el Gobierno después de provocar, el 23 de enero, la derrota del llamado decreto ómnibus, que contenía esas medidas sociales, y también otras, hasta sumar un total de 89, que el Ejecutivo se vio obligado a desgajar del plan original para tratar de sacarlas adelante por separado. En la cúpula de la formación que lidera Carles Puigdemont apuntan que su voto favorable en esta ocasión se debe a un cambio en la actitud del Gobierno: “Porque este decreto sí lo han negociado con nosotros”, explican fuentes de Junts. La formación independentista catalana y el PP, que en enero provocaron con sus respectivos noes el naufragio del decreto ómnibus, ya han anunciado que apoyarán el nuevo texto, que contiene, además de la cuestión siempre sensible del poder adquisitivo de las pensiones que perciben 12 millones de españoles, ayudas al transporte y a los afectados de la dana de Valencia, entre otras.

En Junts advierten de que, de ahora en adelante, impondrán al Gobierno el método de negociar con ellos de antemano todas las políticas que requieran de su apoyo. También avisan de que, por mucho que presione el Gobierno o negocien con el PSOE y Sumar en estas próximas semanas, no retirarán su petición para que se debata en el Congreso una cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez. Precisamente, el desbloqueo de la tramitación parlamentaria de una proposición no de ley (PNL) de Junts, en la que se instaba al presidente a preguntar a la Cámara si mantiene su confianza, fue una de las claves del acuerdo para que la derecha independentista dé el miércoles su apoyo al nuevo decreto de medidas sociales.

Los parlamentarios de Junts presionan, además, al Ejecutivo en otro frente. Ya han hecho llegar a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, su malestar por no haber establecido un contacto sobre su proyecto estrella de la reducción de la jornada laboral hasta después de haberlo aprobado en el Consejo de Ministros.

En el Gobierno transmiten la idea de que las conversaciones con Junts se despliegan en varios ámbitos para dar la sensación de que se ha producido un giro en sus relaciones que podría permitir superar el debate de la cuestión de confianza sobre Pedro Sánchez y hasta abordar la discusión sobre los Presupuestos del Estado, el hito que podría dejar sellada la legislatura hasta 2027. En el Ejecutivo y el PSOE expresan optimismo ante el estado de esos contactos “descongelados” y hasta se insiste en que se está avanzando en uno de los grandes escollos de esas negociaciones, como la transferencia o delegación de las competencias estatales sobre inmigración a la Generalitat, una concesión a Junts con la que se salvó in extremis el decreto ómnibus en 2023. En Junts admiten esas reuniones, pero no ven tan nítido el resultado. Insisten que la cesión de esta materia de extranjería a los Mossos sea integral y no compartida con el Estado, algo que el Ejecutivo y en particular el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ve viable ni constitucional.

Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, hasta se atrevió la semana pasada a restar trascendencia a la fijación de Junts de que se debata en un pleno la cuestión de confianza sobre Sánchez al esgrimir que en realidad esa confianza de los partidos que facilitaron al presidente socialista su investidura se verá ratificada ya este miércoles en la votación de todos esos grupos al nuevo decreto social y sobre las pensiones. En Junts no piensan lo mismo. Sostienen que son asuntos que transcurren en paralelo. Quieren que se produzca el debate de la iniciativa para instar a Sánchez a someterse a la cuestión de confianza y que llegue “hasta el final, hasta donde tiene que hacerse, en el pleno”, según fuentes de su dirección implicadas en los contactos con el Ejecutivo.

“A día de hoy no votaríamos a favor”, remachan en Junts sobre una hipotética cuestión de confianza, en el caso de que el presidente del Gobierno, el único que tiene potestad constitucional para plantearla, decidiera someterse a ella, algo que ya ha dicho que no piensa hacer. El día del debate de la PNL de Junts para instar a Sánchez a que la plantee, no está fijado aún, porque la Mesa del Congreso está pendiente de resolver precisamente a quién corresponde el cupo de ese tipo de proposiciones no de ley en las que se exhorta al Gobierno a realizar algo, si antes a ERC (25 de febrero) o a Junts (11 de marzo).

La conexión entre Junts y el Ejecutivo se ha reactivado, pero sigue sin atravesar por un buen momento, según la formación nacionalista. En el partido de Puigdemont sostienen que algunos componentes del Gabinete de Sánchez no han variado su forma de negociar y miran ahí muy especialmente a Marlaska por la inmigración y a los ministros de Sumar. Y a estos les lanzan algo más que un aviso sobre el proyecto estrella de su líder, Yolanda Díaz, con la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas a la semana: “Les importa más una foto que negociar con nosotros y así se precipitan a una derrota como la que ocurrió con el decreto ómnibus, y se lo hemos dicho”.

El martes pasado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo se encargó de presentar el anteproyecto recién aprobado por el Consejo de Ministros. A las pocas horas, su secretario de Estado y mano derecha, Joaquín Pérez Rey, llamó a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, para establecer un contacto. Fuentes al tanto de esa conversación explican que Nogueras frenó las urgencias de Díaz por recabar su apoyo y pidió calma. También les sugirió que tomaran nota de lo que les había ocurrido con el frenazo del decreto ómnibus en enero.

En Junts no comparten el método de que desde el Gobierno se les llame para agregar sus votos a un bloque parlamentario del que no se sienten parte, y menos aún que se les convoque después de anunciar y aprobar los proyectos. Quieren conocer esas intenciones previamente. Y apuntan: “Antes de lanzarse públicamente deberían trabajarlo todo un poco más, saber si hay agua en la piscina, si tienen los votos para sacar esos proyectos adelante, y más en este caso donde quieren llevarlo por la vía de urgencia”.

El anteproyecto de ley de la reducción de la jornada laboral aprobado el martes por el Consejo de Ministros, que forma parte del acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar, ha suscitado discusiones públicas y abiertas entre Díaz y ministros socialistas o la patronal sobre el calendario para su aplicación. Ahora tendrá que pasar ahora el filtro de los órganos consultivos para que emitan sus informes preceptivos (Consejo de Estado...), volver a la reunión del Gabinete para una segunda lectura. De ahí ya saldrá como proyecto de ley hacia al Parlamento para discutir en ponencia y comisión las enmiendas (totales y parciales) por parte de los demás grupos. Se calcula que ese proceso podría durar alrededor de un mes y medio.