Junts salva la propuesta de la izquierda para limitar los alquileres temporales en un clima de avisos al Gobierno

Junts está reafirmando, cada semana y en cada pleno o comisión, la máxima futbolística del cholismo (que repite constantemente el entrenador del Atlético de Madrid) de que negociarán en cada punto del orden del día del Congreso con el Gobierno y el PSOE sin adscribirse a ningún bloque y solo pensando en lo que le interesa a Cataluña. Algunas veces esas negociaciones acaban en votaciones que alientan las esperanzas del PP y otras salvan al Ejecutivo in extremis. Este martes el partido que lidera Carles Puigdemont optó al final por salvar una más que simbólica proposición de ley de la izquierda (firmada por Sumar, ERC, Podemos, EH Bildu y BNG) para regular la limitación de los alquileres temporales y tapar algunos agujeros que se han observado en la ya en vigor ley de vivienda. Junts, pero también el PNV, aceptaron que la norma inicie su camino parlamentario para poder debatir algunos aspectos, sobre todo en lo que respecta a la posible intromisión en las competencias de las autonomías en materia de vivienda, pero sin augurar cuál será su voto final.

La diputada de Junts, Marta Madrenas, avanzó al final de su intervención ante el pleno su voto a favor para permitir al menos en los próximos meses que arranque el debate de la proposición de la izquierda parlamentaria. Junts tumbó esa iniciativa en septiembre y anticipó así su estrategia de hacérselo pasar mal al Gobierno hasta el límite para dejarle claro que no es un socio más, pese a permitir hace un año la investidura de Pedro Sánchez y reclamar ahora una cuestión de confianza sobre su labor. Madrenas, en cualquier caso, alertó de que Junts solo se compromete así a “abrir la puerta a negociar, nada más y nada menos” en el proceso que se abre ahora de enmiendas. La decisión de Junts llega en unos días llenos de avisos y toques de atención de la formación que lidera Carles Puigdemont al Gobierno y al PSOE y cuando el PP de Alberto Núñez Feijóo está auspiciando al máximo contactos para proporcionar el mayor número de derrotas parlamentarias posibles al Ejecutivo central en un clima de ruido y escándalos de corrupción.

La proposición de ley, que en su día presentó la formación de Yolanda Díaz y que volvió a registrar ERC en octubre, introduce ahora varios cambios para atraer a Junts y reducir los recelos del PNV, que fueron muy similares. En primer lugar, se amplía la duración de los contratos de temporada de seis a nueve meses, un cambio que tiene en cuenta el calendario docente y resulta fundamental para el colectivo de profesores, según explican fuentes parlamentarias. El nuevo texto elimina la propuesta que permitía a los inquilinos subarrendar el piso o traspasar el contrato a otro, una cláusula que da seguridad al arrendador. Y, sobre todo, incorpora una disposición adicional que especifica que estas modificaciones no invadirán competencias autonómicas: “En los casos de las Comunidades Autónomas que hayan desarrollado legislación propia en esta materia en virtud del artículo 148.1.3 de la Constitución española, será de aplicación la normativa autonómica, respetando así la división competencial”.

La diputada de Sumar y activista en materia de vivienda, Gala Pin, remachó en una intervención muy emocionada las ideas fuerza inculcadas en estos años por el Sindicato de Inquilinos que luego fueron repitiendo los distintos portavoces de ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Pin esgrimió el “hartazgo, la desesperación, la impotencia y la sensación de abandono” de la ciudadanía sobre las administraciones a las que reclama su derecho a una vivienda digna y asequible y contrastó la enorme diferencia y protección jurídica y fiscal que se proporciona ahora a los grandes propietarios, fondos buitre, lobbies y sociedades inmobiliarias frente a la precariedad de los jóvenes y familias vulnerables que no pueden afrontar las subidas de los alquileres.

La representante de Sumar, como hizo más tarde especialmente la portavoz y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, aprovechó su alocución para reprochar al PSOE que se prestara tan tarde a afrontar las carencias registradas en la ley de vivienda aprobada en mayo de 2023. Belarra descalificó la mejora como “una migaja” frente a “la violencia de los rentistas” contra los inquilinos y volvió a reprochar al PSOE su falta de valentía y los retrocesos legislativos desde que Podemos ya no está en el Gobierno.

Pilar Vallugera, de ERC, enfocó su intervención en dar un toque de atención al PSOE y los socios de izquierdas del bloque de investidura para que “de verdad se note en la gente” que están en el Gobierno y presumió de que las restricciones que fijaba la ley de vivienda para los precios de los alquileres, especialmente en las zonas tensionadas, solo se ha aplicado en Cataluña y Barcelona, lo que aprovechó para reclamar la república independiente de ese territorio. El portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, formuló una encendida defensa de la intervención del mercado de alquiler y la justificó con lo que ya sucede por parte del Estado en la sanidad y la educación para asegurar la prestación de ese servicio gratis para todo el mundo.

Las exposiciones de la diputada del PNV y de Junts fueron muy parecidas en su fondo, pero con distinto tono. La vasca Maribel Vaquero recordó “el ataque competencial” de la anterior redacción de la norma y sus alertas a que la ley de vivienda podría provocar inseguridad jurídica y temor al impago en el 85% de los pequeños propietarios de viviendas. El PNV presentará enmiendas para intentar mejorar la nueva ley. La diputada de Junts cifró entre un 19% y un 23% la disminución de los pisos de alquiler que generó esa norma.

PP y Vox se manifestaron en contra. El diputado popular, Joan Mesquida, destinó más espacio a atacar a Bildu y al PSOE, en este caso por los presuntos casos de corrupción del entorno del presidente Sánchez, que a exponer sus razones contra la proposición, que sobre todo cuestionó por su “intervencionismo” y por las cesiones a sus socios.