La propuesta para regular los alquileres temporales vuelve al Congreso con retoques para atraer a Junts

La solidez de la mayoría que ha sostenido a Pedro Sánchez en el último año pasará este martes una nueva prueba. La propuesta de la izquierda para limitar los alquileres temporales de viviendas y habitaciones vuelve este martes al pleno del Congreso, tras haber provocado un incómodo episodio para el Gobierno el pasado septiembre, cuando Junts decidió en el último minuto votar en contra y forzar su rechazo. El texto ha sido retocado para atraer el apoyo del partido de Carles Puigdemont, que no ha anticipado su postura, aunque se ha mostrado dispuesto a permitir su tramitación si es respetuoso con las competencias sobre vivienda de Cataluña. El debate llega en un momento de especial tensión entre el Gobierno y la formación independentista, por la exigencia de esta de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza y su amenaza de no dar su respaldo a los Presupuestos del Estado para 2025. De hecho, este mismo martes, la Mesa de la Cámara va a estudiar por la mañana la posibilidad de tramitación de la iniciativa de Junts.

El Pleno del Congreso buscará este martes, por segunda vez, que eche a andar en la Cámara baja la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para regular los alquileres temporales, una modalidad que escapa al control de precios de la ley de vivienda aprobada en 2023, y por donde se cuelan buena parte de las subidas aplicadas en los últimos tiempos. El pasado septiembre, en otra jornada de infarto en el Congreso, Junts tumbó por sorpresa a última hora la admisión a trámite de un texto cuyo articulado partía de los sindicatos de inquilinos y han hecho suyas las formaciones más a la izquierda del hemiciclo (Sumar, ERC, EH Bildu, BNG y Podemos). El grupo independentista argumentó que no proporcionaba seguridad jurídica, no protegía a los propietarios e invadía las competencias de Cataluña, la comunidad donde fundamentalmente se aplica la ley de vivienda.

La proposición de ley, que en su día presentó la formación de Yolanda Díaz y que volvió a registrar Esquerra en octubre, introduce varias modificaciones para atraer al partido de Puigdemont y evitar así el fiasco de la primera votación. En primer lugar, la duración del contrato de temporada pasa de seis a nueve meses, un cambio que tiene en cuenta el calendario docente y resulta fundamental para el colectivo de profesores, según explican fuentes parlamentarias. Además, el nuevo texto elimina la propuesta que permitía a los inquilinos subarrendar el piso o traspasar el contrato a otro, una cláusula que da seguridad al arrendador y una cuestión clave para Junts, añaden. Por último, se incorpora una disposición adicional que especifica que esta modificación no invadirá competencias autonómicas, la cuestión principal que esgrime el partido independentista. “En los casos de las Comunidades Autónomas que hayan desarrollado legislación propia en esta materia en virtud del artículo 148.1.3 de la Constitución española, será de aplicación la normativa autonómica, respetando así la división competencial”, reza el texto.

Aunque nada es predecible ya en el Congreso, los partidos aspiran a aprobar, esta vez sí, el trámite. El volantazo de Junts en septiembre enfadó mucho a los movimientos sociales y son varias ya las protestas por el elevado precio de la vivienda organizadas en las calles de distintas ciudades de España. Algunas de esas manifestaciones se organizaron en Barcelona frente a la sede del partido de Puigdemont. “Esperamos que no vuelvan a cometer el mismo error”, señaló el lunes la diputada y coordinadora de los Comunes, Candela López, en rueda de prensa. “Junts debe decidir si está del lado de los inquilinos o de los grandes propietarios”, añadió.

Después de que la norma decayese en pleno, Sumar forzó una segunda votación para limitar los alquileres de temporada en comisión a través de una enmienda a la ley del Servicio Público de Justicia, un asunto totalmente diferente pero en el que también se incluyó la eliminación de las llamadas golden visa, los permisos de residencia especiales concedidos a los ciudadanos extranjeros que realizasen grandes inversiones inmobiliarias. En esa ocasión, el PSOE votó en contra, pero una cosa es la admisión a trámite de la norma (lo que permite cambios en su paso por las Cortes) y otra aprobar una enmienda que habría supuesto la aplicación de la medida en los términos planteados inicialmente.

De hecho, aunque el pleno dé luz verde a tramitar la propuesta, el debate para la elaboración de la ley se adivina muy arduo por las diferencias entre los grupos. El PNV también apoyó en septiembre su toma en consideración, pero advirtió que propondría sustanciales modificaciones sobre un texto inicial al que dirigió fuertes reproches.