El juez Pedraz renuncia a ampliar a Interpol las pruebas por secuestro y torturas contra el hijo de Obiang

Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional que investiga a uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema por secuestro y torturas de cuatro opositores, ha renunciado a ampliar a Interpol las pruebas obtenidas durante los tres años de investigación judicial, evidencias que esta organización reclama para tramitar las órdenes internaciones de detención (OID) dictadas por su juzgado por delitos de terrorismo.

Interpol, organización que agrupa a 196 países, ha remitido al magistrado una petición de ampliación de información, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, por la que le pide que antes del pasado 30 de noviembre amplíe la información sobre este caso “para evitar que su expediente sea eliminado”. El organismo policial ofreció al magistrado que pidiera una moratoria en el plazo para enviar la información, pero la respuesta del juez, el pasado 6 de noviembre, al día siguiente de recibir la petición, ha sido una escueta providencia sin ningún dato.

“El rol juzgado por Carmelo Ovono Obiang [hijo del dictador y director de Seguridad Exterior], Nicolás Obama Nchama, ministro del Interior, e Isaac Nguema Ondo, director general de Seguridad de la Presidencia, es la que se recoge en las correspondientes OID libradas”, dice su respuesta. Es decir, ni pidió un alargamiento del plazo que se le ofrecía, ni amplió la información que se le requiere aun a riesgo de que las tres órdenes, ahora suspendidas temporalmente, no se lleguen a librar.

Numerosas pruebas

La causa cuenta con numerosas pruebas e informes policiales que implican directamente a los tres investigados, entre ellas los testimonios de los propios secuestrados y torturados en una cárcel de Guinea Ecuatorial. Uno de ellos, el ecuatoguineano español Julio Obama, falleció en circunstancias que no han sido aclaradas. Todos residían en Madrid y viajaron engañados en 2019 a Yuba (capital de Sudán del Sur) donde tras ser detenidos los llevaron en un avión presidencial de Teodoro Obiang hasta la antigua colonia española.

La nota de Interpol señala que las OID fueron tramitadas el pasado 28 de febrero, pero que dos días después la Secretaría General de ese organismo recibió una solicitud de ampliación de información para verificar su conformidad con el Estatuto de esta organización. Las reglas de Interpol, con sede en Lyon (Francia), establecen esta clase de comprobaciones para evitar casos de persecución política.

La organización policial destaca que han comprobado que las órdenes afectan “a tres individuos que ocupan cargos oficiales de alto rango en el actual Gobierno de Guinea Ecuatorial” y pide más información sobre su relación con los hechos investigados. “¿Podría proporcionarnos información adicional sobre el rol juzgado individualmente por cada sujeto en la presunta comisión de los hechos e incluir detalles acerca de las actividades concretas que se les imputan?”, le piden al juez. Las órdenes dictadas por el Juzgado señalan a los tres investigados por delitos de secuestro con fines terroristas, detenciones ilegales, torturas y contra la integridad moral, desaparición forzada de personas y lesa humanidad.

El escrito de Interpol incide en la fecha límite del pasado 30 de noviembre, a la espera de una respuesta con la ampliación requerida, y añade que “entre tanto, la solicitud (dictada por el juzgado) no se verá en el sistema y la información no se pondrá a disposición de los países miembros”. También, pregunta al juez sobre el paradero de los tres ininvestigados, lo que Pedraz responde que se desconoce.

Rebeldía

La representación de los familiares de las víctimas ha recurrido en reforma la decisión del magistrado y asegura que la actitud del juez instructor conllevará el archivo de las órdenes de detención solicitadas por la Sala de lo Penal, así como que España quede cuestionada ante Interpol por falta de colaboración. Los querellantes argumentan que la información trasladada a Interpol en la OID es “muy exigua y limitada hasta el punto de que no se resaltan las evidencias que existen en la causa contra los investigados, ni siquiera el hecho de que no comparecieron voluntariamente a declarar cuando se les facilitó una videoconferencia en sus hogares”. Desde entonces están en rebeldía y prófugos de la Justicia española. Pedraz ha rechazado este recurso en un auto en el que señala que “no se precisan evidencias ni tampoco un relato tan amplio como pretende el recurrente”.

El juez se negó en tres ocasiones a dictar a Interpol la orden de búsqueda y captura que le reclamaban el fiscal Vicente González Mota y los familiares de las víctimas. Solo lo hizo, el pasado mes de febrero, obligado por los tres magistrados de la Sala de lo Penal que atendieron el recurso presentado por el abogado de los querellantes. La orden lleva la firma de Francisco de Jorge, el juez sustituto, porque en esa semana Pedraz se ausentó de permiso. De Jorge decretó también la prisión para el hijo del autócrata.

El auto de la Sala de lo Penal destacó que los tres investigados se encuentran en rebeldía pese a habérseles facilitado la posibilidad de declarar por videoconferencia. Antes habían logrado evitar su declaración alegando “compromisos públicos” que les impedían viajar a España. Sobre la ausencia de indicios contra el hijo de Obiang, la Sala concluyó que la causa ha aportado durante más de dos años datos suficientes “que apuntan a su posible implicación” en los hechos.

La resistencia de Pedraz a dictar la detención internacional del hijo del dictador ha sido el culmen de una instrucción plagada de decisiones que medios jurídicos califican de “sorprendentes” y de continuos varapalos de la Sala de lo Penal que ha atendido todos los recursos presentados por los querellantes, a los que siempre se ha adherido la fiscalía.

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