La Audiencia Nacional anula la cesión de Pedraz a Guinea Ecuatorial del caso de torturas contra el hijo de Obiang

Nuevo varapalo de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al juez Santiago Pedraz en la instrucción del caso contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del presidente Teodoro Obiang Nguema por el secuestro y torturas de cuatro opositores guineanos residentes en España, uno de ellos fallecido hace un año en circunstancias no aclaradas. Los magistrados han admitido el recurso presentado por la representación de las víctimas contra la decisión de Pedraz de ceder la jurisdicción del caso a los tribunales de la antigua colonia española.

Los tres jueces que conforman la sala han dictado un auto en el que señalan que el magistrado no tiene capacidad para ceder la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial y que la única competente para cederla, en todo caso, sería la propia sala. El auto, al que ha tenido acceso El PAÍS, reprocha al juez que “difícilmente se puede ceder algo de lo que se carece”, ya que la jurisdicción solo podría cederse en el marco de un tratado internacional que España no tiene con ese país. El ponente de la resolución es Fernando Andreu, junto a Ana Revuelta y Javier Ballesteros.

El magistrado de la Audiencia Nacional dio por verosímil la supuesta investigación por los mismos hechos abierta por las autoridades de ese país contra el hijo de Obiang, secretario de Estado de la Presidencia, y los dos altos cargos del Gobierno guineano, y acordó remitir todas las diligencias previas del caso a la Corte Suprema de Justicia de la antigua colonia española. Una decisión que recurrió en apelación a la sala el fiscal Vicente González Mota y los familiares de los secuestrados, dos de ellos españoles.

Cuarto varapalo

La decisión de la Sala de lo Penal es el cuarto varapalo que recibe el juez Pedraz por parte del órgano de los jueces que fiscaliza la labor de los magistrados de instrucción. Los autos del instructor han sido cuestionados y rechazados en todas las ocasiones en las que el fiscal y la representación de los querellantes, los familiares de las víctimas, han presentado recursos de apelación. La última, cuando la sala acordó dictar orden de búsqueda y captura internacional contra los tres investigados: Carmelo Ovono Obiang, el ministro del Interior, Nicolás Obama, e Isaac Nguema Endo, director de Seguridad. La cúpula del Ministerio del Interior de la antigua colonia española al completo.

Pedraz se había negado hasta en tres ocasiones a pedir a Interpol su localización, detención e ingreso en prisión que exigen desde hace un año la Fiscalía y los querellantes. También, cuando los tres altos cargos guineanos dieron plantón al juez y no acudieron a declarar por videoconferencia. Antes consiguieron evitar su declaración presencial alegando “compromisos públicos” que les impedían viajar. Argumento que aceptó el magistrado para citarles por videoconferencia. Pero la esperada declaración de rebeldía nunca llegó y tuvo que ser la sala la que los declarara en rebeldía y reprochara al juez no haber expuesto en sus providencias ningún motivo razonado por el que decidió no librar las órdenes de búsqueda y captura del hijo del dictador y de los otros dos altos cargos de su Gobierno.

Anteriormente, la misma sala rectificó, también, al juez Pedraz y le obligó a convertir sus diligencias previas en sumario ordinario. Una decisión relevante porque de esta manera solo son competentes los magistrados de este organismo para archivar la causa. Esta decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se adoptó el mismo día en que Pedraz resolvió ceder la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial dando por buena una supuesta investigación abierta por los mismos hechos en la antigua colonia española contra la cúpula de seguridad del país africano.

El pasado mes de septiembre, los tres magistrados de este organismo ordenaron a Pedraz que se investigue el origen de los 793.000 euros que Carmelo Ovono Obiang, ingresó en billetes de 200 y 500 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. Cuenta cerrada por el banco después de las advertencias de su servicio de Cumplimiento. Los magistrados pidieron que se indague el uso y procedencia de este dinero por si sirvió “de herramienta imprescindible” para financiar el espionaje, secuestro y torturas a los cuatro opositores al régimen del dictador residentes en España. Para Pedraz, en cambio, no hay indicios de blanqueo en estos movimientos de dinero y en su auto de archivo, pese a la orden recibida, volvió a defender la misma tesis. El juez afirma que no existen indicios de que hubiera sido empleado para vigilar, engañar y secuestrar a las víctimas. Y afirma que el espionaje, acreditado por la Policía, de 15 detectives a los opositores del régimen de Obiang no es delito.

Pero la decisión más polémica de Pedraz fue su renuncia, el 29 diciembre de 2022, a detener al hijo de Obiang al que la policía investigaba en secreto y por orden suya desde hacía dos años. Una investigación en la que las providencias del juez destacaban la importancia y exigencia del sigilo y secreto para que el hijo del dictador no descubriera que estaba siendo monitorizado por delitos de terrorismo y lesa humanidad.

Carmelo Ovono Obiang, de 44 años, con residencia, propiedades y sociedades en España, no ha vuelto a pisar suelo español desde que ese día el juez Pedraz ordenó a la Policía que le entregaran la querella que se estaba tramitando contra él. El hijo de Obiang, que dormía en un céntrico hotel de Madrid, tomó un avión a Malabo esa misma madrugada y desapareció. Dos semanas antes, el magistrado había ordenado a los agentes que lo detuvieran en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde un operativo policial le aguardaba, le trasladaran a la Audiencia Nacional y requisaran su teléfono móvil y aparatos electrónicos. En esa ocasión, el responsable de la Inteligencia en el exterior de Guinea Ecuatorial cambió sus planes de viaje y no apareció. Pocos días después de la marcha de Ovono Obiang falleció Julio Obama, de 61, uno de los secuestrados, en circunstancias no aclaradas.

Pedraz no ha explicado en sus autos y providencias ese cambio de criterio que causó malestar en los agentes de la Comisaría General de Información que investigan el caso. La defensa de los tres investigados la representa Javier Gómez Bermúdez, exjuez de la Audiencia Nacional, y excompañero del instructor de la causa.

Juez y parte

La máxima autoridad judicial en Guinea Ecuatorial la ostenta el presidente Teodoro Obiang Nguema, padre del principal investigado en la Audiencia Nacional. En su condición de jefe de Estado, el autócrata es también presidente del Consejo Superior del Poder Judicial. La Constitución ecuatoguineana le atribuye, además, la potestad de nombrar y separar del cargo al fiscal general de la república de la Corte Suprema guineana . En el denominado caso de los bienes mal adquiridos abierto en Francia contra su hijo Teodorín, hoy vicepresidente, se empleó la misma táctica. Los jueces de ese país no admitieron el engaño y fue juzgado y condenado en ausencia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales. Se le confiscaron todos sus bienes en Francia.