Muere uno de los opositores españoles a Obiang preso en una cárcel de Guinea Ecuatorial

Julio Obama Mefuman, de 61 años, ciudadano español, opositor del régimen de Teodoro Obiang Nguema, preso en una cárcel de Guinea Ecuatorial desde 2020, ha muerto en un hospital de Mongomo, según confirmaron a EL PAÍS fuentes oficiales españolas. Obama fue secuestrado y torturado por altos funcionarios de ese país, según una investigación judicial de la Audiencia Nacional.

La muerte de Obama se ha producido días después de que trascendiera que la justicia española investiga, por el secuestro y torturas del fallecido y de otros tres opositores, a Carmelo Ovono Obiang —uno de los hijos del presidente—, secretario de Estado de la Presidencia y jefe del Servicio Secreto en el exterior, al ministro de Estado, Nicolás Obama Nchama, responsable de la seguridad Interior; y a Isaac Ngmea Endo, director general de la Seguridad Presidencial.

Dos testigos protegidos que han prestado declaración en la causa, un exfuncionario de la prisión que ha logrado huir del país, y los propios presos, afirman que los tres altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial participaron en las reiteradas sesiones de tortura a las que fueron sometidos meses antes de que se les juzgara por un supuesto golpe de Estado en el que Obama fue condenado a 60 años de cárcel.

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Los acusados de conspirar contra Obiang piden clemencia al final del juicio

Según la información que el Ministerio de Exteriores de Guinea Ecuatorial ha facilitado a la Embajada de España en Malabo, Julio Obama ingresó el 23 de diciembre en el hospital de Mongomo, donde ha fallecido. Fuentes oficiales españoles aseguran a este diario que la cónsul de España en Bata visitó al día siguiente al ciudadano español en este centro médico.

Testimonios de testigos presenciales afirman que Julio Obama permanecía preso en una cárcel de Mongomo en una diminuta celda subterránea, dormía en una cama de cemento, sin luz natural ni aire, era alimentado con comida en mal estado y sufría maltrato psicológico. Entre otras torturas, fue sometido a la denominada “del cocodrilo” que consiste en colgar al preso boca abajo de un largo palo con las manos y pies sujetas por grilletes para provocar la rotura de los vasos sanguíneos por el peso de su cuerpo.

La investigación judicial contra el hijo de Obiang y la cúpula del Ministerio del Interior se inició tras la presentación de una denuncia ante la Policía por los familiares de los cuatro desaparecidos secuestrados mediante engaño en 2019 en Juba (Sudán del Sur). Con Julio Obama se detuvo al español Feliciano Efa y a los ciudadanos ecuatoguineanos residentes en Madrid Martín Obiang y Bienvenido Ndong.

Los cuatro fueron llevados a Guinea Ecuatorial en el avión presidencial de Teodoro Obiang. Allí fueron juzgados sin garantías por un supuesto golpe de Estado y condenados a penas de entre 60 y 90 años de cárcel. Amnistía Internacional y Human Rights Watch ha denunciado este y otros juicios similares. Las autoridades guineanas presentaron su traslado como una extradición con el argumento de que los cuatro habían sido juzgados y condenados en ausencia, algo prohibido por el Código Penal de Guinea Ecuatorial. Durante meses las autoridades locales negaron a la Embajada de España en Malabo que estuvieran allí detenidos y posteriormente han puesto toda clase de dificultades para que recibieran la asistencia consular debida.

Tras la denuncia por su desaparición, la Fiscalía abrió unas diligencias y posteriormente el Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE3R), al que pertenecen los secuestrados, presentó una querella en la Audiencia Nacional que se unió a las anteriores diligencias y fue admitida a trámite por el Juzgado Central Número 5 de la Audiencia, que dirige Santiago Pedraz.

Después de un año de investigación, la Comisaría General de Información de la Policía asegura, basándose en los testimonios de dos testigos protegidos y en otras evidencias, que el secuestro de estas cuatro personas fue ordenado y dirigido por los tres altos funcionarios del Gobierno guineano. Los tres están siendo investigados por un delito de secuestro con finalidad terrorista y torturas. Carmelo Ovono Obiang y Nicolás Obama, tienen residencia, propiedades y familia en España. Isaac Ngema viaja con frecuencia a España.

La Policía afirma en sus informes que ha descubierto en este caso un patrón común con otros secuestros ocurridos en otros ocho países de África a los que viajaron mediante engaño opositores de Obiang que residían en Europa y que también fueron secuestrados, trasladados a Guinea Ecuatorial, juzgados y condenados. Los agentes han tomado declaraciones a familiares de otras víctimas y establecido un punto de conexión e información común en Interpol, donde policías de varios países están volcando sus investigaciones.

El movimiento opositor apunta a una venganza

El MLGE3R, movimiento opositor al que pertenecía Julio Obama, ha hecho público un comunicado en el que denuncia la muerte de su militante y critica al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la querella que presentó contra los altos cargos del Gobierno guineano. El 29 de diciembre, los policías que investigan el caso detectaron la presencia de Carmelo Ovono en un hotel de Madrid y pidieron al magistrado su detención inmediata. Pero Pedraz dictó un auto por el que ordenó que se levantara el secreto y se entregara al hijo de Obiang la querella para que nombrara abogado y procurador. Horas más tarde, Ovono salió del país precipitadamente en un vuelo en dirección a Guinea Ecuatorial.

Diecinueve días antes, cuando los agentes esperaban al hijo de Obiang en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el juez había dictado un auto en el que ordenaba a la Policía que “en caso de ser detectada la presencia de los mismos (los investigados) se practiquen las diligencias sean necesarias para asegurar en su caso que los mismos sean puestos a disposición judicial. Sin perjuicio de la práctica de las diligencias necesarias practicar por la unidad encargada de la investigación sobre la toma de declaraciones”. Es decir, pidió la detención policial y que se los condujera ante el juzgado. Asimismo, autorizó la petición de la Policía para que se les intervinieran sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. El ministerio fiscal, representado por Vicente González Mota, apoyó las mismas medidas tanto el día 10 como el día 29.

Durante todas las diligencias, incluso en el auto del día 10, el juez Pedraz advirtió del evidente riesgo de que los querellados se sustrajeran de la acción de la justicia. Guinea Ecuatorial no colabora con la justicia española ni contesta a las peticiones de auxilio judicial

“Ya advertimos que el regreso a Guinea Ecuatorial de Carmelo Ovono Obiang en total impunidad conllevaría una represalia contra nuestros militantes ciudadanos españoles, habiendo advertido de este punto a todas las autoridades judiciales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, sin que se haya producido ningún pronunciamiento contra el régimen de Obiang, que se pudiera anticipar a una venganza que a todas luces se produciría”. Según, el MLGE 3R, los presos españoles habrían sido supuestamente torturados, una vez más, dentro de la prisión tras conocerse la existencia de la investigación judicial de la Audiencia Nacional revelada el día 2 por EL PAÍS. El movimiento pide finalmente al Gobierno la ruptura de relaciones diplomáticas con la antigua colonia española.

Dos días después de que este diario revelara los informes policiales y la investigación judicial, el Gobierno de Guinea Ecuatorial calificó de “falsas” las informaciones y definió como “terroristas” a los cuatro secuestrados. Afirmó que el autor intelectual del supuesto falso golpe de Estado fue Juan Carlos Ondo, uno de los testigos del caso y expresidente del Tribunal Supremo de Guinea Ecuatorial. Asimismo, aseguró que el ministro de Asuntos Exteriores guineano se había reunido con el embajador de España en Malabo, Alfredo Barnuevo, para mostrarle su malestar por la iniciativa de la justicia española.