Pedraz renunció a detener al hijo de Obiang investigado por secuestro y torturas

Santiago Pedraz, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, renunció por sorpresa el 29 de diciembre a la detención en Madrid de Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y secretario de Estado de la Presidencia, investigado por el magistrado por un delito de secuestro con finalidad terrorista y torturas a dos ciudadanos españoles, opositores al régimen, que permanecen presos en una cárcel guineana.

Agentes de la Comisaría General de Información habían rodeado ese mismo día el edificio del hotel Meliá Castilla, en el número 43 de la madrileña calle del Poeta Joan Maragall, al detectar que Ovono, jefe del Servicio Secreto Exterior de Guinea Ecuatorial, se encontraba en España para pasar las vacaciones de Navidad, según señalaron fuentes de la investigación a EL PAÍS. Los policías comunicaron al juez la presencia del presunto cabecilla de la red de secuestros y pidieron la detención inmediata del hombre al que llevaban investigando en el máximo secreto, con el apoyo del juez, de la Fiscalía y de la acusación popular durante más de un año.

La espera fallida en el aeropuerto

La aparición del hijo de Obiang no pilló desprevenidos a los pocos actores que desde hacía meses seguían sus pasos. Unos días antes, el pasado 11 diciembre, el mismo operativo de vigilancia se había montado en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas al sospechar que el alto cargo del Gobierno de Obiang llegaba en un vuelo procedente del extranjero. Ovono no apareció y la puesta a disposición judicial del secretario de Estado de la Presidencia ordenada por Pedraz, en un auto de ese mismo día, no se pudo ejecutar. Pero la noche del 29 de diciembre se produjo un cambio inesperado para todos: en un nuevo auto, Pedraz ordenó a los agentes que tocaran a la puerta de la habitación del hotel Meliá donde se alojaba el principal responsable de la red de secuestros y le entregaran copia de la querella que se instruía contra él para que nombrara abogado y procurador en la causa de la que no tenía conocimiento. Las llamadas de los agentes a funcionarios de la Audiencia Nacional para preguntar si se trataba de un error no sirvieron de nada. Tampoco, el escrito del fiscal Vicente González Mota, que se reafirmaba en su anterior decisión del día 10 de que se detuviera al principal investigado del caso.

Entrega de la querella y desaparición

Los policías entregaron a Carmelo Ovono, de 44 años, la querella presentada contra él y otros dos altos cargos de la inteligencia de su Gobierno. El secretario de Estado de la Presidencia es residente en España desde 2020, está casado con una mujer española, tiene a su nombre tres viviendas, una sociedad y varias cuentas bancarias. Pero esa noche y ante la estupefacción de los agentes, les dijo que no tenía ni residencia ni arraigo en este país, según señalan fuentes de la investigación. Pocas horas después, el hijo del dictador africano abandonó apresuradamente el hotel y tomó un vuelo camino a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial. Fuentes policiales y judiciales consultadas coinciden en que una vez fuera de España será “imposible” tomarle declaración o esperar colaboración de las autoridades de la antigua colonia española. Guinea Ecuatorial no atiende a las comisiones rogatorias de auxilio judicial españolas.

¿Qué ocurrió entre el 10 de diciembre, fecha en la que Pedraz ordenó la detención de Ovono, y el 29, cuando pidió que se le entregara la querella? Este diario ha tenido acceso a todo el procedimiento judicial, llevado a cabo con el mayor sigilo para evitar precisamente que el Gobierno de Guinea Ecuatorial conociera que se investigaba a tres de sus responsables, y no ha encontrado ninguna novedad o escrito del magistrado explicando su cambio de criterio.

La marcha del hijo de Obiang impidió, también, otra de las peticiones de los agentes de la Comisaría General de Información que había sido aceptada por el fiscal y por el juez Pedraz en el auto del día 10: la intervención de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos del jefe de la Inteligencia Exterior de Guinea Ecuatorial al que en las diligencias judiciales se señala como artífice del secuestro de los ciudadanos españoles Feliciano Efa, de 44 años, Julio Obama, de 51, y de los ecuatoguineanos residentes en Madrid Martín Obiang, de 45, y Bienvenido Ndong, de 44. Todos ellos fueron secuestrados mediante engaños en Sudán del Sur el 15 de noviembre de 2019 y trasladados en el avión presidencial a Malabo, donde han sido juzgados sin garantías y condenados a penas de entre 70 y 90 años de cárcel por un presunto golpe de Estado. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Wacht han denunciado el juicio sin garantías al que fueron sometidos y califican de falsas todas las acusaciones.

El auto del juez Pedraz del 10 de diciembre decía así: “Como se deduce del informe del Ministerio Fiscal, la unidad policial caso de ser detectada la presencia de los mismos (los investigados), se practiquen las diligencias sean necesarias para asegurar que los mismos en su caso sean puestos a disposición judicial. Sin perjuicio de la práctica de las diligencias que sean necesarias practicar por la unidad encargada de la investigación sobre la toma de declaraciones”. Asimismo, el magistrado decidió entonces mantener el secreto de las actuaciones “dada la muy alta probabilidad de que los investigados no comparecieran si fueran llamados ante la autoridad judicial española, sin perjuicio de lo que resulte en caso de que no viajen a España y a los efectos de asegurar que los mismos no se sustraigan de la acción de la Justicia”. El juez ordenó un mandamiento de fianza y embargo de los bienes de Carmelo Ovono y de los otros encausados por 1.200.000 euros.

La querella del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República (MLGE3R), presentada por el letrado Aitor Martínez y admitida a trámite por la Audiencia Nacional, investiga también por los mismos delitos a Nicolás Obama Nchama, ministro responsable de la Seguridad Interior, y a Isaac Ngema Endo, director general de la Seguridad Presidencial, según reveló EL PAÍS este martes. Varios testigos protegidos y los propios secuestrados han señalado al hijo de Obiang y a los otros dos altos cargos como los autores de su secuestro y torturas en una cárcel guineana. La Policía afirma que los tres dirigen desde hace años una red internacional de secuestros en Europa y África a opositores al régimen de Teodoro Obiang.

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