Guinea Ecuatorial abre una investigación al hijo de Obiang por torturas para evitar su detención por España

El Gobierno de Guinea Ecuatorial ha notificado la apertura de una supuesta investigación judicial por torturas contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial e hijo del dictador Teodoro Obiang Nguema, según ha informado al Ministerio de Asuntos Exteriores español mediante una nota verbal —comunicación diplomática oficial— a la que ha tenido acceso EL PAÍS. La iniciativa se interpreta en medios judiciales como una “clara y burda maniobra” para sustraerlo de la justicia española y evitar que la Audiencia Nacional dicte contra él una orden de búsqueda y captura internacional que ya ha reclamado la Fiscalía.

La supuesta investigación judicial guineana contra Carmelo Obiang se extiende, también, a los dos principales cargos de la cúpula del Ministerio del Interior de ese país: Nicolás Obama, ministro del Interior, e Isaac Nguema Endo, director general de Seguridad. Los tres están imputados en España por el juez Santiago Pedraz por los delitos de secuestro y torturas de cuatro opositores, dos de ellos españoles, bajo el régimen del autócrata. Uno de ellos, Julio Obama, de 61 años, murió el 15 de enero en circunstancias que las autoridades guineanas no han aclarado.

Notas complementarias

El Ejecutivo guineano afirma en su nota verbal, fechada el 6 de marzo, que los actos de tortura se cometieron en su territorio y que “ha decidido establecer su jurisdicción e investigar estas alegaciones de tortura en base a la Convención contra la Tortura” de 21 de diciembre de 1984, ratificada por el Reino de España. Este anuncio se complementa con otra nota verbal, enviada a Exteriores el 27 de marzo, en la que Guinea Ecuatorial no reconocía la competencia española para investigar a sus ciudadanos, acusaba a los tribunales españoles de falta de colaboración y recordaba que los cuatro opositores habían sido juzgados y condenados en su país por un supuesto golpe de Estado. Al día siguiente de esa nota verbal, el hijo de Obiang y los dos altos cargos habían sido citados a declarar por el juez en la Audiencia Nacional. Ninguno de ellos compareció a la cita por videoconferencia.

Las notas verbales han sido presentadas en la Audiencia Nacional por la defensa de los querellados. El juez Pedraz, lejos de dictar una orden de búsqueda y captura internacional por la incomparecencia de los tres investigados, ha pedido a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional que acredite la existencia de la supuesta investigación judicial en Guinea Ecuatorial. Un criterio que contrasta con el del fiscal Vicente González Mota y el de las acusaciones, que ya han solicitado que se curse la orden de arresto a Interpol.

Juez y parte

Los querellados han presentado como prueba de la supuesta investigación judicial un auto de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial, fechado el 15 de febrero, en el que aparecen sus nombres como investigados por la Fiscalía de su país por detención ilegal, secuestro y torturas de los cuatro opositores. Es decir, los mismos hechos que se investigan en España.

Como instructor de este procedimiento, que opositores consultados califican de “ficticio”, figura Eliseo Mengue Nvo, el mismo que participó en la confirmación de la condena en ausencia a miembros del Movimiento por la Liberación de Guinea Ecuatorial, macrojuicio contra la oposición al autócrata en el que también fueron condenados los cuatro secuestrados y torturados. Esa vista fue denunciada por distintos organismos internacionales y por el exrelator contra la Tortura de la ONU Juan Méndez. En cualquier caso, Obiang, como jefe de Estado, es el máximo magistrado del poder judicial y además preside el Consejo Superior del Poder Judicial. La Constitución ecuatoguineana le atribuye, además, la potestad de nombrar y separar del cargo al fiscal general de la República y a sus adjuntos.

El 29 de diciembre, Pedraz cambió su criterio inicial y renunció a detener al hijo de Obiang. Aquella noche, los agentes de la Comisaría General de Información que investigaban el caso le informaron de que el jefe de la seguridad Exterior de Guinea Ecuatorial se encontraba durmiendo en un hotel de Madrid donde estaba siendo vigilado. Contra el criterio de la Fiscalía y de la representación letrada de los querellantes, el juez ordenó que se le entregara copia de la querella y que designara abogado. Esa misma madrugada, Ovono Obiang tomó un avión a Malabo. No ha vuelto a pisar suelo español.

Quince días después de la precipitada salida de España del alto cargo guineano, moría en Mongomo, localidad guineana fronteriza con Gabón, Julio Obama, de 61 años, uno de los cuatro presos secuestrados mediante engaños en Yuba, capital de Sudán del Sur, trasladados a Guinea Ecuatorial y torturados, según detalla la investigación judicial.

El 10 de diciembre, cuando los agentes aguardaban al hijo del dictador en el aeropuerto de Madrid-Barajas, Pedraz había pedido en cambio su detención policial, traslado al juzgado y que le requisaran su teléfono móvil y cualquier dispositivo electrónico.

El juez, el Gobierno español y el Parlamento Europeo han exigido, sin éxito, a las autoridades de Guinea Ecuatorial la repatriación del cadáver de Julio Obama a España para practicarle una autopsia y que “informe del estado de salud y paradero de las otras tres víctimas”. Se trata de Feliciano Efa Mangue, de 43 años, que ostenta doble nacionalidad, y de los ecuatoguineanos residentes en Madrid Martín Obiang Mbasogo, de 45, y Bienvenido Ndong Ondo, de 43. Supuestamente permanecen presos en una cárcel de Mongomo tras ser condenados por un tribunal militar a penas de entre 60 y 90 años por un supuesto golpe de Estado. Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron el juicio por falta de garantías.