La sala penal de la Audiencia ordena a Santiago Pedraz dictar orden de búsqueda y captura contra el hijo de Obiang

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado dictar orden de búsqueda y captura internacional contra Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente Teodoro Obiang, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos un español muerto en circunstancias no aclaradas. La decisión de los tres magistrados es consecuencia del recurso de apelación planteado por los querellantes, las familias de las víctimas, contra la negativa del juez Santiago Pedraz, instructor del caso, a pedir la detención de Ovono Obiang, del ministro del Interior, Nicolás Obama, y de Isaac Nguema Endo, director de Seguridad, todos investigados en España por delitos de secuestro y torturas con finalidad terrorista.

Durante la instrucción, el juez se ha negado, en varias ocasiones, a dictar la orden de búsqueda y captura internacional a Interpol que reclaman desde el pasado mes de marzo el fiscal Vicente González Mota y los querellantes. También, cuando los tres investigados le dieron plantón el pasado mes de marzo y no acudieron a prestar declaración por videoconferencia. Antes habían logrado evitar su declaración presencial alegando “compromisos públicos” que les impedían viajar. Argumento que bastó al magistrado para citarles por videoconferencia. La previsible declaración de rebeldía nunca llegó.

La decisión de la Sala de lo Penal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que los tres investigados se encuentran en situación de rebeldía pese a habérseles facilitado la posibilidad de declarar por videoconferencia. Los magistrados destacan que Pedraz no ha expuesto en ninguna de sus providencias ningún motivo razonado por el que decide no librar las órdenes de búsqueda y captura del hijo del dictador y de los otros dos altos cargos de su Gobierno.

Sobre la falta de indicios contra los tres investigados que argumentó el juez instructor, la sala concluye que la causa ha aportado durante más de dos años datos suficientes que “apuntan a su posible implicación” en los hechos que se indagan. Así, resaltan su posible relación con la agencia de detectives que vigiló a los cuatro secuestrados y las transferencias en la cuenta del hijo de Obiang de importantes cantidades de dinero. Sobre la competencia de Pedraz para investigar el caso, los magistrados ponen de relieve que las “propias providencias del instructor explicaron con claridad los motivos por los que indiciariamente sería competente la jurisdicción española”.

Tercer varapalo

Hace varias semanas la misma sala rectificó, también, al juez Pedraz y le obligó a convertir sus diligencias previas en sumario ordinario. Una decisión relevante porque a partir de ahora solo son competentes los magistrados de este organismo para archivar la causa. Esta decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se adoptó el mismo día en que Pedraz resolvía ceder la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial dando por buena una supuesta investigación abierta por los mismos hechos en la antigua colonia española contra la cúpula de seguridad del país africano, integrada por Ovono, el hijo del autócrata; Nicolás Obama, ministro del Interior; e Isaac Nguema Endo, director de Seguridad.

La nueva decisión de la Sala de lo Penal es el tercer varapalo que recibe el juez instructor de este caso. El pasado mes de septiembre, esta misma sala le ordenó que se investigue el origen de los 793.000 euros que Carmelo Ovono Obiang, ingresó en billetes de 200 y 500 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. Cuenta cerrada por el banco después de las advertencias de su servicio de Cumplimiento. Los magistrados piden que se indague el uso y procedencia de este dinero por si sirvió “de herramienta imprescindible” para financiar el espionaje, secuestro y torturas a los cuatro opositores al régimen del dictador residentes en España. Para Pedraz no hay indicios de blanqueo en estos movimientos de dinero y en su auto de archivo, pese a la orden recibida, volvió a defender la misma tesis. El juez afirma que no existen indicios de que hubiera sido empleado para vigilar, engañar y secuestrar a las víctimas, una de las cuales, Julio Obama, de 61 años, falleció en enero de 2022 en Guinea Ecuatorial. Y asegura que el seguimiento, acreditado por la Policía, de 15 detectives a los opositores del régimen de Obiang no es delito.

Las autoridades de la antigua colonia española se han negado a repatriar el cadáver de Obama, pese a la reclamación del juez, de sus familiares y de todos los partidos del Parlamento Europeo. Exteriores desconoce el paradero y estado de salud de los tres secuestrados y desde hace más de un año no se le ha permitido a ningún representante español visitarlos.

Tierra de por medio

Carmelo Ovono, de 44 años, con residencia, propiedades y sociedades en España, se encuentra en Malabo desde que el 29 de diciembre de 2022 el juez Pedraz ordenó a la Policía que le entregaran la querella que se estaba tramitando contra él. El hijo de Obiang, que se encontraba pernoctando en un céntrico hotel de Madrid, tomó un avión esa misma madrugada y no ha vuelto a pisar territorio español. Semanas antes, el magistrado había ordenado a los agentes que lo detuvieran en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde un operativo policial le aguardaba, le trasladaran a la Audiencia Nacional y requisaran su teléfono móvil y aparatos electrónicos. En esa ocasión, el responsable de la Inteligencia en el exterior de Guinea Ecuatorial cambió sus planes de viaje y no apareció.

Durante la instrucción del caso, Pedraz no ha explicado en sus providencias y autos ese cambio de criterio que causó malestar en los agentes de la Comisaría General de Información que investigaban en secreto este caso. La defensa de los tres investigados la representa Javier Gómez Bermúdez, exjuez de la Audiencia Nacional, y excompañero del instructor de la causa.