El juez Pedraz concluye el sumario contra el hijo de Obiang sin procesar a ninguno de los investigados

El juez Santiago Pedraz ha concluido la investigación en la causa contra Carmelo Ovono Obiang, uno de los hijos del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores guineanos residentes en España. Uno de ellos murió en circunstancias sin aclarar. La decisión del magistrado se adopta días después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le obligara a continuar con la instrucción y rechazara su decisión inicial de ceder la jurisdicción del caso a los tribunales de la antigua colonia española. Ahora será la sala de enjuiciamiento de la Audiencia Nacional la que decida si la causa es archivada definitivamente o sigue adelante.

El auto de Pedraz declara concluido el sumario pese a que existen todavía numerosas pruebas pendientes de practicar. Insiste en los argumentos que ya le revocaron los magistrados de la Audiencia Nacional y remite la causa a la Sección Tercera de lo Penal, la de enjuiciamiento, que será la que tenga la última palabra sobre el archivo o continuidad del sumario. La decisión del juez se interpreta en medios judiciales como un pulso a los magistrados de la Sección Segunda de lo Penal, que, desde que comenzó el caso, han admitido todos los recursos de la representación de las víctimas y del fiscal Vicente González Mota, revocando los autos de Pedraz.

Recientemente los tres jueces que conforman la Sala dieron un nuevo varapalo al juez al señalar que él no tenía capacidad para ceder la jurisdicción del caso a Guinea Ecuatorial, como había acordado, y que la única competente para cederla, en todo caso, sería la propia Sala. En ese auto reprochaban al juez que “difícilmente se puede ceder algo de lo que se carece”, ya que la jurisdicción solo podría cederse en el marco de un tratado internacional que España no tiene con ese país.

Este correctivo de la Sala no ha frenado a Pedraz. En su auto de conclusión del sumario, el juez instructor mantiene sus argumentos en favor de la jurisdicción de Guinea Ecuatorial e insiste en que no se ha acreditado “[ni] siquiera indiciariamente que el inter criminis (de los secuestros y torturas) hubiera comenzado en España”. Rechaza además cualquier consideración sobre la dictadura de Guinea Ecuatorial, el control del Ejecutivo de ese país sobre los tribunales y lo que eso pueda implicar en un caso en el que los principales investigados por delitos de terrorismo y lesa humanidad son un hijo de Obiang —que es, además, secretario de Estado de la Presidencia—, el ministro del Interior y el director general de Seguridad.

Pruebas sin practicar

La decisión de Pedraz de concluir la investigación se ha tomado cuando quedan todavía diligencias pendientes de practicar. Diligencias que acordó él mismo. Entre otras, declaraciones de testigos, comisiones rogatorias a varios países, informes policiales sobre la identidad de los pilotos del avión presidencial de Obiang que se empleó presuntamente para trasladar desde Sudán del Sur a Malabo a los cuatro secuestrados, o el seguimiento sobre las cuentas millonarias de Carmelo Ovono Obiang en España. El auto del juez ha ignorado, también, que quedan pendientes de resolver recursos de apelación ante la Sección Segunda de lo Penal, la que ha cuestionado la mayoría de sus decisiones.

La negativa en varias ocasiones de Pedraz a dictar orden de búsqueda y captura contra los investigados obligó a la Sala de lo Penal ha adoptar esa decisión, vigente desde hace varias semanas. El juez renunció hace dos años a detener a Carmelo Ovono Obiang, principal investigado, cuando la Policía le informó de que se encontraba durmiendo en un hotel de Madrid. Semanas antes había dictado una resolución en la que pedía su detención y comparecencia en el juzgado de la Audiencia Nacional. El magistrado no ha explicado en sus autos y providencias este cambio de actitud.

El cierre del sumario obliga ahora a la Sección Tercera de lo Penal a adoptar la decisión de revocar el auto de Pedraz —obligándole a practicar diligencias y en su caso a procesar a los investigados— o sobreseer la causa.