La Audiencia Nacional ordena investigar los 800.000 euros que el hijo de Obiang introdujo en España

La Audiencia Nacional ordena que se investigue el origen de los 793.000 euros que Carmelo Ovono Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, y secretario de Estado de la Presidencia, ingresó en billetes de 200 euros en su cuenta del BBVA en Madrid. Los magistrados piden que se indague el uso y procedencia de este dinero por si sirvió “de herramienta imprescindible” para financiar el espionaje, secuestro y torturas a cuatro opositores al régimen del dictador residentes en España.

La decisión de la Sala de lo Penal supone un varapalo al juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, que en contra del criterio del fiscal y de la acusación particular se negó a que la Policía investigara ese dinero con el argumento de que no existían indicios de que hubiera sido empleado para vigilar, engañar y secuestrar a las víctimas, una de las cuales, Julio Obama, de 61 años, falleció el pasado enero en Guinea Ecuatorial en circunstancias nunca aclaradas. Guinea Ecuatorial se ha negado a repatriar su cadáver, pese a la reclamación del juez, de sus familiares y del Parlamento Europeo.

El auto de los magistrados Ana Revuelta, Javier Ballesteros y Joaquín Delgado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que esta investigación sobre el origen del dinero es “pertinente y útil” a la vista de que parte de esos fondos se han destinado a la sociedad española Dereck Edita y Hermanos S. L. Esta mercantil es propiedad y está administrada por el hijo del autócrata, casado con una oscense, con residencia en España y viviendas en Marbella y Barcelona.

Para los jueces, estas pesquisas son “de gran trascendencia”, ya que “el investigado, titular del dinero, es el secretario de Estado encargado de la Seguridad Exterior en Guinea Ecuatorial, es decir, funcionario que trabaja para el Gobierno de Teodoro Obiang, e hijo del mismo, gobierno frente al que se oponen los miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R), reconocida como la oposición al gobierno y su régimen dictatorial”. Y la resolución apostilla que algunos integrantes de este grupo opositor “son las víctimas de este procedimiento” y “parece que se encuentran” a “merced” del régimen de Obiang. Efectivamente, tres de ellos permanecen en una cárcel guineana sin que se tenga noticias sobre su estado.

Bolsas con billetes de 200 euros

Un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la unidad de inteligencia financiera dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, describe cómo el abogado ecuatoguineano Erik Mercader Penda introdujo a través de la frontera española en cuatro viajes diferentes, todos ellos procedente de Malabo, bolsas con voluminosos paquetes donde se guardaban centenares de billetes de 200 euros. El viajero declaró que el propietario era Carmelo Ovono Obiang, alias Didi, de 44 años. La entrada con bolsas cargadas de dinero tuvo lugar en un periodo de 10 meses, entre el 22 de julio de 2021 y el 27 de mayo de 2022.

Esta cadena de ingresos en efectivo provocó que la central de BBVA, a petición de su departamento de Cumplimiento, bloqueara una de las cuentas del alto cargo guineano ante la sospecha de un posible delito de blanqueo de capitales. Ovono era controlado por este servicio del banco, ya que se trata de un PEP, en la jerga bancaria “persona políticamente expuesta”, y las bolsas de dinero hicieron saltar todas las alarmas. El banco hizo efectivo el bloqueo antes de que este diario desvelara que Pedraz investigaba en secreto al hijo del dictador, junto con el ministro de Estado, Nicolás Obama Nchama, responsable de la seguridad Interior, e Isaac Nguema Endo, director general de Seguridad, los tres implicados en el secuestro y torturas de los cuatro opositores.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta parcialmente el recurso de apelación de los querellantes, revoca la decisión del juez y pide que se traslade este informe del Sepblac a la unidad policial que investiga este caso. Abre, también, la vía a que este organismo se pronuncie sobre la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales.

En su descripción de los hechos, la magistrada y ponente del auto, Ana Revuelta, describe cómo los cuatro opositores, dos de nacionalidad española, Feliciano Efa Mangue y Julio Obama Mefuman, y los residentes legales Martin Obiang Ondo y Bienvenido Ndong Ondo, fueron secuestrados mediante engaños en Juba (Sudán del Sur), “trasladados a Guinea Ecuatorial en un avión presidencial, ingresados en celdas en Oveng Azem y sometidos a torturas, hasta el punto de que una de ellas Julio Obama, ha fallecido”. La juez señala que la Policía ha acreditado que Guinea Ecuatorial ha desplegado una sistemática operación de seguimientos y hostigamiento contra la oposición en países europeos, entre otros España. Destaca que fueron juzgados sin garantías y sometidos “a sistemáticas torturas”. Y tipifica los hechos como un delito de secuestro con finalidad terrorista.

Medios jurídicos interpretan que este auto de la Sala de lo Penal estima indirectamente la jurisdicción española para investigar el caso y puede desactivar la maniobra de Guinea Ecuatorial que ha notificado la apertura de una supuesta investigación judicial por torturas contra los tres altos cargos investigados.