El paso al lado de Manuel Marchena, el juez más influyente

Manuel Marchena era un magistrado de larga trayectoria, pero prácticamente desconocido fuera del ámbito judicial, cuando fue elegido presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en septiembre de 2014. Diez años después, es considerado el juez más influyente de España. Quizá de toda la reciente etapa democrática. El próximo jueves dejará el cargo al terminar su segundo mandato, el máximo permitido. Se quedará como magistrado, sin el poder que da presidir la sala que investiga y juzga a los aforados y que tiene la última palabra sobre los grandes casos de corrupción, pero manteniendo, según auguran quienes le tratan a diario, un enorme peso en las decisiones de ese órgano.

Parte del influjo que ha acumulado Marchena (65 años) es inherente al cargo que ha ocupado en la última década. Pero jueces, fiscales y juristas consultados coinciden en que su peso al frente de la Sala Penal y el protagonismo de esta en la agenda política se han agigantado por una mezcla de factores, entre los que destacan su ascendencia sobre el resto de magistrados y una amplia red de relaciones, tan invisible como sólida, dentro y fuera de la judicatura. Marchena, casado con una funcionaria del Estado y padre de dos hijos (una fiscal y un abogado), dice tener en el periodismo una vocación frustrada, a lo que se une una reconocida atracción por la política que le llevó incluso a matricularse en Ciencias Políticas en Madrid mientras estudiaba Derecho en Deusto, aunque lo acabó dejando porque no podía ir a clase. Estos dos intereses, periodismo y política, le han servido para manejarse en un puesto de alta repercusión mediática, pero donde el trabajo se hace casi siempre a la sombra.

Cuando llegó a la presidencia de la Sala Penal ya era considerado como uno de los hombres de confianza del PP en la cúpula judicial. Fiscal de carrera y nombrado jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General en tiempos de Jesús Cardenal, se convirtió en magistrado del Supremo en 2007 por el turno reservado a juristas de reconocida competencia. La formación conservadora lo propuso en 2013 para dirigir el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Supremo, pero el PSOE se negó. Cinco años después los socialistas sí aceptaron su nombre para ese puesto a cambio de que el bloque progresista tuviera dos vocales más que el conservador. “Marchena no va a necesitar ni un pleno para darle la vuelta a esa mayoría”, advertían entonces algunos magistrados del Supremo, en referencia al poder de convicción y persuasión que casi todos le atribuyen.

Marchena renunció después de que se difundiera un whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se jactaba de que, con ese acuerdo, los populares seguirían controlando “por detrás la Sala Segunda”, donde estaba a punto de iniciarse el juicio a los líderes del procés. “Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, apuntó en su carta de renuncia. Ese movimiento le privó de ocupar el cargo más alto de la cúpula judicial, pero donde difícilmente habría tenido más capacidad de influir en la política española del que ha gozado al frente de la Sala Penal.

El juicio y la sentencia del ‘procés’

La vista del procés, retransmitida íntegramente en directo y presidida por él, le dio a conocer al gran público. Y la sentencia que vino después resume, según coinciden varios juristas, algunas de las marcas de su mandato. “Hay un dominio de dogmática penal, pero también una manipulación jurídica. Todos los tribunales manipulan la ley, pero en este caso es una manipulación muy conservadora” señala Nicolás García Rivas, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, que siempre se opuso a la acusación por rebelión por la que el Supremo apostó durante la instrucción del caso y que se desvaneció en la sentencia. Ante la falta de consenso para una condena por rebelión, el tribunal acabó inclinándose por la sedición ―un delito con penas elevadas, pero menos―, para lo cual armó una tesis ―el referéndum unilateral fue un mero “señuelo” para movilizar a la población― que dejó descolocado no solo al entorno secesionista, sino también a sus opuestos.

“Tiene una enorme capacidad de trabajo y profundísimo conocimiento de la materia”, señala otro penalista, que prefiere no dar su nombre y que apunta a otro rasgo que, en su opinión, resulta decisivo para que, salvo excepciones, casi todas las resoluciones de calado de la Sala Penal en los últimos años hayan salido adelante por unanimidad, lo que ha dado consistencia a decisiones controvertidas: “Es un líder. Me asombra cómo consigue llevarse a su terreno a los más moderados. Ha logrado uniformar mucho la línea de la Sala Segunda”. A esta situación ha contribuido el carisma de Marchena, pero también los cambios en la composición de ese órgano que, con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dominado hasta julio pasado por vocales propuestos por el PP, han dado como resultado una sala más conservadora. Solo cuatro de sus 15 miembros actuales son de tendencia progresista.

La búsqueda de consenso es una de las máximas de Marchena, sobre todo en aquellos casos que sabe que van a ser más cuestionados desde fuera. Así salieron también adelante sin oposición los informes contrarios a indultar a los condenados del procés, en los que el tribunal calificó de “solución inaceptable” la medida de gracia para los líderes independentistas. Este dictamen no era vinculante, por lo que el Gobierno pudo aprobar los indultos. Sin embargo, otras decisiones del Supremo sí que han dinamitado varias iniciativas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la rebaja de penas o la concesión de la amnistía para todos los condenados por malversación en el procés.

Críticas por decisiones de impacto político

Estas decisiones, junto a otras como la retirada del escaño del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, han alimentado las críticas hacia el Supremo por parte de los socios de investidura del PSOE, para quienes el tribunal se ha convertido en un operador político contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus aliados. La sala presidida por Marchena desactivó políticamente al independentismo, hirió al socio minoritario del Gobierno privando del escaño al que fuera su secretario de Organización y ahora investiga al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de un correo electrónico que desmontaba una mentira difundida por el entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas han mantenido hasta ahora en público su defensa a la independencia del Supremo, aunque en privado algunos dirigentes han admitido su malestar por algunas de estas resoluciones.

La causa abierta a Álvaro García Ortiz, también por unanimidad de los cinco magistrados que debatieron su admisión, es el último frente por el que se ha señalado al Supremo como un agente político contra el Gobierno. El tribunal presidido por Marchena no ha logrado un acuerdo unánime para encausarle por la difusión de la nota de prensa que provocó la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña e imputado por fraude fiscal. Pero, en su defecto, ha consensuado una vía para seguir adelante con la investigación que causó sorpresa incluso dentro del Supremo: la supuesta filtración de un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía para proponer un pacto que le librara de la cárcel.

Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, comparte esa sensación. “Como jurista, la sala me merece todo el respeto y su presidente, también. Pero las últimas decisiones sobre la malversación de la amnistía o el fiscal general me parecen francamente preocupantes y carentes de fundamento. No me las explico”, admite.

La pugna entre la Sala Segunda del Supremo con el Gobierno, sobre todo cuando lo ha presidido el PSOE, no es nueva, y algunos juristas consultados citan casos como los GAL o Filesa. Pero la mayoría coincide en que ese choque nunca fue tan intenso como lo ha sido en los últimos años, aunque tampoco era tan fuerte como ahora el enconamiento político.

De esta situación suelen quejarse miembros de la sala, donde está extendida la sensación de que la polarización de la sociedad española se proyecta en las críticas a su trabajo, con una híperexposición pública. Los magistrados consideran injustas las críticas que explican sus resoluciones en clave política. Y, sobre todo, se quejan de que se saquen conclusiones precipitadas sobre decisiones de enjundia jurídica que exigen un amplio conocimiento de la materia. “Se pasa del debate sobre la crisis del Real Madrid a una opinión jurídica sobre una sentencia de 500 folios”, lamentaba recientemente un miembro del tribunal.

El Supremo ha plasmado en algunas resoluciones en los últimos años sus quejas hacia la judicialización de la política y ha llegado a cuestionar el papel de las acusaciones populares ejercidas por organizaciones -en su mayoría de clara tendencia conservadora e incluso ultraderechista- que están detrás de muchas de las querellas que llegan a la mesa de la Sala Penal. La sala reivindica su independencia porque se han archivado querellas contra líderes de todos los partidos, desde Pablo Iglesias e Ione Belarra a Pedro Sánchez o Pablo Casado.

La repercusión del fin del mandato de Marchena será mayor o menor según quién le suceda, apuntan magistrados consultados, a la espera de que el CGPJ elija entre los dos aspirantes: Andrés Martínez Arrieta, considerado moderado, o Ana Ferrer, de tendencia progresista y que ha suscrito votos particulares contrarios a algunas de las decisiones recientes de más impacto, como la condena por malversación al expresidente andaluz José Antonio Griñán o la negativa a aplicar la amnistía por ese mismo delito a los líderes del procés. Marchena ha transmitido a su entorno que su intención es quedarse en la sala los siete años que restan hasta su jubilación. Ni aspira a ir al Tribunal Constitucional, donde algunos le sitúan, ni a dar el salto a la Abogacía, una salida frecuente en magistrados del Supremo. “Estará en segundo plano, pero seguirá influyendo mucho porque sobresale”, augura un magistrado del tribunal.