La consejera andaluza de Salud se ampara en la pandemia para eludir los informes desfavorables de la Intervención sobre los contratos de emergencia

Los tres últimos interventores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla por prevaricación en relación a los contratos de emergencia suscritos con empresas privadas entre 2020 y 2024, pero el Gobierno andaluz mantiene que “hizo lo que tenía que hacer”, avalado por informes jurídicos, para dar repuesta “a la situación de crisis sanitaria originada por el covid”, que provocó la muerte de más de 15.000 personas en Andalucía. Esa ha sido la respuesta que la consejera de Salud, Rocío Hernández, ha dado este miércoles en el pleno del Parlamento andaluz en una comparecencia en la que le han llovido las críticas de la oposición que considera que hay un caso de corrupción.

Hernández se ha atenido a la cronología de la pandemia para defender los contratos de emergencia suscritos por el SAS desde marzo de 2020 hasta el 17 de mayo de 2023, dos meses antes de que el Gobierno central decretara la finalización total de las restricciones sanitarias por la pandemia. La versión de la consejera de Salud, que apenas lleva cuatro meses en el cargo, contrasta con los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre estos contratos excepcionales.

El máximo órgano fiscalizador de la Junta alertaba de que las contrataciones de emergencia y las prórrogas que se realizaron en ese período contravinieron la Ley de Contratación Pública al no estar justificadas y, en el caso de las adjudicaciones a dedo realizadas a lo largo de 2021, se advierte de que el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2000 que las amparaba ya no estaba vigente y que la incidencia de la pandemia estaba entonces “muy atemperada”. La Intervención en sus informes de 2020 y 2021 también advirtió de que el abuso de esos contratos provocó “situaciones de riesgo” en el gasto público porque, al no tramitarse por el procedimiento de libre concurrencia, no se pudieron comprobar las condiciones de solvencia, aptitud o capacidad de los adjudicatarios. En muchas de esas adjudicaciones también se pone de manifiesto que “ni tan siquiera consta la tramitación del procedimiento previsto” para los contratos de emergencia.

Hernández ha defendido la bondad de los contratos de emergencia, más allá de mayo de 2021, cuando el Gobierno central dictó que ya no se podía utilizar esta vía rápida porque el decreto que lo permitía se derogó. La versión de la consejera de Salud es que esas adjudicaciones a dedo, sin publicidad y sin libre concurrencia competitiva, respondieron al “hecho irrebatible de atender a la población y a la salud” y que “la pandemia exigió reinventarse para seguir prestando asistencia no solo los pacientes covid sino al de otras patologías”.

El Gobierno andaluz ha preferido que sea la responsable de Salud y no la de Hacienda la que dé explicaciones en el Parlamento, aún cuando la Intervención General depende del departamento que dirige Carolina España. La oposición ha pedido responsabilidades políticas y se ha quejado de que la Mesa del Parlamento haya impedido, al menos de momento, un debate general sobre el asunto que implica propuestas de resolución. Tampoco ha prosperado la petición de una comisión de investigación.

“No queríamos que viniera usted, sino el presidente de la Junta o la consejera de Hacienda. La han dejado a los pies de los caballos”, ha dicho el diputado socialista Rafael Márquez, que es quien ha coordinado la querella presentada por los 30 parlamentarios del PSOE en los juzgados. “Este ‘modus operandi’ se ha mantenido durante años con la contratación a dedo”, ha dicho Márquez, que ha leído párrafos de los informes de la Intervención General de los años 22 y 23 repletos de reparos a una contratación sobre la que ahora decidirá el juez y la Fiscalía Anticorrupción si, además de irregularidades administrativas, hay infracción penal. Los informes destacan que los contratos se dieron prescindiendo de procedimiento administrativos.

“Toda la contratación del SAS está viciado y se podía haber evitado si el Consejo de Gobierno de octubre de 2020 no hubiera quitado el control previo de los contratos”, ha dicho Márquez. Este ha sido uno de lo pocos alegatos que le han hecho los grupos de la oposición a los que ha respondido la consejera en su turno de cierre del debate. Hernández ha defendido el control a posteriori de los contratos porque, según ella, permite una mayor vigilancia sobre el gasto.

Antes, la portavoz de Vox, Cristina Jiménez, ha acusado al Gobierno andaluz de “saltarse a la torera” el decreto que suspendía los contratos rápidos con motivo del covid. “Están en cueros vivos, asignando millones de euros saltándose de la fiscalización previa y la concurrencia previa”. Desde Por Andalucía, su portavoz, Inma Nieto, no ha dudado en calificar de “prácticas corruptas” la gestión sanitaria del Gobierno que preside Juan Manuel Moreno y le ha pedido a la consejera de Salud que “no abuse de la crisis de la pandemia para justificar lo injustificable”. También ha acusado al Ejecutivo de “desvergüenza” por no asumir la responsabilidad política. Para la portavoz del grupo Mixto-Adelante Andalucía, Maribel Mora, tampoco hay duda de que los contratos de emergencia es un caso de “corrupción”.

Frente al tono sobrio y pausado de la consejera de Salud, la portavoz del PP, Beatriz Jurado, ha subido a la tribuna como un torbellino y a voces ha defendido la gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno. En su opinión, la denuncia socialista responde a “una causa política” para desgastar al Ejecutivo de Moreno y con la intención de “tapar que no cabe ni un corrupto más” en el PSOE.

Respaldo a la actual gerente del SAS, imputada

Frente al tono sobrio y pausado de la consejera de Salud, la portavoz del PP, Beatriz Jurado, ha subido a la tribuna como un torbellino y a voces ha defendido la gestión del Gobierno de Juan Manuel Moreno. En su opinión, la denuncia socialista responde a “una causa política” para desgastar al Ejecutivo de Moreno y con la intención de “tapar que no cabe ni un corrupto más” en el PSOE.

Más allá de explicar el cambio en el sistema de control de los contratos del SAS —una modificación que se por acuerdo del Consejo de Gobierno el 6 de octubre de 2020 y a la que la Intervención alude en todos los informes sobre la contratación de emergencia―, Hernández se ha limitado a manifestar que la actual gerente del SAS, Valle García Sánchez, imputada en la causa con sus dos antecesores en ese cargo, cuenta con “su total confianza”. Para ilustrar su validez como gestora, la consejera ha enumerado su curriculum profesional y al frente del Hospital Reina Sofía de Córdoba. En este sentido, la titular de Salud sigue la estrategia de la Junta de defender a la actual gerente, evitando respaldar a sus predecesores, Miguel Ángel Guzmán -que ya metió al Gobierno andaluz en otra polémica al aceptar un cargo en la aseguradora Asisa a los pocos meses de dejar su cargo como vicesonsejero, un fichaje que tuvo que paralizar la propia administración- y Diego Vargas, pese a que este último sigue formando parte de la Consejería de Salud en virtud de su actual cargo como director gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

También ha negado Hernández que las adendas a los contratos de emergencia, firmadas en 2024 por la actual gerente y motivo por el que está siendo investigada, supusieran una ampliación de esas adjudicaciones o un incremento de su montante —pese a que en ocho de las nueve que autorizaron entonces sí se estipula un incremento de las cantidades―. La consejera ha querido incidir en que los contratos de emergencias alcanzaron el 25,5% del total de contratos en 2020; del 11,17% en 2021; del 3,4% en 2022; y del 0,9% en 2023, para después dedicar la mayor parte de su intervención final a enumerar lo que está haciendo su consejería en estos últimos meses, destacando que gestiona un tercio del total del presupuesto de la Junta, incluido el buen ritmo de la vacunación contra la gripe. En ningún momento, sin embargo, ha dado respuesta a las preguntas de los grupos de la oposición sobre por qué el SAS siguió con una contratación de emergencia cuyo marco legal que lo amparaba estaba derogado y pese a las advertencias de la Intervención de la irregularidad de ese sistema de adjudicación.